Rajoy disuelve el Gobierno catalán
Barcelona. En una de
las jornadas más trascendentes de la historia española reciente, el Parlamento
regional catalán votó por declarar unilateralmente la independencia el viernes,
a lo que el Gobierno central replicó de inmediato, asumiendo poderes
constitucionales especiales para impedir la secesión.
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, disolvió
el Gobierno y el Parlamento catalanes, y convocó a elecciones regionales para
el 21 de diciembre, tras la declaración de independencia en Cataluña.
La medida es parte de las acciones de emergencia aprobadas
por el Senado ante el anuncio de autodeterminación catalana.
Es posible que la destitución de los líderes encuentre una
feroz oposición en Cataluña, donde miles celebraron el viernes la declaración
de independencia.
Rajoy dijo que decidió “convocar cuanto antes esas elecciones
libres, limpias y legales que puedan restaurar la democracia en la comunidad
autónoma”.
Los nuevos poderes también le permitirían al Gobierno tomar
el control de la policía y los órganos de prensa estatales.
“Hoy el Parlamento de Cataluña ha aprobado algo que en la
opinión de una gran mayoría de personas no sólo va contra la ley sino que es un
acto delictivo”, declaró Rajoy.
La decisión del Senado, de autorizar al Gobierno a asumir el
control de Cataluña, anula el voto independentista del Parlamento regional, que
en todo caso era un acto simbólico, porque es casi seguro que el Tribunal
Constitucional lo rechazará.
Sin embargo, la lucha en torno al futuro de Cataluña dista de
estar resuelta.
El despojo de los poderes locales por Madrid probablemente
será visto por los catalanes como un acto humillante y provocador. Se ha
convocado a protestas el domingo, y los empleados del Gobierno regional podrían
aplicar un plan de desobediencia y retiro de cooperación.
Presentarán
cargos contra independentistas
Un vocero de la fiscalía dijo que se presentarán cargos de
rebelión contra los responsables del voto independentista. La ley española
castiga la rebelión con hasta 25 años de prisión, o menos si no se producen
actos de violencia. La fiscalía intenta determinar si los cargos se presentarán
solamente contra Carles Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras. AP
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