Ministra de la Juventud no se queda callada sobre «lío» con empresa que asegura tiene deuda millonaria

La ministra de la Juventud denunció hoy un intento de chantaje por parte una empresa que exige el pago de más de 6 millones de pesos al Ministerio de la Juventud.

Respuesta de ministra de la Juventud a empresa que dijo tiene que pagar más de 6 millones

A continuación el comunicado íntegro de Robiamny Balcácer enviado a los medios:

En una evidente actitud chantajista, y aprovechando el proceso de transición del Gobierno, los abogados Erick Yael Morrobel Reyes y Luis Enrique Ricardo Santana intentan obligar al Ministerio de la Juventud a pagar una suma millonaria mediante una sentencia de un caso que enfrenta a esta institución con la empresa  Inforedes Conocimiento y Alta Tecnología (ICAT), propiedad de Elby-Ramón Cabrera Herrera, proceso que se debate en los tribunales desde la anterior gestión 2012-2016, y que está en la etapa de revisión de sentencia en el Tribunal Superior Administrativo.

El presidente de la  entidad comercial Inforedes Conocimientos y Alta Tecnología (ICAT), Icatek Soluctions SRL, Elby-Ramón Cabrera Herrera y sus abogados  vienen realizando una campaña difamatoria y de intento de chantaje contra el Ministerio de la Juventud, en relación a un proceso judicial que aún está a la espera de revisión de sentencia en el Tribunal Superior Administrativo, colocando ante la opinión pública a la Ministra como la persona demandada, contrario a como se puede confirmar en la sentencia, donde la litis la lleva la institución producto de una negociación que no se realizó con la actual incumbente.

En este contexto, la entidad comercial Inforedes Conocimientos y Alta Tecnología (ICAT), Icatek Soluctions SRL, conociendo que judicialmente el caso está en proceso de revisión de la sentencia en el Tribunal Superior Administrativo, anuncia, como si fuera una realidad, un supuesto fallo en contra de la Ministra de la Juventud, con el burdo interés de presentar una acción imposible como una realidad legal, puesto que ningún fallo puede ejecutarse hasta adquirir la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada, y de paso intentar que la Ministra ceda a sus pretensiones, afectando su reputación.

El Ministerio de la Juventud desmiente que haya pagado con cheques a esta empresa, puesto que esta institución no utiliza esta forma de pago, exceptuando gastos menores por Caja Chica. Este es otro intento de difamación implementado por los abogados citados.

Para edificación de la opinión pública, el Ministerio de la Juventud aclara que este caso es contra la institución, no contra la Ministra Robiamny Balcácer, como ellos han colocado en algunos medios.  Se recuerda que este caso surge cuando las empresas Icat e Icatek presentaron unas facturas por supuestos servicios académicos prestados, en vista de un convenio firmado el 23 de julio de 2013.

Empero en los archivos de los departamentos Financiero y de Becas se determinó que el expediente estaba incompleto, por lo cual se procedió a iniciar una investigación, acorde a los procedimientos administrativos.

Con la intención de dar solución a la reclamación, tal como ha sido la práctica de esta gestión de honrar todos los compromisos económicos contraídos, y en actuación responsable con el manejo de la gestión pública, se les pidió a las empresas Icat e Icatek los soportes y documentos que sustentaran el pago por los supuestos servicios, para llevar los procesos que manda la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones del Estado y las demás legislaciones asociadas a estas actuaciones en el Gobierno.

En base al principio de Continuidad del Estado, y luego de notificada la sentencia, se llegó a un acercamiento entre las partes con el fin de gestionar el pago de la misma, pero los abogados de la parte contraria exigían que el desembolso se les hiciera a sus cuentas personales, contraviniendo los procedimientos gubernamentales para estos procesos.

En consecuencia, y en vista de que existe una oposición de pago y embargo retentivo en contra de Inforedes Conocimientos y Alta Tecnología (ICAT), Icatek Soluctions SRL, por una cesión de créditos al Banco del Progreso, el Ministerio de la Juventud se vio obligado a oponerse al pago de la supuesta deuda.

El Ministerio de la Juventud y su ministra han actuado apegados a las leyes y en defensa del patrimonio público. Nunca se ha tenido la intención de no pagar, sino que, como manda la Ley, el pago se realice en base al soporte irrefutable del servicio prestado.

El caso en cuestión está en manos de la Justicia y allí hemos acudido, para que sean los jueces quienes decidan sobre este impasse, proceso que ahora debe esperar por el fallo del Tribunal Superior Administrativo, por lo cual es improcedente cualquier acción judicial al margen de esta decisión.

Lo dice la empresa Sociedad Inforedes Conocimiento y Alta Tecnología

Según explicó la empresa, la ministra fue condenada al pago de 6 millones 726 mil 370 pesos en virtud del artículo 148 de la Constitución que establece sobre la responsabilidad civil de estos funcionarios. El caso fue conocido por el Tribunal Superior Administrativo (TSA).

“Las pesonas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica, indicó una nota de prensa.

La deuda se generó  hace más de siete años y fue informada al Ministerio formalmente por acto de alguacil el 12 de febrero del 2019,de lo que hace más de un año.

La empresa asegura que tras recibir cheques sin fondo y promesas incumplidas, fueron embargadas las cuentas de la ministra Balcácer, conforme a lo que establece la ley.

Según el comunicado, la Sociedad Inforedes Conocimiento y Alta Tecnología indicó que a pesar de que la deuda está certificada y de que le fueron notificadas las facturas, la actual ministra Robiamny Balcácer ignoró la notificación y continuó adquiriendo bienes y servicios, con lo que comprometió su responsabilidad y patrimonio personal.

El documento sostiene que “la empresa se fue a la quiebra, su gerente Elby Ramón Cabrera estuvo en prisión tras no poder honrar sus compromisos económicos porque el Ministerio de la Juventud se ha rehusado a realizarle el pago, violando varias sentencias”.