Situación del Aborto en República Dominicana
La República Dominicana es uno de
sólo 6 países en el mundo donde el aborto no se permite ni siquiera para salvar
la vida de la mujer. Ante la posibilidad de que esta legislación pudiera dar
paso a la despenalización por causales como parte del proceso de modificación y
actualización del Código Penal, los sectores conservadores del país, liderados
por la iglesia católica, lograron la aprobación en enero del 2010 de un
artículo constitucional que establece el derecho a la vida desde el momento de
la fecundación. En términos prácticos este artículo equivale a declarar al
cigoto persona humana, estableciendo su derecho al de la mujer adulta.
El debate sobre el aborto sigue
polarizando la opinión pública de la República Dominicana, donde esta práctica
está totalmente prohibida, aunque cada año, de manera clandestina, se realizan
miles de abortos poniendo en riesgo la vida de las mujeres, que claman por su
despenalización.
El tema del aborto lleva años en el
Congreso Nacional (bicameral), donde los legisladores no terminan de ponerse de
acuerdo, agudizando las diferencias entre los defensores de los derechos de la
mujer y los sectores conservadores.
El presidente dominicano, Danilo
Medina, ha pedido al Congreso Nacional (bicameral) en dos ocasiones
despenalizar el aborto cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer,
cuando sea resultado de violación o incesto o cuando el feto no tiene
posibilidad de sobrevivir fuera del útero.
La tasa de mortalidad materna (MM)
de 159 por 100,000 nacidos vivos estimada por la ENDESA (2007) es
desproporcionadamente alta en relación a los demás indicadores sociales del
país y no se ha reducido significativamente en la última década. Si bien la MM
se asocia fundamentalmente a problemas de calidad en la atención hospitalaria,
no hay duda que la ilegalidad del aborto contribuye significativamente a las
altas tasas que se observan en el país.
Las estadísticas oficiales sitúan
el aborto inducido como la cuarta causa de MM, atribuyéndole un 13% del total
de los casos, aunque la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia estima
la cifra real en 20%. Las condiciones de ilegalidad en que se practica el
aborto no permiten establecer estos porcentajes con certeza, como tampoco
precisar el número de abortos que se inducen anualmente en el país.
El último estimado de incidencia basado en
datos de investigación data de 1994 y situó la cifra en 82,500 abortos anuales.
El Instituto Guttmacher ajustó el estimado a 90,000 hacia finales de esa década
y algunos especialistas dominicanos han especulado que la cifra puede haber
aumentado desde entonces.
Cifra abrumadora
Sea cual sea el número real de abortos,
cuando aplicamos la tasa de 159/100,000 muertes maternas al estimado de 220,000
nacimientos anuales de la ONE obtenemos la escalofriante cifra de 350 muertes
maternas al año, que supera todas las causas de muerte bajo vigilancia
epidemiológica registradas en el país. Si aplicamos el estimado del 20% de las
MM atribuibles al aborto ofrecido por la Sociedad de Ginecología y Obstetricia,
obtenemos la cifra de 70 muertes anuales por causa del aborto ilegal en el
país. Como se sabe, la abrumadora mayoría de las muertes maternas son
prevenibles, lo que hace más urgente la necesidad de enfrentar esta
problemática con mayor determinación y eficacia. Más aún en el caso de las
muertes asociadas al aborto, dado que el procedimiento en sí presenta muy bajas
tasas de complicación cuando se realiza en condiciones médicas adecuadas.
La parte de la oposición a la
despenalización del aborto está compuesta por la iglesia tanto católica como
evangélica, parte de la población más conservadora incluyendo también a diputados
y diputadas.
La gran incógnita aquí es que, si
se está pensando en la moral o en el derecho, que son dos cosas muy distintas y
deben estar separadas. La moral es
subjetiva, y el Derecho es objetivo. La
moral es subjetiva, pertenece al sujeto, es parte de su ámbito íntimo y por
tanto cada cual tiene la suya. El Derecho, por su parte, pertenece a la
colectividad y sólo se puede manifestar en el ámbito público.
Por: Pamela Paulino
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