Con Lula entre rejas, Brasil se pregunta cómo afectará a las presidenciales de octubre su entrada en prisión
Las dudas y la confusión en torno a
su futuro llegan en un momento en que Brasil sigue profundamente dividido sobre
su condena, sobre si debería poder presentarse a los comicios y sobre si la
pesquisa anticorrupción “Autolavado”, que ha salpicado a muchos en la élite
política y empresarial del país, ha ido demasiado lejos.
Tres semanas después de la entrada
en prisión de Lula para cumplir una condena de 12 años por corrupción, los
líderes de su formación, el izquierdista Partido de los Trabajadores, siguen
insistiendo en que quien en su día fuera un popular líder será su candidato en
octubre.
Pese a que hay una opción legal que
permitiría que esto ocurriese, expertos legales y políticos apuntan que es poco
probable. Para entrar en la boleta, Lula necesitaría una avalancha de
decisiones legales favorables en un sistema judicial que es notoriamente lento.
Sin embargo, parece haber una gran
posibilidad de que el exdirigente pueda salir de prisión en los próximos seis
meses. Esto se debe a que los jueces del Supremo Tribunal Federal, que
recientemente negaron su pedido para permanecer en libertad mientras se
resuelve una apelación a su condena, están reconsiderando su interpretación de
cuándo un condenado debería comenzar a cumplir su sentencia.
“Puedo ver una situación en la que
Lula pueda estar en casa durante las elecciones presidenciales, pero no en la
boleta”, dijo Mauricio Santoro, profesor de relaciones internacionales en la
Universidad del Estado de Río de Janeiro.
Sea como fuere, Lula podría tener
una gran influencia en la votación.
Una encuesta del instituto
Datafolha publicada el 15 de abril mostró que al menos el 30% de los votantes
respaldaría a Lula, el doble que a su rival más cercano, el congresista Jair
Bolsonaro, un ex capitán del ejército que habla con nostalgia de la dictadura
militar que gobernó el país entre 1964 y 1985. Si Lula no puede presentarse a
los comicios, dos tercios de sus seguidores dijeron que votarán al candidato
que él respalde. Por el momento, el expresidente no se ha pronunciado en favor
de nadie.
Lula también enfrenta cargos por
corrupción en media docena de casos más que todavía están pendientes de juicio,
pero su interés está centrado en recuperar la libertad mientras recurre su
única condena en firme.
En 2016, el máximo tribunal del
país aprobó por un estrecho margen que cualquier condenado debería comenzar a
cumplir su sentencia tras perder la primera apelación. Lula no logró revocar la
pena en su primer recurso y, a principios de mes, los jueces del Supremo
Tribunal Federal ratificaron la decisión cuando negaron, por seis votos a favor
y cinco en contra, su petición de seguir libre durante el resto del proceso.
Ahora hay indicios de que los
magistrados podrían revisar la cuestión sobre cuándo un condenado debe ingresar
a prisión. El juez Marco Aurelio Mello, que votó a favor del pedido de Lula,
estaría planeando presentar el asunto ante el tribunal. Rosa Weber, que votó en
contra del exmandatario, dijo durante la vista del 4 de abril que si se
plantease el caso se pronunciaría en favor de cambiar la ley. Su voto sería
suficiente para modificar la decisión del tribunal sobre Lula.
Muchos brasileños interpretarían
esto como un giro importante que permitiría que Lula y otros políticos y
empresarios de alto perfil condenados por la pesquisa “Autolavado” saliesen de
prisión.
“El tribunal perdería
credibilidad”, dijo Sergio Praça, politólogo en la universidad Fundaçao Getúlio
Vargas de Río de Janeiro.
La encuesta de Datafolha, para la
que se entrevistaron a 4.194 personas en tres días y tuvo un margen de error de
más menos dos puntos porcentuales, puso de manifiesto la profunda división del
país sobre este tema. El 54% de los encuestados dijo que consideraba que la
detención de Lula era justa, mientras que el 40% se mostró en contra y el 6%
restante no contestó.
En juez Sergio Moro condenó el
pasado julio a Lula por cargos de corrupción y lavado de dinero tras hallar que
en su etapa como presidente dio contratos estatales a una constructora a cambio
de la promesa de un apartamento en primera línea de playa.
La sentencia fue ratificada en
enero, y los tres magistrados que revisaron el caso aumentaron la pena de nueve
años y medio a 12 años y un mes.
Lula puede recurrir la condena ante
dos tribunales más, el Superior Tribunal de Justicia y el Supremo Tribunal
Federal. Pero la decisión podría demorarse años, lo que haría peligrar sus
opciones de entrar en la boleta de octubre.
Según la ley brasileña, una persona
que haya perdido la primera apelación a una condena no puede aspirar a un cargo
público. Mientras el Tribunal Superior Electoral toma su decisión definitiva
sobre los candidatos, se considera poco probable que haga una excepción con
Lula, que podría ser recurrida por numerosos adversarios que no quieren
enfrentarse al exdirigente en las urnas.
Permitirle presentarse a las
elecciones “terminaría en una guerra judicial que podría debilitar la ley”,
dijo Jovacy Peter Filho, un abogado penal no relacionado con el caso del
expresidente.
Lula sigue defendiendo su
inocencia. Desde que su ingreso en un penal el 7 de abril, ha escrito cartas en
las que dice a sus seguidores que no se da por vencido.
“Sigo creyendo en el sistema judicial
así que estoy en paz”, escribió en una de ellas, agregando que estaba
“indignado, como cualquier persona inocente ante una injusticia”. AP
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