CARACAS .— Al ingresar hace dos
años y medio a la Guardia Nacional de Venezuela, un joven sargento confiaba en
que su vida daría un giro que le permitiría dejar atrás la pobreza sin imaginar
que terminaría renunciando y dedicándose a cambiar neumáticos para reunir los
ingresos que le permitieran alimentar a su familia.
En este país petrolero, ni siquiera
las fuerzas armadas han logrado escapar a la crisis económica.
Agobiado por las dificultades de
mantener a su esposa embarazada y a su hijo de dos años, al delgado sargento de
21 años —que habló en condición de anonimato porque no está autorizado para
declarar— no le quedó más que sumarse a los miles de militares que abrumados
por la crisis han desertado o solicitado su baja para buscar un empleo más
rentable o migrar a otros países como lo han hecho más de dos millones de
venezolanos.
Los rigores de la crisis también
han golpeado el núcleo de los cuarteles donde se ha reducido la dieta diaria de
los uniformados, situación que obliga a muchos a llevar su propia vianda para
desayunar o almorzar, o a extender sus permisos de salida para alimentarse en
casa.
En algunas regiones, como la isla
caribeña de Margarita, ya es común ver a jóvenes militares famélicos que visten
uniformes verde oliva y caminan armados con fusiles, pero al amanecer van al
mercado municipal de Conejeros, como muchos mendigos, a pedir a los
comerciantes que les regalen verduras y frutas para poder comer.
“No sé cómo hacen mis demás
compañeros para vivir, pero si no salgo de esto me moriré de hambre”, afirmó
decepcionado el sargento al reconocer que su ingreso de unos dos dólares
mensuales ya no le alcanza para alimentar a su familia ni para pagar el
alquiler del apartamento donde reside en la ciudad central de Valencia.
Además, el joven militar admitió
que al igual que el resto de la población se ha visto golpeado por la
hiperinflación, que alcanzó en abril una tasa anualizada de 13.776% según
cálculos de congresistas opositores, y que llevó el año pasado a que seis de
cada diez venezolanos perdieran once kilogramos de peso en medio de una oleada
de pobreza que ya toca a 87% de la población, de acuerdo con un estudio de las
tres principales universidades del país.
Por ello, para completar sus ingresos,
el sargento de estatura baja y tez blanca tuvo que buscar un empleo en un
taller de reparación de neumáticos donde suele cambiar llantas en sus días de
descanso.
“Lo que ganó allí es más del doble
de lo que recibo en la Guardia Nacional”, dijo antes de asegurar que cuando
deje de lleno su puesto en la Guardia se dedicará sólo a cambiar neumáticos
para mantener a su familia.
En medio de la proliferación de
informaciones en los medios locales sobre de las detenciones de algunos altos
oficiales descontentos y de denuncias sobre la crisis que golpea a los
cuarteles, apareció a mediados de marzo el ministro de Defensa, general en jefe
Vladimir Padrino López, en un acto en Fuerte Tiuna, el mayor de la capital,
para anunciar la activación de un plan especial para atender a militares ante
las dificultades económicas.
Durante el acto, Padrino
López denunció la existencia de “intentos de división” en la fuerza
armada pero descartó que pueda darse un golpe de Estado en Venezuela. “A la
fuerza armada nacional bolivariana no la divide nadie”, sentenció.
Las acciones del alto mando por
tratar de paliar el impacto de la crisis entre los uniformados resultan
insuficientes ante los rigores de la crisis que golpea a Venezuela,
reconocieron algunos militares y sus familiares.
Sentada en un sofá en medio de la
sala de un modesto apartamento de ventanas pequeñas que son utilizadas para
colgar uniformes militares, Odalys Bermúdez, esposa de un sargento de la
Guardia Nacional, admite con resignación que tiene que hacer “milagros” para
mantener a sus cuatro hijos de cinco, seis, diez y doce años debido a que el
sueldo de su pareja no alcanza para vivir.
La delgada ama de casa de 30 años
indicó que para cubrir la alimentación y parte de los gastos de su familia debe
pedir dinero prestado y vender helados y galletas en los alrededores de su
edificio, ubicado a un lado de uno de los principales batallones militares de
la ciudad central de Maracay.
Parte de lo que se consume en los
hogares militares provienen del Comité Local de Abastecimiento y Producción
(CLAP), que vende productos subsidiados, pero la mayoría de los alimentos los
deben adquirir en los comercios privados a precios casi inalcanzables para los
bolsillos de los uniformados, dijo la mujer.
Hasta la década pasada, los
uniformados podían alimentarse sin dificultades en los cuarteles, pero la
situación cambió debido a que las raciones y la calidad de los alimentos han
mermado de manera drástica, según indicaron varios militares a la AP.
