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miércoles, 5 de julio de 2017

La fiscal general de Venezuela quedó al borde de la destitución

Katherine Harrington.El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que realizó este martes una audiencia preliminar para evaluar un eventual juicio contra la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, a pedido de un diputado oficialista, anunció que una decisión será comunicada en cinco días, mientras la cuestionada funcionaria consideró que se está frente a un "golpe de Estado grotesco" y el oficialismo hizo jurar a una nueva vicefiscal para reemplazarla si prospera el proceso.

"Nos acogemos en el lapso de cinco días para dar nuestra decisión y publicar", dijo el presidente del TSJ, el magistrado Maikel Moreno, tras escuchar los argumentos de los acusadores y de un defensor público, en representación de Ortega Díaz, quien rechazó asistir porque desconoce la legitimidad de la corte para impulsar un proceso cuya decisión está "anunciada".

El diputado Pedro Carreño solicitó el antejuicio de mérito contra la fiscal, un proceso para decidir si puede ser sujeta a un proceso judicial, alegando causa grave, ya que "mintió al país" al negar que firmó un acta que avaló la designación en diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional, entonces de mayoría oficialista, de 13 magistrados del TSJ, reportó la agencia de noticias DPA.

Durante la audiencia, el legislador chavista acusó a Ortega Díaz de "ponerse en antagonismo con el Poder Judicial" y "con el Poder Ejecutivo", después que la funcionaria recriminase al TSJ haber roto "el hilo constitucional" y acusase al gobierno del presidente Nicolás Maduro de practicar "terrorismo de Estado".

También el defensor del pueblo, Tarek William Saab, acusó a la fiscal general de haber mentido y usado falsos testimonios e injuria en contra de sus colegas para causar daños irreparables a la institución y fue aún más allá al pedir al TSJ que la someta a un "detector de mentiras" que determine la veracidad de algunas afirmaciones de la todavía titular del Ministerio Público (MP), según reprodujo la agencia EFE.

Desde su ruptura total con el oficialismo hace más de tres meses, al empezar la ola de protestas opositoras que ya dejó un saldo de 90 muertos según cifras del MP, Ortega Díaz se ha vuelto una de las figuras más críticas del gobierno, que denunció las supuestas violaciones de la Constitución por parte del Supremo y pidió la anulación del proceso constituyente lanzado por Maduro.

"Este proceso en mi contra es contra la institución. Es claro que el TSJ perpetrará una nueva violación de la legislación, una violación de la última institución que defiende la Constitución", denunció hoy la fiscal en una declaración en el MP.

Según las leyes, la institución encargada de designar y removerla es el Congreso, que está controlado por una mayoría opositora.

"Esto es un fraude procesal, vergonzoso, con el que se pretende intimidar a la fiscal", insistió Ortega Díaz, quien consideró al intento de destitución como un golpe de Estado más "grotesco" que el perpetrado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en 2002 por parte del empresario Pedro Carmona.

La titular del MP señaló que en caso de ser relevada "arbitrariamente" por el TSJ, tendrá el deber de "colaborar en el restablecimiento" de la vigencia de la Constitución junto a "todo el pueblo venezolano".

"Me acusa el señor Carreño de caotizar el país... Quiero recordar que el caos en este país no la ocasionó la fiscal. Que el pueblo no tenga acceso a los alimentos, que algunos coman de la basura, de la falta de medicinas, de la inseguridad, que no se encuentren productos de higiene personal, eso no es responsabilidad de la fiscal... Son otros los responsables", sentenció.

En caso de ser destituida, Ortega Díaz sería reemplazada por la ex defensora pública Katerine Nayarith Harrington, quien fue hoy designada como vicefiscal por la Sala Constitucional del TSJ en un acto previo al antejuicio de mérito contra la fiscal.

La decisión del tribunal se da un día después de que el Parlamento, controlado por la oposición, ratificara en ese cargo a Rafael González, designado por Ortega Díaz el 17 de abril pasado.

Harrington, de 46 años, una de los siete funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos en 2015 por presuntas violaciones a los derechos humanos, se desempeñó como fiscal en casos de marcadas polémicas, como el del opositor Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel por instigar las protestas de 2014 contra el gobierno tras un cuestionado proceso. Además, fue viceministra del Interior hasta septiembre pasado y luego defensora pública.


Desde el 1 de abril, Venezuela vive una ola de manifestaciones a favor y en contra del gobierno, que comenzó tras la decisión del TSJ de despojar de sus funciones al Congreso, medida que luego revocó en parte, y se vio intensificada a partir de mayo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente impulsada por Maduro para "pacificar" al país.

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