Rousseff presenta nuevas medidas para endurecer la lucha contra la corrupción
Por EFE- Brasilia. La
presidenta brasileña, Dilma Rousseff, anunció hoy diversas medidas que someterá
al Congreso con la meta de reforzar el combate a la corrupción, un mal
encarnado en el país y que ahora se ha cebado con la petrolera estatal
Petrobras.
“Esto
representa otro paso decisivo para ampliar la capacidad del Estado de prevenir
y combatir a la corrupción y la impunidad”, dijo Rousseff en un acto celebrado
en el Palacio presidencial de Planalto, frente a todo su gabinete y miembros de
los tres poderes de la Nación.
Una de las
medidas anunciadas, que como las otras dependerá de la aprobación del Congreso,
tipifica como delito penal el ocultamiento de dinero obtenido por los partidos
políticos para sus campañas, una práctica que hasta ahora sólo es considerada
una infracción de tipo electoral y castigada con meras sanciones
administrativas.
“Vamos a
enfrentar esa cuestión de forma bien abierta, pues así se atenderá una demanda
de la población, que quiere elecciones más transparentes y limpias”, declaró
Rousseff, cuyo Gobierno fue blanco el pasado domingo de multitudinarias
protestas contra la corrupción y también por la delicada situación económica
del país. Otras medidas proponen reglamentar y agilizar los trámites para la
confiscación de los bienes obtenidos a través de la corrupción y facilitar su
subasta, a fin de recuperar el dinero robado al Estado mediante esas prácticas.
También se
propone extender a todos los empleados públicos del país una ley que hasta
ahora rige sólo para los políticos e impide que postulen a cargos oficiales si
responden a algún proceso ante los tribunales o han sido declarados culpables
de delitos contra el patrimonio público o de tipo penal.
Asimismo, se
pide revisar las leyes contra el enriquecimiento ilícito en el sentido de que
se abran investigaciones judiciales en todos los casos en que los bienes
declarados a las autoridades por los empleados públicos no sean acordes a sus
niveles de ingreso.
Otra de las
medidas anunciadas reglamenta una ley contra la corrupción ya aprobada en las
cámaras y referida a las prácticas ilícitas en el ámbito privado, la cual
endurece las penas para los empresarios que se involucren en delitos contra el
erario público.
Esa medida
en particular puede afectar directamente a 18 empresas privadas contra las que
la Contraloría General ha iniciado sendos procesos administrativos por su
supuesta participación en la red de corrupción descubierta en Petrobras.
Por ese
escándalo también están bajo investigación 50 políticos, en su mayoría de la base
de apoyo a Rousseff y entre quienes figura el tesorero del gobernante Partido
de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari, por supuestas maniobras para obtener
dinero de Petrobras para las campañas electorales de esa formación.
“Mi
compromiso contra la corrupción es coherente con mi vida personal, mi práctica
política y mi actuación como presidenta”, dijo Rousseff, quien apuntó que el
Estado tiene la “obligación de investigar y castigar la corrupción de una forma
rápida y efectiva”, incluso para “garantizar la protección de los inocentes”.
Rousseff,
como ha hecho en los últimos días, sobre todo después de las masivas protestas
del pasado domingo, agregó que “todos los brasileños”, incluso aquellos que no
la respaldan, “saben que la corrupción no fue inventada recientemente”, pero
insistió en que su Gobierno hará lo que esté “a su alcance” para combatirla.
Comentarios
Publicar un comentario