martes, 14 de enero de 2014

Administrador de Banreservas no hablará sobre préstamo "al vapor" de Miguel Vargas


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Enrique Ramírez Paniagua, administrador de Banreservas
SANTO DOMINGO.- El administrador del estatal Banco de Reservas (Banreservas), Enrique Ramírez, no hablará sobre la denuncia hecha por un sector del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que atribuye al presidente de esa organización Miguel Vargas Maldonado haber recibido de manera irregular un préstamo de 15 millones de dólares (585 millones de pesos) en esa entidad financiera, a pocos meses de las elecciones presidenciales de mayo del 2012.
La información la ofreció el periodista Orión Mejía, director de Comunicaciones del Banreservas, quien expresó textualmente que Ramírez no emitirá ninguna reacción, que se acoge al secreto bancario, que prohíbe ofrecer o revelar datos o informaciones sobre las operaciones o transacciones con sus clientes, conforme lo establece la Ley Financiera y Monetaria.
"El administrador no emitirá ninguna declaración ni hará ningún comentario al respecto y sólo se limitará a acogerse a lo que establece el artículo 56, literal B, de la Ley Monetaria y Financiera 183-02, del 3 de diciembre del 2002, sobre el Secreto Bancario", sostuvo Mejía al ser consultado en su despacho de la Torre Banreservas de la avenida Winston Churchill.
El comunicador comentó además, que los documentos mostrados a la opinión pública por los denunciantes no podrían ser utilizados en un tribunal por haber sido obtenidos por vía irregular, conforme a los procedimientos para estos casos.
El artículo 56, literal B, de la Ley 183-02, que estatuye el Secreto Bancario, establece que además de las obligaciones de confidencialidad derivadas de las buenas prácticas y usos bancarios, las entidades de intermediación financiera tienen la obligación legal de guardar secreto sobre las captaciones que reciban del público en forma desagregada que revele la identidad de la persona.
También, que "Sólo podrán proporcionarse antecedentes personalizados sobre dichas operaciones a su titular o a la persona que éste autorice expresamente por cualesquiera de los medios fehacientes admitidos en derecho. Lo dispuesto en este Artículo se entiende, sin perjuicio de la información que deba suministrarse en virtud de normas legales a la autoridad tributaria y a los órganos jurisdiccionales, o en cumplimiento de las disposiciones reguladoras de la prevención del lavado de activos".
Añade que las informaciones que deban suministrar las entidades sujetas a regulación, tanto a la Administración Tributaria como a los órganos encargados del cumplimiento de la prevención del lavado de activos y a los tribunales penales de la República, deberán ser hechas caso por caso por intermedio de la Superintendencia de Bancos, tanto en lo que respecta al recibo de la solicitud de información como para el envío de la misma y siempre y cuando se soliciten mediante el cumplimiento de los procedimientos legales en la sustanciación de asuntos que se ventilen en la Justicia.
Sostiene la pieza que la obligación de secreto bancario no impedirá la remisión de la información que precisen la Superintendencia de Bancos y el Banco Central, en la forma que reglamentariamente se determine.
El texto legal establece que la violación del secreto bancario en los términos que señala el citado artículo, será castigada conforme a las disposiciones de los Artículos 377 y 378 del Código Penal.
Ayer, dirigentes del PRD, encabezados por la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, acusaron al presidente de la organización, Miguel Vargas Maldonado, de tomar un préstamo de 585 millones de pesos (15 millones de dólares) al Banco de Reservas en diciembre del 2011, durante la administración de Vicente Bengoa, el cual habría sido aprobado al vapor, en supuesta violación de las normas prudenciales establecidas por la Superintendencia de Banco.
Ortiz Bosch informó que el préstamo fue concedido en dólares a nombre de la firma “General de Galerías Comerciales Mundo Mall S.A.”, en la que conforme a la denuncia sólo figuran como accionistas Vargas Maldonado y la secretaria Gisela Patxot.
Según los documentos aportados por los denunciantes, la operación financiera se realizó cinco meses antes de las elecciones del 2012, un indicativo de que se habría tratado de una compensación económica a Vargas Maldonado para que no se integre a la campaña electoral de su partido, que llevaba al expresidente Hipólito Mejía como candidato presidencial.
Este reportero también intentó obtener una reacción del actual superintendente de de Bancos, Rafael Camilo, pero en esa institución se dijo que el funcionario estaba fuera del edificio y que respondería a 7dias.com.do a través de su departamento de comunicaciones, lo que no se produjo en el transcurso del día.

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