Dan ultimátum a entes que protegen ilegales

El movimiento pretende ser un ultimátum para las “ciudades
santuario”, aquellas que se niegan a destinar recursos para perseguir
inmigrantes indocumentados.
En su carta, el Departamento de Justicia pide a las entidades
locales que le informen de si están cumpliendo o no con una ley que obliga a
las autoridades municipales a facilitar información al Gobierno sobre el
estatus migratorio de las personas que detienen o salen de la cárcel.
En las “ciudades santuario”, la policía local se niega a
informar a las autoridades federales del estatus migratorio de las personas que
detiene y tampoco les avisa cuándo van a poner en libertad a un inmigrante que
ha cumplido cierto tiempo en prisión por haber cometido un delito.
Esa decisión, según el Departamento de Justicia, permite
escapar a inmigrantes que suponen un riesgo y que, al contar con antecedentes,
deben ser deportados de acuerdo con la ley.
Ciudades advertidas
“Las jurisdicciones que adoptan las llamadas ‘políticas de
santuario’ también adoptan la visión de que la protección de los delincuentes
extranjeros es más importante que la protección de los ciudadanos que respetan
la ley y el estado de derecho”, consideró en un comunicado el fiscal general,
Jeff Sessions.
Entre las ciudades que han recibido la advertencia del Departamento
de Justicia, figuran Seattle (estado de Washington), Los Ángeles y San
Francisco, ambas en California, y la propia capital de EE.UU., así como la
localidad de West Palm Beach (Florida) y Newark (Nueva Jersey).
Los estados de Illinois, Oregón y Vermont también recibieron
la advertencia del Departamento de Justicia.
Frente al razonamiento del Gobierno, los líderes de esas
entidades “santuario”, la mayor parte demócratas, aseguran que las políticas
que quiere implementar el Departamento de Justicia son las que ponen en peligro
al país, pues debilitan la cooperación entre las policías locales y las
minorías hispana y afroamericana.
ALEGAN
MEDIDAS PONEN EN PELIGRO AL PAÍS
Frente al razonamiento del Gobierno, los líderes de esas
entidades “santuario”, la mayor parte demócratas, aseguran que las políticas
que quiere implementar el Departamento de Justicia son las que ponen en peligro
al país, pues debilitan la cooperación entre las policías locales y las
minorías hispana y afroamericana. En su primera semana en el poder, el 25 de
enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, promulgó una orden ejecutiva
destinada a dejar sin fondos federales a las jurisdicciones “santuario”, pero
en octubre un juez de Chicago dejó sin efecto esa orden al considerar que el
presidente no puede decidir sobre presupuestos municipales. EFE
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