Juez suspende la aplicación de las medidas ejecutivas migratorias de Obama
El juez que
instruye la causa de una demanda presentada por 26 estados contra las medidas
ejecutivas de Obama, Andrew Scott Hanen, decidió que el presidente debe
suspender "temporalmente" la implementación de su decreto, según el
fallo al que tuvo acceso Efe.
La decisión
del magistrado, con fecha del 16 de febrero, se anuncia la vísperas de que este
miércoles comenzase el plazo de inscripción por el que miles de jóvenes
indocumentados podrían acogerse al alivio migratorio de la Acción Diferida
(DACA), que posterga por tres años su deportación y les permite obtener un
permiso de trabajo temporal.
Aparte de la
ampliación del DACA, un plan ideado en 2012 y con el que se ha evitado la
deportación de más de medio millón de jóvenes a los que se conoce como
"soñadores", las acciones ejecutivas incluyen un nuevo programa que
concedería permisos de trabajo a los padres de ciudadanos estadounidenses o
hijos con estatus permanente.
Este plan
estaba previsto que comenzase en mayo próximo.
En su fallo,
el juez asegura que "al haber hallado que al menos un demandante satisface
todos los elementos necesarios para mantener la demanda", concede "un
mandato judicial temporal" para suspender la aplicación de las medidas
hasta que haya "una resolución final de los méritos de esta causa o una
orden ulterior de este tribunal".
La decisión
de hoy del juez Hanen, quien fue propuesto para el puesto en 2002 por el
expresidente George W. Bush, es vista como un indicio de que a la postre podría
inclinarse definitivamente a favor de los demandantes y fallar en contra de las
medidas ejecutivas.
Se espera
que el Gobierno de Obama recurra a esta decisión ante el tribunal de
apelaciones correspondiente a la zona, con sede en Nueva Orleans, para intentar
que no afecte el comienzo de la aplicación de sus medidas ejecutivas, como
tenía programado, a partir de este miércoles.
La decisión
del juez responde a una demanda liderada por Texas y presentada el pasado 3 de
diciembre por una coalición de diecisiete estados, a los que se le han ido
sumando otros hasta sumar un total de 26, uno más que la mitad de los 50 que
integran la nación, que consideran que el presidente se extralimitó en sus
poderes.
Se trata de
Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del
Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana,
Maine, Michigan, Misisipi, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma,
Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin, además de Texas.
La gran
mayoría de estos estados están en manos de los republicanos, que se oponen a la
acción ejecutiva y también protagonizan un movimiento en el Congreso destinado
a bloquearla dejando sin presupuesto al Departamento de Seguridad Nacional
(DHS), la agencia encargada de su implementación.
Los fondos
para financiar el DHS, una institución cuyas competencias además de inmigración
incluyen terrorismo o ciberseguridad, se agotarán el próximo 27 de febrero en
caso de que lo congresistas no lleguen antes a un acuerdo.
El nuevo
gobernador de Texas, Greg Abbott, que el pasado mes sustituyó en el cargo a
Rick Perry y que impulsó la demanda, reaccionó inmediatamente al fallo judicial
y se mostró complacido.
"La
decisión del juez Hanen detiene radicalmente las extralimitaciones del
presidente en su camino (...) Vivimos en una nación gobernada por un sistema de
equilibrios y controles, y el intento del presidente de pasar por encima de la
voluntad del pueblo estadounidense fue hoy controlada", dijo Abbott en una
declaración.
Los estados
demandantes consideran que con sus medidas ejecutivas Obama "viola la
Constitución de los Estados Unidos y la ley federal, elude la voluntad del
pueblo estadounidense y afrenta a las familias y personas que siguen la leyes
para migrar legalmente".
Frente a
esto, otra coalición, esta vez integrada por doce estados y el Distrito de
Columbia, anunció que defenderá las medidas ejecutivas migratorias del
presidente, al argumentar que, lejos de suponer una carga, las medidas son
beneficiosas al "aumentar sus ingresos" y "reducir la demanda de
servicios sociales".
Los doce
estados (California, Connecticut, Hawai, Illinois, Iowa, Maryland,
Massachusetts, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Vermont y Washington) y el
Distrito de Columbia se presentaron como "amicus curiae" (amigo de la
corte) en el proceso contra las medidas que buscan regularizar a más de cinco
millones de indocumentados.
Los
defensores creen que las medidas benefician a los estados porque mejoran de la
seguridad, mantienen unidas a las familias y ayuda a la economía, porque los
inmigrantes trabajadores, que pagan sus impuestos, "pueden salir de la
sombra", según el procurador general de Washington, Bob Ferguson, impulsor
de la coalición.
Por su
parte, Abbott, que fue procurador general de Texas antes de ganar la
gobernación, considera que las medidas ejecutivas, lejos de beneficiar a la
nación, conllevarán más "inmigración ilegal" y más inseguridad en la
frontera.
Obama anunció
el pasado 20 de noviembre un conjunto de medidas unilaterales para regularizar
a más de cinco de los once millones de indocumentados que hay en el país, la
mayoría padres con hijos que son ciudadanos o tienen residencia permanente.
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