La fiscal general de Venezuela quedó al borde de la destitución
El Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que realizó este martes una audiencia
preliminar para evaluar un eventual juicio contra la fiscal general, Luisa
Ortega Díaz, a pedido de un diputado oficialista, anunció que una decisión será
comunicada en cinco días, mientras la cuestionada funcionaria consideró que se
está frente a un "golpe de Estado grotesco" y el oficialismo hizo
jurar a una nueva vicefiscal para reemplazarla si prospera el proceso.
"Nos
acogemos en el lapso de cinco días para dar nuestra decisión y publicar",
dijo el presidente del TSJ, el magistrado Maikel Moreno, tras escuchar los
argumentos de los acusadores y de un defensor público, en representación de
Ortega Díaz, quien rechazó asistir porque desconoce la legitimidad de la corte
para impulsar un proceso cuya decisión está "anunciada".
El diputado
Pedro Carreño solicitó el antejuicio de mérito contra la fiscal, un proceso
para decidir si puede ser sujeta a un proceso judicial, alegando causa grave,
ya que "mintió al país" al negar que firmó un acta que avaló la
designación en diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional, entonces de mayoría
oficialista, de 13 magistrados del TSJ, reportó la agencia de noticias DPA.
Durante la
audiencia, el legislador chavista acusó a Ortega Díaz de "ponerse en
antagonismo con el Poder Judicial" y "con el Poder Ejecutivo",
después que la funcionaria recriminase al TSJ haber roto "el hilo
constitucional" y acusase al gobierno del presidente Nicolás Maduro de
practicar "terrorismo de Estado".
También el
defensor del pueblo, Tarek William Saab, acusó a la fiscal general de haber
mentido y usado falsos testimonios e injuria en contra de sus colegas para
causar daños irreparables a la institución y fue aún más allá al pedir al TSJ
que la someta a un "detector de mentiras" que determine la veracidad
de algunas afirmaciones de la todavía titular del Ministerio Público (MP),
según reprodujo la agencia EFE.
Desde su
ruptura total con el oficialismo hace más de tres meses, al empezar la ola de
protestas opositoras que ya dejó un saldo de 90 muertos según cifras del MP,
Ortega Díaz se ha vuelto una de las figuras más críticas del gobierno, que
denunció las supuestas violaciones de la Constitución por parte del Supremo y
pidió la anulación del proceso constituyente lanzado por Maduro.
"Este
proceso en mi contra es contra la institución. Es claro que el TSJ perpetrará
una nueva violación de la legislación, una violación de la última institución
que defiende la Constitución", denunció hoy la fiscal en una declaración
en el MP.
Según las
leyes, la institución encargada de designar y removerla es el Congreso, que
está controlado por una mayoría opositora.
"Esto
es un fraude procesal, vergonzoso, con el que se pretende intimidar a la
fiscal", insistió Ortega Díaz, quien consideró al intento de destitución
como un golpe de Estado más "grotesco" que el perpetrado contra el
fallecido presidente Hugo Chávez en 2002 por parte del empresario Pedro
Carmona.
La titular
del MP señaló que en caso de ser relevada "arbitrariamente" por el
TSJ, tendrá el deber de "colaborar en el restablecimiento" de la
vigencia de la Constitución junto a "todo el pueblo venezolano".
"Me
acusa el señor Carreño de caotizar el país... Quiero recordar que el caos en
este país no la ocasionó la fiscal. Que el pueblo no tenga acceso a los
alimentos, que algunos coman de la basura, de la falta de medicinas, de la
inseguridad, que no se encuentren productos de higiene personal, eso no es
responsabilidad de la fiscal... Son otros los responsables", sentenció.
En caso de
ser destituida, Ortega Díaz sería reemplazada por la ex defensora pública
Katerine Nayarith Harrington, quien fue hoy designada como vicefiscal por la
Sala Constitucional del TSJ en un acto previo al antejuicio de mérito contra la
fiscal.
La decisión
del tribunal se da un día después de que el Parlamento, controlado por la
oposición, ratificara en ese cargo a Rafael González, designado por Ortega Díaz
el 17 de abril pasado.
Harrington,
de 46 años, una de los siete funcionarios venezolanos sancionados por Estados
Unidos en 2015 por presuntas violaciones a los derechos humanos, se desempeñó
como fiscal en casos de marcadas polémicas, como el del opositor Leopoldo
López, condenado a casi 14 años de cárcel por instigar las protestas de 2014
contra el gobierno tras un cuestionado proceso. Además, fue viceministra del
Interior hasta septiembre pasado y luego defensora pública.
Desde el 1
de abril, Venezuela vive una ola de manifestaciones a favor y en contra del
gobierno, que comenzó tras la decisión del TSJ de despojar de sus funciones al
Congreso, medida que luego revocó en parte, y se vio intensificada a partir de
mayo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente impulsada por
Maduro para "pacificar" al país.
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