Gobierno congela cuentas de Odebrecht en Caracas
Caracas
La Justicia venezolana ordenó congelar las cuentas bancarias
que tenía en el país la constructora brasileña Odebrecht y le prohibió enajenar
o gravar sus bienes, muebles e inmuebles, informó ayer el Ministerio Público
(MP, Fiscalía).
Mediante un comunicado, el MP -que dirige la investigación
sobre presuntas irregularidades en las contrataciones de Odebrecht en Venezuela-
indicó que dicha medida de bloqueo fue solicitada por dos de sus fiscales ante
el Tribunal 11 de Control del Área Metropolitana de Caracas, que finalmente
tomó la decisión.
La Dirección General de Contrainteligencia Militar de
Venezuela (Dgcim) registró la noche del martes las oficinas de Odebrecht en
Caracas, días después de que el presidente, Nicolás Maduro, y el Parlamento
pidieran a la justicia investigar el caso.
La Fiscalía reiteró ayer que supervisó este procedimiento que
buscaba, según dijo, "recabar elementos de interés criminalístico".
"Dicha investigación está dirigida a esclarecer la
situación y determinar si las obras para las cuales fue contratada esta compañía
están culminadas o no; además de verificar cuál sería el destino del dinero
cancelado por las mismas, y para corroborar si algunos funcionarios públicos se
beneficiaron con esas negociaciones", afirma el comunicado.
La Fiscalía reiteró que en enero solicitó una orden de
aprehensión contra una persona -sin especificar su nombre- por estar
presuntamente vinculada con el caso, y requirió que sea incorporada al código
rojo de Interpol, en caso de que esta se encuentre fuera del país, para que sea
aprehendida y extraditada al país caribeño.
En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados
Unidos reveló documentos en los que detallaba presuntos sobornos por unos 788
millones de dólares de parte de la empresa brasileña en 12 países de América Latina
y África.
En el caso venezolano, Odebrecht habría pagado unos 98
millones de dólares en sobornos para hacerse con contrataciones de obras
públicas, según esos documentos de EE.UU.
Algunas de estas obras no han sido culminadas y el Gobierno
venezolano anunció una nueva inyección de recursos y un plan para reactivar los
trabajos con mano de obra local.
Con el fin de cruzar datos sobre este caso, la Procuraduría
General de Brasil citó para el jueves a delegados de las Fiscalías de Antigua y
Barbuda, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México,
Mozambique, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela.
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