Rastrean pagos de $21,500 millones en la transición
Santo Domingo, RD.- Relajado,
con mucho ánimo y hasta haciendo chistes, el presidente Luis Abinader anunció
que se iniciarán auditorías en todas las instituciones del Estado, amparadas
en el artículo 28 de la Ley 10-07 que establece el Sistema Nacional de Control
Interno y de la Contraloría General de la República.
La decisión fue adoptada
luego de que varios funcionarios del Estado interpusieran solicitudes a la
Cámara de Cuentas para que sean auditadas las instituciones públicas.
El nuevo ministro de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, solicitó realizar
una auditoría a las administraciones de esa institución comprendidas entre
enero del 2017 hasta agosto del presente año.
Además, el ministro
de Obras Públicas, Deligne Ascensión, quien fue el primero en presentar la
solicitud el 19 de agosto.
Carlos Bonilla,
actual director del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y encargado
interino honorífico de la Oficina de Ingenieros de Obras del Estado (OISOE),
que está en proceso de liquidación, formalizó un requerimiento de extrema urgencia
ante la Cámara de Cuentas de la Republica Dominicana para que auditen las
pasadas administraciones.
Abinader aclaró
que las auditorias no se hacen con el fin de persecución de ningún funcionario
del pasado Gobierno, sino con el objetivo de determinar en qué condiciones los
nuevos funcionarios encontraron las instituciones.
El gobernante expresó
que las auditorías iniciarán en las entidades donde hay mayor presupuesto, como
Educación, Salud y Obras Públicas.
Para ello utilizarán
todo el personal de la Contraloría y a empresas privadas de auditores que
serán contratadas bajo la modalidad de licitación pública, dijo el contralor
General de la República, Luis Rafael Delgado Sánchez.
La directora general
de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, emitió
una circular en la que se detallaron los deberes con la ética y la transparencia,
además de las acciones que están prohibidas para los servidores públicos.
Ortiz aseguró que
este Gobierno, iniciando por el presidente, tiene un compromiso con la
transparencia y la honestidad para hacer bien las cosas. “Es un compromiso
con esta y las futuras generaciones a la que les ofertamos un cambio y no les
podemos fallar”, afirmó.
La circular está
sustentada en lo que dispone el artículo 80 de la Ley 41-08 de función
pública concerniente a los deberes y prohibiciones a las que están sujetos los
servidores públicos.
Estas declaraciones
fueron ofrecidas en una rueda de prensa en el Palacio Nacional encabezada por
Abinader, asistido por Delgado Sánchez y Ortiz Bosch.
Prohibiciones
expresas
En la reunión se
presentaron las normativas de los nuevos servidores públicos: tienen
prohibido asistir a instituciones en estado de embriaguez, aceptar dadivas o
regalos o promover la propaganda política, de acuerdo con la Ley 41-08 de
Función Pública.
Además, tienen
prohibido solicitar y recibir ventajas en dinero; intervenir directa o
indirectamente en la suscripción de contratos del Estado a través de la institución
donde labore que implique privilegio a su favor y acosar sexualmente a servidores
públicos.
El presidente hizo
énfasis en que los servidores públicos tienen totalmente prohibido aceptar
regalos de cualquier persona o institución y recibir más de una remuneración
con cargo al erario, excepto que estuviera expresamente prevista en las leyes
o reglamentos.
Tampoco pueden
aceptar designaciones para desempeñar en forma simultánea más de un cargo del
Estado, salvo cuando se trate de labores docentes, culturales, de
investigación y las de carácter honorifico, no afectadas por incompatibilidad
legal y con la debida reposición horaria cuando hubiera superposición de este
tipo.
Acción judicial
Durante una rueda de
prensa en el salón las Cariátides del Palacio Nacional, Abinader dijo que se
necesitaban auditorías de la Contraloría General de la República para determinar
si hay méritos para una acción judicial en el caso de los 21,500 millones de
pesos pagados en la transición por el gobierno de Danilo Medina.
Previo a esto, el consultor
jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dijo que oportunamente Presupuesto
y Hacienda emitirán sus consideraciones sobre el pago de 21,500 millones de
pesos en los últimos días de la gestión de Medina.
El consultor dijo que
el hallazgo de esa documentación no ha justificado por el momento comenzar una
acción judicial.
MILAGROS ORTIZ
La circular.
La circular.
La circular está
sustentada en lo que dispone el artículo 80 de la Ley 41-08 de función pública
concerniente a los deberes y prohibiciones a las que están sujetos los servidores
públicos.
Estas declaraciones
fueron ofrecidas en una rueda de prensa en el Palacio Nacional encabezada por
Abinader, asistido por Delgado Sánchez y Ortiz Bosch.
Fuente: www.listindiario.com.do
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