El bloqueo político español alarga parálisis administrativa y presupuestaria

Madrid.- El bloqueo político aboca a los españoles a otras elecciones en noviembre, con un gobierno en funciones que dura cinco meses y se prolongará al menos hasta el final del año, lo que implica unos Presupuestos del Estado prorrogados de nuevo y una prolongada parálisis legislativa y de la Administración Pública.

El socialista español Pedro Sánchez, que preside el Ejecutivo en funciones, ganó con mayoría simple (123 de 350 diputados) los comicios del 28 de abril, pero no ha podido asegurarse el apoyo de otras fuerzas parlamentarias para repetir como jefe del Gobierno.

El Parlamento ha funcionado durante todo este tiempo a bajo rendimiento, prácticamente sin actividad legislativa, mientras siguen aparcadas iniciativas sobre la regulación de la eutanasia y la reforma educativa, entre otras. Y volverá a cerrarse durante otros dos meses, aproximadamente, si finalmente hay nuevas elecciones.

Si el lunes próximo el Congreso no ha respaldado a un nuevo presidente del Ejecutivo, como se prevé puesto que no hay ningún candidato, los españoles votarán de nuevo el 10 de noviembre, aunque no está claro que los resultados electorales faciliten la formación de un gobierno o se mantendrá un similar reparto de escaños.

Serían las cuartas elecciones generales en el plazo de cuatro años, muestra de la inestabilidad política española.

El gobierno del conservador Mariano Rajoy (Partido Popular) estuvo en funciones durante más de diez meses en 2016, después de dos elecciones generales: las de junio de aquel año y las anteriores de diciembre de 2015.

SIN PRESUPUESTOS

La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, subrayó este miércoles que España necesita un gobierno estable de cuatro años y con vocación europeista para tratar desequilibrios no resueltos como el desempleo, la deuda pública o la desigualdad, y para afrontar el reto de la transformación digital y ecológica.

Y la principal organización empresarial del país (CEOE), preocupada por la inestabilidad política, urgió las medidas necesarias para hacer frente a la ralentización económica y los riesgos económicos internacionales.

Pero un gobierno en funciones hace "lo imprescindible, lo mínimo", y generalmente es el período "más complicado" para la Administración Pública, explica a EFE María José Canel, catedrática de Comunicación Política de la Universidad Complutense de Madrid.

"Todo se paraliza en el sentido de que, literalmente, no se toman decisiones; lo único que se puede hacer en funciones es aplicar lo ya decidido", añade.

La consecuencia más visible de esta situación es que el Gobierno en funciones no puede elaborar un proyecto de Presupuestos - en este caso para 2020 - ni puede modificar los vigentes por medio de un decreto ley, precisamente porque está limitado en sus facultades.

Así, una infinidad de medidas económicas, partidas financieras y proyectos seguirán dependiendo de los Presupuestos de 2018, ya prorrogados en 2019, después de que el Parlamento rechazara en febrero pasado la propuesta de Sánchez para unas nuevas cuentas públicas.

Paradójicamente, Sánchez tiene que gobernar con los Presupuestos de 2018, elaborados por el anterior gobierno conservador, y que tendrán que ser prorrogados por segunda vez, algo inédito en la democracia española.

Los Presupuestos incluyen las previsiones macroeconómicas, de gastos e ingresos, la actualización de las entregas a cuenta de la financiación de las regiones, la revalorización de las pensiones y la subida del sueldo de los funcionarios y del salario mínimo.

Un ejemplo: la revalorización de las pensiones públicas españolas según la inflación anual está asegurada por ley para 2018 y 2019, pero no para 2020.

"Que no haya ni mando político (con facultades plenas de gobierno) ni Presupuestos que definen el proyecto político afecta a todo. No se pueden tomar decisiones sobre cuestiones que son muy relevantes y que sobrevienen como es el 'brexit', la desaceleración económica, el tema del cambio climático", constata Canel.

En definitiva - resume-, afecta al funcionamiento propio del país. "Es como si un barco tuviera que atravesar una zona de tempestades, y en el mando no hay claridad de por dónde tiene que moverse el timón."

Y todo esto tiene consecuencias: "Baja la contratación pública, se paraliza la aplicación de proyectos que no se hayan completado y, además, reina en el ánimo de la Administración Pública un estado de desazón, una desmotivación (...), aparte de la incertidumbre", concluye.

PERIODO TRANSITORIO

Pero la capacidad normativa del Gobierno en funciones, según las leyes españolas, está limitada al despacho ordinario de los asuntos públicos y solo puede adoptar medidas en caso de urgencia o interés general acreditados.

En estas circunstancias, el ejecutivo de Sánchez podría tener que enfrentarse a un problema grave: un eventual recrudecimiento de las tensiones independentistas en la región autónoma de Cataluña si el Tribunal Supremo condena a los líderes secesionistas juzgados por el referéndum catalán ilegal de "autodeterminación" de 2017 y la declaración unilateral de independencia que aprobó el Parlamento catalán, en contra de la Constitución.

Canel recuerda que el Ejecutivo en funciones está pensado para un periodo transitorio entre el Gobierno saliente y el nuevo tras unas elecciones, pero no para un tiempo indefinido, como está ocurriendo en España. Y plantea que constituciones como la alemana y la española prevean qué hacer cuando esta situación se alarga meses y meses. EFE