La corrupción sistémica pierde impunidad en Latinoamérica tras caso Odebrecht
Bogotá.- La corrupción sistémica en Latinoamérica ha perdido la
fuerza de su sustento, la impunidad, tras el caso Odebrecht, que durante el año
que acaba ha llevado ante la Justicia a decenas de empresarios, políticos y
gobernantes.
Los sobornos de la constructora
brasileña Odebrecht por cientos de millones de dólares ha revelado como
realidad patológica crónica la corrupta connivencia de las estructuras públicas
y privadas de poder en Latinoamérica.
La Justicia, la prensa y diversos
órganos de representación social nunca antes habían reaccionado en
Latinoamérica de manera tan conjunta y contundente ante una situación como la
suscitada por Odebrecht, quizás solo comparable al narcotráfico por su
toxicidad política, dimensión y alcance continentales.
El ejemplo más notable de magnitud
política del proceso Odebrecht es el de Perú, donde, entre otras muchas
personalidades, están implicados, investigados, acusados o encarcelados todos
los presidentes de la república que sucedieron a Alberto Fujimori (1990-2000),
quien, por cierto, cumple condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa
humanidad y corrupción.
Alejandro Toledo, inmediato sucesor
de Fujimori, se encuentra en Estados Unidos huido de la Justicia peruana, que
ha pedido su extradición bajo la acusación de haber recibido de Odebrecht un
soborno de 20 millones de dólares cuando era presidente de la república
(2001-2006).
El actual presidente peruano,
primer ministro y titular de Economía durante el mandato de Toledo, Pedro Pablo
Kunczynski, afronta un proceso de destitución en el Congreso bajo la sospecha
de haber recibido dinero de Odebrecht. Las últimas campaña electoral y gestión
presidencial de Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien sucedió a Toledo,
son objeto de investigación, si bien el mandatario, hasta ahora, no ha sido
acusado.
El sucesor de García, Ollanta
Humala (2011-2016), y su esposa, Nadine Heredia, cumplen prisión preventiva
bajo la acusación, entre otros delitos de corrupción, de haber recibido de
Odebrecht un soborno de 3 millones de dólares.
El actual vicepresidente de
Ecuador, Jorge Glas, ha sido condenado a seis años de cárcel por el delito de
haber recibido 13,5 de los más de 33 millones de dólares que Odebrecht ha
confesado destinar a sobornos en Ecuador.
La actuación ilícita de Glas
sucedió cuando ya ejercía su cargo durante la administración del expresidente
Rafael Correa (2007-2017). En Panamá, el país donde Odebrecht es el principal
contratista del Estado con inversiones que superan los 3.000 millones de
dólares desde 2006, están procesadas 68 personas por los sobornos de la
multinacional, entre ellas varios exministros y dos hijos del expresidente
Ricardo Martinelli (2009-2014).
Los hijos de Martinelli se
encuentran huidos de la Justicia, y su padre, encarcelado en EEUU a la espera
de ser extraditado a Panamá por los supuestos delitos de malversación de fondos
públicos y de realizar escuchas telefónicas ilegales.
Odebrecht ha acordado pagar al
Estado de Panamá una multa de 220 millones de dólares en 12 años por los
sobornos que ha admitido haber efectuado en ese país y colaborar con la
Justicia, a cambio de inmunidad para sus ejecutivos implicados. El actual
presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, admitió que su partido recibió dinero
de Odebrecht para sus campañas electorales, pero aseguró que fueron
“donaciones, no sobornos”.
En República Dominicana, donde
Odebrecht admitió haber pagado sobornos por 92 millones de dólares, hay 14
personas acusadas y en libertad bajo fianza, entre ellas el exministro de las
carteras de Comercio y de Economía Temistocles Montás, dirigente del Partido de
la Liberación Dominicana (PDL), actualmente en el gobierno.
En Colombia, están encarcelados a
la espera de juicio el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales y el
exsenador Otto Bula, ambos por los delitos confesos de haber recibido sobornos
de Odebrecht de 6,5 y 4,6 millones de dólares, respectivamente.
En Argentina, México, Chile y
Venezuela no han prosperado las investigaciones abiertas o denuncias realizadas
a raíz de las confesiones en Brasil de los ejecutivos de Odebrecht en esos
países.
En Brasil, el caso Odebrecht es
solo una parte del entramado judicial conocido como “Lava Jato”, que investiga
los sobornos de las principales constructoras del país para adjudicarse obras
del gigante estatal petrolero Petrobras y que ha remecido los cimientos del
poder político y económico del país.
El expresidente y dueño de la
multinacional Marcelo Odebrecht cumple condena desde 2016 a 19 años de cárcel
pero abandonó la prisión en que se encontraba el pasado 18 de diciembre para
cumplir su pena atenuada en régimen de arresto domiciliario a cambio de sus
delaciones.
Marcelo Odebrecht aseguró a la
Justicia que su empresa pagó 13 millones de dólares para gastos particulares
tras su salida del gobierno al expresidente brasileño Luiz Inácio da Silva
(2003-2010), quien ha sido condenado en primera instancia a 9 años y medio de
cárcel por delitos de corrupción. EFE
Comentarios
Publicar un comentario