El Gobierno panameño se desmarca de litigio de Trump por hotel en Panamá

"El Ejecutivo no tiene
posición" en este asunto, dijo a la prensa extranjera la vicepresidenta y
canciller panameña, Isabel De Saint Malo, tras informar que la Presidencia, la
Cancillería y otras instituciones recibieron una carta de los abogados de Trump
en el país centroamericano pidiéndole sus "buenos oficios" para
resolver el litigio a su favor.
En un encuentro este lunes con la
prensa extranjera acreditada en Panamá, De Saint Malo afirmó que esa
controversia "es un asunto que está en los tribunales de justicia",
por lo que la petición del bufete Britton & Iglesias, pretende empujar al
Ejecutivo panameño "a inmiscuirse en un asunto judicial".
"Sería inmiscuirnos",
sostuvo De Saint Malo, por lo que dejará en manos del sistema judicial la
resolución del caso.
Los abogados recordaron en la carta
que desde que 1983 está vigente el Tratado de Protección de Inversiones entre
EE.UU. y Panamá, que administra el Ministerio de Comercio e Industrias
panameño, y que por ello el Ejecutivo debe velar por la inversión de Trump.
Pero la canciller insistió que
"es un asunto que está fuera del alcance del Ejecutivo" panameño.
Los abogados en Panamá de la
Organización Trump alertaron a Varela de que las "irregularidades" en
torno al desalojo de esa firma de la administración de un hotel en la capital
pueden terminar afectando al Estado, porque son una "clara violación"
al tratado de protección de inversiones vigente entre los dos países.
Así lo advirtieron los abogados de
la firma Britton & Iglesias, representantes de la Organización Trump en
Panamá, en una carta dirigida a Varela, a la vicepresidenta y canciller, Isabel
De Saint Malo, y a varios ministros, difundida hoy por el diario panameño La
Prensa.
En la misiva, los abogados piden al
jefe del Estado panameño "de manera urgente sus buenos oficios en relación
a la disputa comercial del Hotel Trump ventilado ante el Órgano Judicial en la
República de Panamá".
El emblemático nombre
"Trump" fue retirado el pasado 5 de marzo luego de que un juzgado
panameño ordenó a la organización propiedad del presidente de Estados Unidos
abandonar la administración de la torre, de 70 pisos y 250.000 metros cuadrados
de construcción, que ejercía desde que fue inaugurado en 2011.
Esa orden judicial se dio luego de
que el nuevo propietario del inmueble, el fondo de capital privado Ithaca
Capital, presidido por el empresario chipriota Orestes Fintiklis, presentó el
pasado 23 de febrero en Panamá una denuncia por "usurpación", porque
empleados administrativos del hotel no le dejaron entrar.
En su misiva, los abogados de la
organización hotelera propiedad del presidente de Estados Unidos denuncia la
"celeridad excesiva e inusual al momento de recibir, decretar y practicar
la medida de secuestro" judicial del inmueble, entre otras "irregularidades",
que permitieron "incluso a cambiar el nombre del hotel", que ahora es
Bahía Grand Panamá.
"Agradecemos sus buenos
oficios a fin de evitar que estos daños le sean atribuidos ya no a la
contraparte, sino al Estado panameño por virtud de una clara violación a las
protecciones del tratado, específicamente por una denegación de justicia, en la
forma y términos en que dicha protección debe ser entendida en el arbitraje
internacional de inversiones", agrega la carta.
La Organización Trump e Ithaca
mantienen en cortes estadounidenses una ardua batalla después de que el fondo
de inversión, que adquirió la mayoría del hotel en 2017, decidió rescindir el
contrato de administración al emporio del mandatario estadounidense, que no lo
acepta. EFE
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