La sorpresiva detención de un exlíder de las FARC sacude el proceso de paz en Colombia
La detención de Seuxis Hernández,
un exnegociador conocido por su alias Jesús Santrich, el lunes alimentó el temor
de muchos colombianos a que la formación no haya cortado sus lazos con el
floreciente submundo delictivo del país.
Además, provocó un intercambio de
recriminaciones entre los conservadores críticos con el proceso de paz y los
partidarios de las FARC.
Más de 100 antiguos rebeldes y
simpatizantes de las FARC se congregaron el lunes en la noche en el exterior
del protegido búnker de la fiscalía donde estaba retenido Santrich, de 51 años,
para exigir su liberación. Ondeando banderas blancas con la rosa roja que
simboliza el movimiento político de los exguerrilleros, algunos gritaron
“libertad” y denunciaron lo que calificaron de acto de sabotaje judicial del
gobierno y sus aliados estadounidenses.
Policías antimotines flanqueados
por un cañón de agua observaron la escena en silencio mientras en el interior
del complejo Santrich habría iniciado una huelga de hambre para pedir su puesta
en libertad, según su abogado.
El presidente Juan Manuel Santos
defendió la detención, que se efectuó en base a una orden emitida por Estados
Unidos, como necesaria para mantener la credibilidad de un acuerdo de paz que
la mayoría de los colombianos consideran demasiado generoso hacia unos rebeldes
responsables de atrocidades durante cinco décadas de un sangriento conflicto armado.
“No me temblará la mano para autorizarla
(la extradición)”, manifestó Santos en un discurso televisado para toda la
nación en el que intentó asegurar a los guerrilleros desmovilizados que no
tienen nada que temer siempre y cuando cumplan los compromisos firmados en el
acuerdo de paz de 2016. “Es lo que exige el pueblo colombiano. En eso no puede
haber tolerancia ni debilidad”.
Santrich, que se unió a las FARC
cuando tenía 20 años y fue ascendiendo en su jerarquía de forma gradual, fue
uno de los primeros líderes rebeldes que apostó por la paz. Acudió a Noruega en
2012 para participar en las negociaciones con el gobierno de Colombia y también
estuvo presente en el proceso que continuó durante los siguientes cuatro años
en Cuba, donde se forjó una reputación como ideólogo conservador.
Fue detenido el lunes en una
vivienda en Bogotá por la acusación de una corte federal en de Nueva York de
que conspiró con otras tres personas para enviar varias toneladas de cocaína a
Estados Unidos. El cargamento estaría valorado en 15 millones de dólares y
podría haber alcanzado los 320 millones en la calle.
Según un aviso de Interpol,
Santrich se reunió con los compradores en su casa el 2 de noviembre de 2017, un
día después de que uno de sus colaboradores entregó una muestra de cinco kilos
del producto en la recepción de un hotel de la capital colombiana. Durante el
encuentro y las negociaciones posteriores, él y sus compinches supuestamente
discutieron planes para contrabandear un cargamento de 10 toneladas a Estados
Unidos, presumiendo de tener acceso a laboratorios y aviones registrados en
Estados Unidos para producir y transportar la droga dentro de Colombia, que es
el mayor productor de cocaína del mundo.
Antes incluso de que se dieran a
conocer los detalles de su detención, los líderes de las FARC la condenaron
calificándola de revés que socavaría la confianza de los casi 7.000
guerrilleros desmovilizados en el proceso de paz.
“Este es el peor momento que puede
estar atravesando el proceso de paz”, dijo el exlíder rebelde conocido como
Iván Márquez, que fungió como jefe del equipo negociador durante las
conversaciones de paz.
La detención se produce a menos de
una semana de la visita del presidente de Estados Unidos a Bogotá.
Las autoridades estadounidenses
dudaron de la sinceridad del compromiso de los líderes guerrilleros de
abandonar el narcotráfico al entrar en política, y el año pasado nombraron a 21
sospechosos de tráfico de drogas que estaban buscados para ser extraditados y
que, de algún modo, lograron entrar a una lista de excombatientes y
simpatizantes protegidos por el acuerdo de paz.
Según los términos del tratado, los
rebeldes que depongan las armas y confiesen sus crímenes de guerra ante
tribunales especiales de paz se librarán de entrar a prisión y de la
extradición. Pero no están protegidos ante los delitos cometidos tras la firma
del pacto en diciembre de 2016.
“Los altos mandos nunca cortaron
sus lazos con la producción de cocaína que les hizo ganar miles de millones de
dólares durante la insurgencia”, dijo Douglas Farrah, profesor visitante en la
National Defense University que declaró ante el Congreso de Estados Unidos
sobre los vínculos de las FARC con la delincuencia.
“Como los adictos, simplemente no
pueden abandonar el negocio”, agregó.
Durante años, las FARC financiaron
su insurgencia aplicando un “impuesto de guerra” a la cocaína que se movía por
los territorios que controlaban. Cincuenta miembros de su estructura de mando,
entre los que no estaba Santrich, fueron acusados por Estados Unidos en 2006 de
dirigir el mayor cártel de narcotráfico del mundo.
Pero los rebeldes siempre han
negado su implicación directa en el narcotráfico y los negociadores del acuerdo
de paz calificaron en 2013 esta actividad como un “flagelo” que ha
“contaminado” el sistema financiero internacional y generó una crisis sanitaria
global. AP
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