Assange teme ser condenado a décadas en prisión si es extraditado a EEUU

Londres.- El activista Julian Assange ha pasado su primera noche en una prisión británica, a la espera de que comience en las próximas semanas el proceso para extraditarle a Estados Unidos, donde teme que pueda ser condenado a décadas de prisión.

Washington reclama al hácker australiano por cargos que suponen una pena máxima de cinco años, pero el equipo de Assange piensa que el Departamento de Justicia estadounidense podría agregar nuevas acusaciones en el futuro, según expresó el director de su portal WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson.

"Creemos que la acusación que se ha presentado con la solicitud de extradición es solo una parte de la historia. Vendrán más, se agregarán más cargos", declaró a los medios el director de la página de filtraciones de documentos oficiales secretos que fundó Assange.

Hrafnsson considera que los cargos "relativamente pequeños" por los que Estados Unidos reclama a Assange pueden facilitar que la Justicia británica dé su visto bueno a su extradición.

En la petición que ha tramitado EEUU se acusa al experto informático de "conspiración para infiltrarse en ordenadores" gubernamentales a fin de obtener información clasificada. El director de WikiLeaks sostiene, sin embargo, que podrían añadirse cargos relacionados con el espionaje que supondrían décadas de prisión o incluso la pena de muerte.

Las autoridades australianas han avanzado que Assange, de 47 años, recibirá asistencia consular como cualquier otro ciudadano y será visitado en prisión por funcionarios diplomáticos, si bien han subrayado que no recibirá ningún trato especial.

"Tengo la confianza, como el ministro de Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, confirmó públicamente en julio de 2018, que el señor Assange recibirá un proceso justo en las causas judiciales que afronta en el Reino Unido", afirmó la titular de Exteriores australiana, Marisa Payne.

El líder de la oposición laborista en el Reino Unido, Jeremy Corbyn, pidió al Gobierno conservador que se oponga a la entrega del activista a Estados Unidos y ensalzó que Assange aireó pruebas de las "atrocidades en Irak y Afganistán".

El fundador de WikiLeaks afronta además una pena de hasta 12 meses de cárcel en el Reino Unido por haber violado las condiciones de su libertad condicional en 2012.

Un juez ya le ha declarado culpable de ese delito, si bien otro magistrado determinará la longitud de la pena en las próximas semanas.

La siguiente cita judicial que afronta Assange es una comparecencia por videoconferencia desde la prisión el próximo 2 mayo, cuando la Corte de Magistrados de Westminster iniciará el proceso para estudiar el caso de extradición.

Estados Unidos cuenta con un plazo de 65 días para remitir a la Justicia británica toda la documentación relativa a su petición de entrega.

El equipo legal del activista tendrá entonces la oportunidad de presentar objeciones a los argumentos del Departamento de Justicia de EEUU antes de que se celebre el juicio de extradición ante un juez de distrito británico, que previsiblemente durará varios días.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió hoy de que está siguiendo de cerca la situación de Assange y espera que todas las partes garanticen su derecho a un juicio justo.

"Esperamos que las autoridades implicadas se aseguren de que el caso de Assange es tratado con el proceso debido y de acuerdo a su derecho a un juicio justo, también a la hora de cualquier extradición", declaró en una rueda de prensa la portavoz de ese organismo, Ravina Shamdasani.

La Fiscalía sueca, por su parte, ha dejado la puerta abierta a que se retome la causa contra el fundador de WikiLeaks por presuntos delitos sexuales.

La investigación, por la que Estocolmo también pedía la extradición de Assange, se cerró en mayo de 2017, ante la imposibilidad de hacerla avanzar con el activista refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.

Las autoridades suecas han resaltado, sin embargo, que la presunta violación por la que estaba siendo investigado el australiano prescribe a mediados de agosto de 2020, por lo que el caso podría volver a activarse. EFE