Defensa de Lula recurre condena de prisión por corrupción

El recurso, llamado técnicamente
"embargos de declaración", fue protocolizado por los abogados del
exmandatario de izquierda el último día del plazo previsto y llama la atención
sobre 38 presuntas "omisiones", "16 contradicciones" y 5
"puntos oscuros" de la decisión tomada por una corte de segunda
instancia el pasado 24 de enero.
Los tres magistrados del Tribunal
Regional Federal Nº4 (TRF4), con sede en Porto Alegre, ratificaron entonces por
unanimidad la condena por corrupción y lavado de dinero dictada contra Lula y
aumentaron la sentencia inicial (de nueve años y medio de cárcel) a 12 años y
un mes.
Esos mismos jueces serán los
encargados de revisar ahora el recurso, para el que no hay fecha de respuesta.
Aunque la unanimidad del fallo y de
la sentencia impide recurrir el fondo de la sentencia, el recurso presentado
solicita que "la corrección de las omisiones, contradicciones y puntos
oscuros altere el resultado de la apelación (...) con el reconocimiento de la
nulidad de todo el proceso y la absolución de Lula".
El expresidente (2003-2010) había
sido condenado en primera instancia en julio del año pasado por el juez Sergio
Moro, a cargo de la Operación Lava jato en primera instancia, como propietario
de un apartamento que la constructora OAS le habría ofrecido a cambio de su
influencia para obtener contratos en Petrobras.
Lula, que enfrenta otras seis
causas penales, niega todas las acusaciones y denuncia un acoso judicial para
impedir que vuelva al poder en las elecciones de octubre próximo, en las cuales
los sondeos lo dan como favorito.
Si los tres jueces del TRF4
deniegan el nuevo recurso, el proceso podría alargarse un poco más, ya que la
réplica a este embargo de declaración también puede ser apelada, según confirmó
a la AFP la asesoría de comunicación del estudio que defiende al expresidente.
Sólo después de juzgado ese
recurso, el Tribunal podría decretar la prisión de Lula.
El exdirigente sindical aguarda
además el resultado de dos habeas corpus presentados ante el Superior Tribunal
de Justicia y ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para evitar que lo
detengan antes de que se agoten todas las instancias judiciales.
Gran parte de su futuro depende del
tiempo que demoren en resolverse esos recursos, que algunos especialistas miden
en semanas y otros en meses.
Pero aún si lograra conservar su
libertad hasta el 15 de agosto, fecha límite para inscribir su candidatura,
deberá buscar una vía para evitar que el Tribunal Superior Electoral la
invalide con la ley de la "Ficha sucia", que impide que los
condenados en segunda instancia se postulen a cargos electivos. AFP
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