Tras siete años del sismo, hay 50 mil haitianos en campamentos
La madre de tres hijos pensó que su choza de madera
contrachapada sería algo temporal mientras su familia y el resto de Puerto
Príncipe se recuperaban del terremoto ocurrido en enero de 2010. Pero St. Fume
aún no encuentra la forma de salir de allí.
“Ha sido difícil, pero hemos hecho nuestro mejor esfuerzo por
adaptarnos a la vida aquí”, declaró.
Al menos 50.000 personas como St. Fume permanecen en los 31
campamentos que se instalaron en Haití en los días y semanas posteriores al
desastre. El número de individuos en estas comunidades improvisadas se ha
reducido en un 96% desde la tragedia, pero aquellos que permanecen son un
obstinado recordatorio de que esta empobrecida nación aún no se recupera por
completo de uno de los peores desastres naturales en la historia.
Las autoridades estiman que en julio de 2010 había 1,5
millones de personas instaladas en más de 1.500 campamentos. Las cifras
disminuyeron ya sea porque las personas fueron desalojadas por los dueños de
propiedades privadas, juntaron dinero suficiente para reconstruir sus
viviendas, o recibieron subsidios de arrendamiento por parte del gobierno y
organizaciones humanitarias que les ayudaron a recuperarse.
La Organización Internacional para la Migración, que trabaja
con sus últimos 7 millones de dólares para reubicar a las personas desplazadas
de tres campamentos en Puerto Príncipe, pronto se quedará sin fondos para
continuar con su misión, dijo Fabien Sambussy, jefe de operaciones de la
organización en Haití. Incluso si el organismo tuviera más dinero, sería
difícil encontrar hogar para los damnificados en un país en el que más de la
mitad de las personas sobreviven con menos de dos dólares al día, además de que
las viviendas adecuadas son cada vez más costosas.
Y existen aquellos que no quieren dejar los campamentos que,
en muchos casos, se transformaron en atestadas barriadas.
“Es bastante complicado intentar convencerlos después de seis
años de que no están en su casa”, dijo Sambussy, quien afirma que su
organización ha intentado despejar los campamentos de forma humanitaria, luego
de que en los primeros años después del terremoto se hiciera común el desalojo
de personas por parte de quienes aseguran ser propietarios de la tierra.
St. Fume, quien tiene un ingreso magro vendiendo carbón de
leña, dijo que a diferencia de algunos de sus vecinos, ella no se opone a los
planes de mudarse junto a su esposo y sus tres hijos durante un año a una
vivienda subsidiada. Han pasado dificultades en el campamento, en donde la
madre afirma que sueña con vivir en una “casa decente” en la que sus hijos
estén a salvo.
“Aquí siempre hay mucha preocupación”, dijo durante una
mañana reciente.
En una zona cercana al aeropuerto conocida como Tabarre, los
residentes de otro campamento afirman que tienen pocas posibilidades de
conseguir vivienda permanente en otro sitio, y rechazan las propuestas de las
autoridades para mudarlos a lugares de renta por un año.
“Tomamos esta tierra. Este lugar ahora es nuestro hogar y
queremos que se le considere como nuestra propia aldea”, dijo Wilson Mathieu,
un abuelo que construyó una tienda de artículos en general hecha de concreto en
el polvoriento campamento repleto de vendedores ambulantes y pequeños locales
de lotería.
La iniciativa de rentas subsidiadas ha sido un enfoque a
corto plazo por vaciar los campamentos, pero no ha estado acompañada por
políticas de vivienda más sustentables en la nación más pobre del hemisferio
occidental, dijo Robin Guittard, quien supervisa las campañas de Amnistía
Internacional en el Caribe.
“Entre los niveles de fondos destinados a Haití tras el
terremoto de 2010 y la realidad de la vivienda de hoy en día, claramente se
trata de una historia de fracaso tanto para las autoridades haitianas como para
la comunidad internacional”, sentenció Guittard.
El severo desabasto de viviendas en Haití significa que
muchos de los desplazados no tienen otra opción que mudarse a viviendas
atestadas de familiares o construir precarias chozas en los barrios más
empobrecidos en las colinas, particularmente en una extensión no regulada
llamada Canaan, a las afueras de Puerto Príncipe, en la que se han establecido
al menos 250.000 personas.
Se suponía que no debía ser así.
Las autoridades haitianas e internacionales habían esperado
utilizar la devastación en Puerto Príncipe para mejorar la capital y
descentralizar al país. La idea era utilizar el terremoto como una oportunidad
para solucionar algunos de los problemas más añejos de Haití, con el de la
vivienda hasta arriba de la lista de prioridades.
Pero los proyectos masivos para construir viviendas
permanentes nunca se materializaron y una oleada de trabajadores de ayuda
internacional se fue del país luego de varios años. Aun cuando varios
campamentos se beneficiaron de varios programas de ayuda, desde 2014 no ha
habido ayuda que no estuviera vinculada a intentar erradicar una crisis, como
por ejemplo la de los brotes de cólera.
St. Fume señala que ha perdido la fe en que su vida mejorará
notablemente algún día.
“Solo sé que al Estado realmente no le importamos. Si ese
fuera el caso, ya habrían hecho algo”, dijo dentro de su choza de madera, cuyas
paredes están decoradas con carteles políticos que entregó un candidato
presidencial durante su fallida campaña.
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