La independencia de los jueces y el bajo presupuesto son los principales desafíos del Poder Judicial, según Participación Ciudadana
Tras el discurso del presidente de la
Suprema Corte de Justicia (SCJ), magistrado Luis
Henry Molina, por motivo del Día del Poder Judicial, la organización
de la sociedad civil, Participación Ciudadana, realizó una evaluación del mismo
indicando estar de acuerdo con varios de los puntos mencionados y haciendo
énfasis en la necesaria mejora de la independencia de los jueces y juezas y del
presupuesto nacional destinado al Poder Judicial, elementos omitidos por el
presidente de la SCJ.
“En su discurso, el magistrado Molina
pone el dedo en una de las llagas más lacerantes que padece nuestro sistema de
justicia, la increíble mora judicial a la que hemos estado encadenados desde
hace décadas, que afecta a todos los usuarios de este sistema, pero de manera
principal a los sectores más vulnerables que se cansan de esperar una sentencia
que nunca llega o llega demasiado tarde”, señaló el Consejo Nacional de Participación
Ciudadana.
Dijo que también apuntó en el sentido
correcto cuando fija como una de las prioridades mejorar sustancialmente la
eficacia y eficiencia con que se conduce el sistema de justicia, “llena de
obstáculos burocráticos que ralentizan la labor judicial, además de la
increíble desproporción en la carga de trabajo entre todos los jueces y juezas
del país”.
“Dos aspectos del discurso merecen,
sin embargo, una crítica constructiva, cuando no concede, por omisión, la
importancia que tiene, en primer lugar, mejorar sustancialmente la
independencia de los jueces y juezas, no solo hacia lo externo, sino además a
lo interno, y en segundo lugar el cumplimiento de la ley que fija un 2.6% de
los ingresos internos del presupuesto nacional para el Poder Judicial, sobre
todo porque para el año en curso su asignación es de apenas 1.3%, es decir la
mitad de lo que le corresponde por ley”, sostuvo el Consejo Nacional del
movimiento cívico.
Desde Participación Ciudadana esperan
que la Suprema Corte de Justicia, el Consejo del Poder Judicial y su nuevo
presidente utilicen sus facultades, incluyendo su iniciativa en la formación de
la leyes, para trabajar junto con los demás poderes del Estado y la sociedad
civil en las modificaciones que luego de agosto de este año deberían
emprenderse en las normas sustantivas y adjetivas para mejorar las condiciones
de independencia, comenzando por la revisión del Consejo Nacional de la
Magistratura, a fin de excluir al Procurador General de la República como
integrante del mismo, la eliminación de la facultad de dicho Consejo para
evaluar a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y el establecimiento
de una mayoría calificada para tomar decisiones, que obligue al consenso entre
los miembros del Consejo.
Con respecto al presupuesto del Poder
Judicial, explicaron que es cierto que uno de los problemas es el gasto
ineficiente, lo que debe corregirse, pero que tampoco hay duda de que se
requiere una fuerte inversión en “la penosa infraestructura del Poder Judicial,
en el uso de tecnología, en los salarios, sobre todo del personal
administrativo, en la puesta en funcionamiento de tribunales aprobados por el
Congreso y muchos otros aspectos”.
El Consejo Nacional de PC afirmó que
el acceso a la especializada jurisdicción contenciosa administrativa que lleva
el mandato constitucional de creación de jueces de primer grado y que se ha
incumplido por más de diez años por falta de presupuesto, está vedada a la
mayoría de la población, a lo que se le añade las condiciones de extrema precariedad
en que opera la misma, lo que la hace “prácticamente inexistente”.
Participación
Ciudadana espera que temprano este año, luego de un
levantamiento de las necesidades del Poder Judicial y de iniciar un plan de
eficiencia en el gasto, el Poder Judicial en pleno, encabezado por su
presidente, se comporte como el poder del Estado que es y reclame a sus pares
la asignación presupuestaria que requiera.
“La nueva integración de la Suprema
Corte de Justicia, del Consejo del Poder Judicial, y el nuevo presidente de
ambos órganos, permiten una vez más alumbrar la esperanza de una mejoría en el
sistema de justicia que le permita recuperar por lo menos parte de la
credibilidad pérdida y Participación Ciudadana asume esa esperanza sin dejar de
lado el ejercicio de su derecho a mantenerse vigilante, evaluar y opinar sobre
los procesos que se avecinan”, expresó el Consejo Nacional de la organización.
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