Procuraduría indaga cuentas de periodistas
Los comunicadores Dany Alcántara y
Julio Martínez Pozo, así como sus familiares, son investigados por sus
presuntos vínculos con los sobornos de Odebrecht, con autorización del juez de
la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega
Polanco, confirmó ayer la Procuraduría General de la República.
Así lo informó la directora de
prensa y comunicaciones de la institución, Julieta Tejada, quien dijo que los
periodistas son investigados por los sobornos de Odebrecht, a través del
empresario Ángel Rondón, para ser favorecidos con obras del Estado.
Expresó que el juez Ortega Polanco
está realizando varias diligencias investigativas tendentes a verificar si los
comunicadores y sus parientes están implicados en el caso.
Manifestó que los resultados de
esas investigaciones dirán si existen indicios penales o no existen, “pero sí,
están siendo investigados por orden de un juez, como están siendo investigadas
muchísimas otras personas”.
Empero, Tejada rehusó precisar el
número de personas a las cuales investigan, y dijo desconocer el modo en que
los comunicadores se enteraron del accionar del Ministerio Público.
Indicó que la Procuraduría hace uso
de la facultad que tiene para comunicar en un momento dado lo que entienda debe
ser de interés nacional, respondió al preguntársele en qué se basaba la procuraduría
para emitir un comunicado de prensa horas antes de que los comunicadores dieran
una rueda de prensa.
Versión de los periodistas
Mientras los periodistas Martínez
Pozo y Alcántara denunciaron que el
procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, solicitó al juez Ortega Polanco, que
investigue sus cuentas y las de sus esposas e hijos, alegando vinculación con
Ángel Rondón, imputado en el caso Odebrecht, y que sería a través de ellos que
se habría entregado el dinero del soborno de la empresa brasileña a
funcionarios y congresistas.
Martínez Pozo y Alcántara hablaron
durante una rueda de prensa en el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), a la
que asistió su presidente Adriano de la
Cruz. Dijeron que no han sido
notificados por la justicia, y acusaron al jefe del ministerio público de tener
una persecución en su contra.
“La última de las acciones del
señor Procurador General de la República y la más concreta, es la solicitud que
ha hecho al magistrado Francisco Ortega Polanco, el juez especial que instruye
el caso Odebrecht, para realizar una investigación contra nosotros y nuestros
familiares”, so pretexto de que “pudiera ser o pudiera haber sido utilizado por
el imputado Ángel Rondón Rijo para la entrega de dinero producto del soborno a
funcionarios públicos y congresistas”, explicó Alcántara al leer un comunicado.
Atribuyeron esas acciones, a que
como periodistas han dedicado cientos de horas a tratar el caso de corrupción
más emblemático que se conoce en la historia nacional. y “hemos coincidido en denunciar la torpeza
procesal con que se ha dirigido la investigación desde la Procuraduría General de la
República”.
Alegaron que da la impresión de que
por razones “muy sospechosas” no se ha querido investigar el soborno que
pudieron haber hecho empresas locales a partir de los cuantiosos beneficios que
habrían recibido con sobrevaluación de parte
de todas las obras ejecutadas durante 13 años bajo investigación .
“Es decir, de las empresas
nacionales que sirvieron de contraparte local para la ejecución de los 17
proyectos que construyeron desde el 2001 al 2014 y ha desatado una persecución,
amenazas e intimidación en contra de los exponentes”.
Acusaron al procurador de haber
fracasado en el presunto intento de acallarlos,
“con mensajes contentivos, de amenazas y chantajes a través de
terceros”, a los que dijeron identificarán en su momento. Expresaron que la
computadora de Alcántara fue hackeada anoche, supuestamente por órdenes suyas.
Los comunicadores, que no aceptaron preguntas de los periodistas en la rueda de
prensa, señalaron que tienen más de 30 años en el ejercicio periodístico, con
empresas de comunicación establecidas conforme a las leyes, donde ofrecen
servicios de asesoría, producción y facturación de programas, y que el procurador ahora le da la oportunidad de
que se pueda comprobar “la transparencia con que nos hemos conducido en nuestra
vida pública y privada”.
ACUSADOS EN EL CASO ODEBRECHT
Los catorce acusados son el
exministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás; el presidente del
Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista; el exministro de Obras
Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el exdiputado del PRD, Ruddy González.
También el exadministrador de la
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez,
y el exdirector de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID),
Máximo De Oleo Ramírez. Además el exadministrador de la CDEEE, Radhamés Segura,
y el exdirector de Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
(INAPA), Roberto Rodríguez; los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín,
del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y el diputado Alfredo Pacheco,
vocero del bloque del PRM.
También Ángel Rondón, Conrado
Pitaluga y Bernardo Castellanos de Moya.
PLAZO DE UN MES PARA PRESENTAR ACUSACIÓN
A la Procuraduría General le queda
un mes para presentar su acusación formal en el caso de sobornos de la empresa
brasileña Norberto Odebrecht, que ha involucrado a funcionarios y legisladores
dominicanos.
La empresa brasileña admitió haber
pagado 92 millones de dólares en sobornos para hacerse con obras públicas en
República Dominicana, en medio de un escándalo internacional por prácticas
similares en otros países de la región.
El plazo de ocho meses que
inicialmente otorgó el juez especial Francisco Ortega al Ministerio Público
para presentar acusación fue extendido en febrero por otros cuatro meses.
Cuando se concedió esa extensión el
magistrado indicó que con el nuevo plazo la acusación debía ser presentada
hasta el 9 de junio del presente año.
“En el avance de estas indagatorias
han surgido nombres de empresas y personas. Los procedimientos de investigación
penal obligan a profundizar averiguaciones para esclarecer su participación.
Para esto es normal que se
soliciten documentaciones, se efectúen consultas, experticias y entrevistas
directas y presenciales”, reza un comunicado difundido el domingo por la
Procuraduría.
Los apresamientos del caso
Odebrecht comenzaron el lunes 29 de mayo de 2017, luego de semanas de espera y
expectativas. Las medidas de coerción contra los involucrados se impusieron el
7 de junio de ese mismo año, de modo que cuando concluya este proceso de
instrucción el caso llevará un año.
Fuente: www.listindiario.com.do
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