“Es dramática la situación social
dentro de la fuerza armada”, afirmó Rocío San Miguel, presidenta de la
organización local Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza
Armada, al reconocer que los militares venezolanos son los “peores pagados de
Latinoamérica” con salarios mensuales que rondan entre dos dólares en los
rangos más bajos y once o doce para generales y almirantes. En contraste, los
sueldos mensuales de países como México van desde 300 dólares en los grados
bajos hasta 6.000 dólares en los superiores, y en Colombia desde los 75 dólares
en los rangos inferiores hasta los 4.700 dólares en los
superiores.
Ante el contexto de hiperinflación
y de fuerte escasez de numerosos bienes que enfrenta Venezuela, San Miguel
indicó que los miliares también se encuentran en una situación de alta
vulnerabilidad.
Las dificultades económicas y
sociales que padecen los miembros de las fuerzas armadas han desatado en los
últimos meses retiros masivos y deserciones que se estiman en varios miles,
afirmó Hernán Castillo, especialista en temas militares y académico de la
Universidad Simón Bolívar. Según explicó, esto afecta la operatividad del grupo
debido a que muchos cargos quedan vacantes o son asumidos por militares con
menor experiencia.
Las fuerzas armadas venezolanas
están integradas por unos 150.000 uniformados, según estimaciones de analistas.
En el país sudamericano miles de militares suelen desplegarse en las calles
para planes especiales de combate a la delincuencia y represión de las
protestas callejeras, así como para vigilar centros electorales.
Al ser consultado sobre los miles
de pedidos de baja y deserciones y el impacto que eso genera en la operatividad
del Ejército, el jefe del Comando Estratégico Operacional de las fuerzas
armadas, almirante Remigio Ceballos, declaró tajante a The Associated Press:
“para nada, eso es mentira”.
Los retiros y deserciones
comenzaron a multiplicarse a raíz de las violentas protestas
antigubernamentales del año pasado en las que los militares jugaron un papel
fundamental para garantizar la permanencia en el gobierno del presidente
Nicolás Maduro, quien buscará la reelección en los comicios del próximo 20 de
mayo.
La fuerte represión de las
protestas que dejaron al menos 120 muertos y varios centenares de heridos, la
proliferación de los casos de militares implicados en casos de robos,
contrabando, asesinatos y tráficos de drogas, así como la politización de la
fuerza armada, ha exacerbado el malestar dentro de los cuarteles, reconocieron
los analistas.
Si bien es frecuente ver a Maduro
en actos públicos acompañado del alto mando militar en una muestra del sólido
respaldo a su gobierno, el abogado Alonso Medina Roa, fundador de la
organización Foro Penal Venezolano que representa algunos militares detenidos,
afirmó que hay “muchos integrantes” del Ejército que no están de acuerdo con la
manera en la que el mandatario conduce el país. Medina Roa indicó que el
descontento no sólo se expresa en las renuncias y deserciones, sino también en
reuniones privadas que han sostenido algunos oficiales y que las autoridades
han catalogado como “actos de conspiración”.
Medios locales y organizaciones
dedicadas al estudio del crimen organizado reportaron en 2017 la detención de
cerca de medio centenar de militares presuntamente implicados en hechos
delictivos. En lo que va de este año han sido apresados al menos 90 altos
oficiales y personal de tropa profesional por participar en supuestos complots
contra el gobierno, precisó el abogado que tiene a su cargo la defensa de
algunos de los detenidos.
La difícil situación económica que
enfrenta la tropa y oficiales medios contrasta con la posición de poder que
mantienen algunos altos oficiales que controlan casi la mitad de los 32
ministerios y otros organismos estatales, el principal programa estatal de
abastecimiento de alimentos y la corporación estatal Petróleos de Venezuela
S.A. (PDVSA), corazón económico del país. Algunos medios han difundido reportes
sobre altos oficiales que viven en exclusivas urbanizaciones de Caracas y
ostentan una vida de lujos que no coincide con sus ingresos.
Atrás quedó el recuerdo de mejores
años, en pleno auge de la revolución chavista a inicios de siglo, en que todos
los militares eran identificados como un grupo privilegiado a los que el
gobierno les daba, además de importantes cargos en diferentes ministerios y
empresas estatales, viviendas, vehículos y electrodomésticos con condiciones
especiales de financiamiento.
Al preguntarle al joven sargento si
ha recibido alguno de esos beneficios, el uniformado soltó una carcajada y
señaló con ironía hacia sus desgastadas botas negras: el único recurso que
tiene para transportarse al trabajo. AP
Caracas.- Un motín dentro de la Comunidad Penitenciaria Fénix,
ubicada en el estado venezolano de Lara, dejó un saldo de 10 fallecidos y al
menos 25 heridos, informaron fuentes militares y organizaciones no
gubernamentales.
