Juristas y comunicadores preocupados por la expansión del “populismo penal” contra periodistas y ciudadanos

Un grupo de expertos en Derecho Constitucional y representantes de medios de comunicación manifestaron su preocupación por la expansión del fenómeno del “populismo penal” que lleva a los legisladores a aprobar normas que sancionan con penas de hasta 10 años de reclusión a periodistas y ciudadanos que sean acusados por difamación e injuria contra políticos y partidos, según la nueva Ley de Régimen Electoral.   

El magistrado del Tribunal Constitucional Lino Vásquez Samnuel, Namphi Rodríguez, Servio Tulio Castaños Guzmán, Persio Maldonado, Adriano de la Cruz y Roberto Cavada expresaron sus consideraciones en las  conclusiones del panel sobre “Libertad de Expresión, Redes Sociales y  Partidos Políticos” auspiciado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus)  y la Fundación Prensa y Derecho.

“Hay una concepción del Derecho Penal del enemigo y ese enemigo es el periodista y el ciudadano”, dijo Vásquez Samuel al intervenir en el panel, a la vez que consideró que las sanciones de tipo de penales producen en los ciudadanos “preocupación” que les llevan a inhibirse frente al poder.

Señaló que ese tipo de leyes que establecen conductas prohibitivas conducen a los fenómenos de la autocensura y la censura, lo cual afecta el principio democrático y el pluralismo del debate político.

De su lado, Namphi Rodríguez, catedrático de Derecho Constitucional, advirtió como peligroso la tendencia de que el poder público quiera decir la última palabra para establecer una verdad irrefutable.

El jurista consideró que la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0092/19 representa precedente para los legisladores que en lo  adelante tendrán que considerar redes sociales como Twitter y Facebook como espacio públicos de debate democrático. 

Asimismo, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de Finjus, dijo que a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre redes sociales y partidos políticos en el país se ha instaldo un nuevo paradigma para el debate.

“La libertad de expresión se construye y eso es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional al garantizar amplias garantías en las redes sociales al debate público”, añadió.

Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, consideró que sanciones como las que establecen las leyes de 33-18, de Partidos Políticos, y 15-19, de Régimen Electoral, representan intentos de los legisladores para evitar que los ciudadanos se expresen por las redes sociales.

“Tengo la impresión de que los políticos nos quieren dar libertad condicional bajo fianza; es una reacción de un poder cuestionado o amenazado, por las redes sociales que, al fin y al cabo, también incluyen los medios convencionales, porque todo pasa por las redes sociales”, adujo.

Por su parte, Adriano de la Cruz, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), defendió el derecho de los informadores a hacer denuncias contra la corrupción y la represión.

“Todas las luchas de este país se han librado en la prensa, no es nada nuevo, la patria ha sido un construcción de los periodistas”, reseñó.

Roberto Cavada, presentador de televisión y uno de los líderes más incluyentes en redes sociales, dijo que hay que ver los nuevos medios como una oportunidad de educar para elevar el debate público.

“No deben ser los legisladores, debe ser el público el que descarte a quienes no debaten con ideas, sino con ofensas”, adujo al reconocer que nadie concibe que una idea importante hoy no pase por las redes sociales.

El panel contó con la presencia de políticos, académicos y activistas de las redes sociales que consideraron de “trascendencia democrática” la sentencia del Tribunal Constitucional analizada.

 

El TC emitió el pasado 5 de abril la sentencia TC/0092/18 mediante la cual declaró incompatible con la Constitución el artículo 44.6 de la Ley 33-18, de Partidos Políticos, que sancionaba con penas de hasta un año de prisión correccional a quienes emitieran “mensajes negativos” en las redes sociales contra candidatos y partidos políticos.