Ortiz Bosch: Margarita Cedeño fue mal aconsejada por Ventura Camejo para no tomar licencia de funciones
Recordó que el propio presidente de la
JCE, Julio Cesar Castaño Guzmán, declaró el primero de diciembre del 2019 que
la resolución 33-2019 prohíbe que los funcionarios públicos se prevalezcan de
su condición y utilicen recursos del Estado, y “si lo hacen, deben someterse
radicalmente a las limitaciones de no prevalerse del cargo, vehículos,
combustibles, dietas, choferes pagados por la administración pública,
empleados, asistentes, y mucho menos proselitismo con fondos públicos y
nominillas para la ocasión, “tampoco propaganda en medios de comunicación
solventada con fondos del Estado”.
La alta dirigente del Partido
Revolucionario Moderno dijo que la doctora Margarita Cedeño de Fernández fue
mal aconsejada por el ministro de
Administración Pública, Ramón Ventura Camejo al ignorar el
mandato de la Ley de la Función Pública, que en su artículo 79 establece que es
deber del servidor público cumplir la jornada de trabajo, dedicando la
totalidad del tiempo al desempeño íntegro y honesto de sus funciones”. “Y es frecuente
que la vicepresidenta ofrezca declaraciones en los horarios en que se
entremezclan sus condición de directora de programas sociales y de candidata a
la reelección lo que sucede frecuentemente ante todos los dominicanos y
dominicanas”.
Reitero que el mismo razonamiento es
aplicable a la previsión del párrafo 2 del artículo 139 de la ley 15-19 del
Régimen Electoral cuando dispone que los funcionarios públicos “no podrán
prevalerse de su condición en actos públicos o ante medios de comunicación,
para no crear desigualdad frente a los demás candidatos. Estos funcionarios no
podrán, en las actividades propias de sus funciones, realizar manifestaciones
de carácter proselitista”.
Consideró que todas las disposiciones
citadas tienen el claro propósito de asegurar la igualdad entre los actores de
la contienda electoral, evitando el uso indebido de los recursos del poder. “La
doctora Cedeño de Fernández para sus conciudadanos parecería que, diferente a
su partido era una garantía de la institucionalidad que desde las marchas
demandaban el funcionamiento de un Estado de Derecho”.
En ese sentido estimó que la actitud
de la señora vicepresidenta coloca a la Junta Central Electoral en una
situación muy incómoda, ya que su resistencia a cumplir las leyes y la resolución
de ese organismo podría entenderse como un acto de rebeldía frente al orden
institucional, amparada en su condición jerárquica.
Esa actitud –acotó la ex senadora de
la República– es también un desacato al mandato del artículo 75 de la
Constitución de la República que obliga a todos los ciudadanos dominicanos a
“Acatar y cumplir la Constitución y las leyes.
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