Haití vivió un año marcado por una nueva crisis política, económica y social, agudizada por las protestas callejeras
Las protestas se iniciaron en julio
pasado por un aumento en los precios de los combustibles, que el Gobierno dejó
sin efecto poco después, tras violentas manifestaciones que causaron varios
muertos.
La situación obligó a la renuncia
del entonces primer ministro, Jack Guy Lafontant, sustituido por Jean Henry
Ceant, quien asumió el cargo el 17 de septiembre.
Al asumir el puesto, Ceant se
comprometió a luchar contra la inseguridad y la corrupción, dos de los
principales males en Haití, poniendo prioridad especial a la investigación
respecto a la supuesta malversación de los fondos del programa Petrocaribe, el
acuerdo por el cual Venezuela suministra petróleo en condiciones favorables a
varios países caribeños.
Las protestas se multiplicaron a
partir de agosto para exigir al Gobierno que aclarase la gestión de
Petrocaribe, pero también un sector de la oposición aprovechó para reclamar la
salida de Moise, un empresario del banano que llegó al poder en febrero de 2017
sin experiencia previa en política.
Moise, por su lado, propuso un
diálogo, rechazado en un principio por sus opositores, quienes finalmente
acabaron aceptando la propuesta, aunque siguen presionando para su marcha,
mientras Ceant continúa el proceso de crear un Gobierno de consenso que ayude a
aliviar la crisis.
Para tratar de contrarrestar la
presión de la oposición, el Gobierno también anunció empleos para los sectores
más pobres, así como medidas para garantizar la paz y la estabilidad.
La capital del país, Puerto
Príncipe, estuvo paralizada prácticamente una semana en noviembre tras una
huelga convocada por un sector de la oposición después de una multitudinaria
movilización en contra de la corrupción, que dejó varios muertos.
Haití ha vivido un repunte de la
violencia en los últimos meses en parte debido a bandas armadas que operan en
varias zonas de la capital y que, según denuncias de la Red Nacional para la
Defensa de los Derechos Humanos de Haití (Rnddh), asesinaron a 59 personas en
noviembre en la zona de La Saline, en Puerto Príncipe.
Otro tema de preocupación para los
defensores de los derechos humanos en este país es el de las hacinadas
cárceles, donde unos 118 presos murieron entre enero y octubre a causa de
diferentes enfermedades como el sida y la tuberculosis. Mientras tanto, la
economía haitiana no termina de arrancar, con una inflación de dos dígitos, y
la Cepal, que había pronosticado un crecimiento del PIB de 2 % para este año,
lo redujo a 1,8 %.
La moneda nacional, el gourde,
pierde cada vez más su valor frente al dólar, disminuyendo el poder de compra
de la población de Haití, donde más de la mitad de los 10 millones de
habitantes sobrevive con menos de 2 dólares diarios.
La situación podría agravarse en
vista de que muchos haitianos que habían emigrado a países como Chile y Brasil
están de vuelta a la empobrecida nación debido a las restricciones migratorias.
La permanencia de miles de
haitianos en EEUU también está en peligro por la decisión de la Administración
de Donald Trump de poner fin al Programa de Estatus de Protección Temporal
(TPS), lo que afectaría a unos 60.000 haitianos.
En otro orden, Haití sufrió el 6 de
octubre de este año un sismo de magnitud 5,9, que dejó 17 muertos, destruyó 353
viviendas y provocó daños a 7.430 casas, según datos oficiales, y que hizo
recordar el terremoto de 2010, de 7 grados, que causó más de 300.000 muertes y
dejó unos 1,5 millones de damnificados. EFE
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