Danilo rechaza el pacto por contrariar interés nacional

En rueda de prensa en el Salón
Orlando Martínez del Palacio Nacional, el consultor jurídico del Poder
Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, sostuvo que el pacto tiene disposiciones que
resultan contrarias al interés nacional, y por tal razón el presidente Danilo
Medina tomó la decisión de rechazar la firma de ese acuerdo.
“Aunque el pacto no tiene carácter
vinculante por no tratarse de un tratado internacional estrictamente hablando,
su adopción generaría compromisos al Estado dominicano que podrían socavar su
capacidad para hacer valer sus normas migratorias e implementar con eficacia
las políticas migratorias que el cumplimiento de esas normas exige”, manifestó
Espinal.
El funcionario explicó que la firma
del pacto crearía compromisos internacionales que podrían limitar al país a dar
respuestas o soluciones a los problemas que ocurren en la frontera. Además, la
unión al acuerdo tendría como consecuencia innumerables cargas que podrían
“desbordar con creces los recursos del país”.
Los demás países que han decidido
no firmar el pacto son Estados Unidos, Hungría, Austria, Australia, Bulgaria,
Israel, Polonia, la República Checa e Italia. Este último prefirió enviar la
decisión al Parlamento antes de brindar una posición formal.
La semana anterior, el mandatario
había formado una Comisión Interistitucional a fin de que rinda un informe
sobre el pacto, y así el jefe de Estado pudiera decidir sobre si firmar o no.
Esa comisión estuvo encabezada por
el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, los ministros de Relaciones Exteriores,
Miguel Vargas, y de Interior y Policía, José Ramón Fadul; el consultor
jurídico, Flavio Darío Espinal, y el director de Información, Análisis y
Programación Estratégica (DIAPE), Ramón Tejada Holguín.
A continuación el texto íntegro de las declaraciones del consultor
jurídico:
Por instrucciones del señor
presidente de la República Lic. Danilo Medina Sánchez, hago pública la posición
del Gobierno dominicano sobre el Pacto Mundial para la Migración Segura,
Ordenada y Regular, el cual será conocido en la Conferencia Intergubernamental
auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a celebrarse los
días 10 y 11 de diciembre en Marrakech, Marruecos.
La iniciativa de trabajar un pacto
migratorio está contenida en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y
los Migrantes adoptada el 19 de septiembre de 2016 por los estados miembros de
la ONU en la Asamblea General de ese año como respuesta a los grandes
desplazamientos de migrantes y refugiados que se estaban produciendo en
diferentes partes del mundo, especialmente desde países de África y del Medio
Oriente hacia los países europeos. La idea que motivó esa iniciativa fue el
interés de buscar una cooperación internacional amplia entre los estados
miembros para enfrentar un grave problema que impacta, y sigue impactando, a
múltiples países sin que ninguno pudiese, de manera aislada, dar respuestas
eficaces a este complejo fenómeno.
La declaración de Nueva York
definió un plan de acción con miras a crear los procesos de consulta y negociación
entre los estados miembros para arribar a la adopción del Pacto Mundial para la
Migración Segura, Ordenada y Regular.
Se trata, pues, de una iniciativa
que surgió del seno de la ONU con un apoyo inicial por parte de sus estados
miembros. Su intención es loable: procurar mecanismos de cooperación para
proteger la dignidad humana y los derechos de las personas migrantes, así como
para combatir males sociales como el racismo, la xenofobia y la discriminación.
Como país que no solo es receptor,
sino también emisor de migrantes, podemos valorar en su justa dimensión la
motivación de esta iniciativa. Nosotros queremos que cada dominicano o
dominicana que emigra en búsqueda de nuevas oportunidades pueda vivir sin estar
expuesto al abuso, al maltrato y la discriminación.
De igual manera, el Gobierno
dominicano está comprometido con una política de respeto a los derechos humanos
en relación a las personas que emigran hacia nuestro país, aunque sin renunciar
a su potestad soberana de hacer valer sus normas migratorias y de proteger sus
fronteras.
Esto explica el Plan Nacional de
Regularización Migratoria que ha sido ejemplo en nuestra región por la manera
ordenada y rigurosa como se ha llevado a cabo, el cual ha permitido que algo
más de doscientos mil migrantes hayan regularizado su condición en el
territorio dominicano acogiéndose a las diferentes categorías migratorias que
contemplan las normas legales sobre la materia. Igualmente, el Gobierno
dominicano ha fortalecido su capacidad institucional para realizar las
repatriaciones de indocumentados con debido respeto a los derechos humanos de
las personas, al tiempo que ha invertido y sigue invirtiendo cuantiosos
recursos económicos para mejorar los mecanismos de control y vigilancia de
nuestras fronteras.
No obstante, al momento de adoptar
una decisión de esta naturaleza y envergadura, el presidente Danilo Medina toma
en cuenta, por encima de cualquier otra consideración, el interés nacional a la
luz de las condiciones particulares de nuestro país. Su primera y más
importante prioridad es la seguridad y el bienestar de los dominicanos, así
como la defensa de la Constitución y las leyes.
Es sabido nacional e
internacionalmente que nuestro país tiene presiones y desafíos en materia
migratoria que transcienden una coyuntura circunstancial; son más bien la
expresión de una realidad estructural resultante de la condición prácticamente
única en el mundo de una isla con dos países que tienen desbalances enormes en
materia económica, social, medioambiental y de seguridad, lo cual requiere de
políticas y medidas que se correspondan con la naturaleza del problema que
enfrentamos.
Si bien el pacto propuesto tiene
innumerables disposiciones que son bien vistas por el Gobierno dominicano, así
como por la gran mayoría de los gobiernos alrededor del mundo, también tienen
disposiciones que resultan contrarias al interés nacional. Aunque el pacto no
tiene carácter vinculante por no tratarse de un tratado internacional
estrictamente hablando, su adopción generaría compromisos al Estado dominicano
que podrían socavar su capacidad para hacer valer sus normas migratorias e
implementar con eficacia las políticas migratorias que el cumplimiento de esas
normas exige. Igualmente, pondría cargas al Estado dominicano que, dado el contexto
particular de nuestra isla, podrían desbordar con creces nuestros recursos.
Asimismo, el pacto crearía compromisos internacionales que le impedirían al
Estado dominicano, o lo limitarían enormemente, para dar respuesta a
situaciones que puedan presentarse en nuestra frontera terrestre como resultado
de las condiciones estructurales y los procesos prolíticos y sociales que se
viven en el país vecino.
El Gobierno dominicano tiene que
responder también al sentir nacional. La adopción de un pacto de esta naturaleza,
por lo que envuelve y por las implicaciones que tiene, requiere de un consenso
básico en la sociedad dominicana que no parece existir en las actuales
circunstancias.
Por estas razones, el presidente
Medina ha impartido las instrucciones para que el Gobierno dominicano no firme
ni adopte el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.
Asimismo, el presidente Medina ha dispuesto que el Gobierno dominicano no esté
presente en la Conferencia Intergubernamental que se celebrará la próxima
semana en Marrakech, Marruecos, con el fin de aprobar y adoptar el referido
pacto.
El Gobierno dominicano comunicará
al Secretario General de las Naciones Unidas, por los canales diplomáticos
correspondientes, las razones por las cuales el Estado dominicano no firmará
este pacto atendiendo a las condiciones particulares de la República
Dominicana.
Fuente: www.listindiario.com.do
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