Juez argentino procesa a 19 exfuncionarios y empresarios en causa Odebrecht
Buenos Aires.- Un juez argentino procesó hoy a 19
personas, entre ellas exfuncionarios del Gobierno de Cristina Fernández
(2007-2015) y empresarios del sector privado, en una causa en la que se
investigan sobreprecios y sobornos en la adjudicación a Odebrecht de
la construcción de dos plantas potabilizadoras.
Según informaron fuentes jurídicas,
el procesamiento "por defraudación en perjuicio de la administración
pública" alcanzó a, entre otros, el extitular de la estatal Agua y
Saneamientos Argentinos (AYSA) Carlos Ben, el expresidente de la Cámara
Argentina de la Construcción Carlos Wagner y el empresario Aldo Roggio.
El juez Sebastián Casanello dispuso además a los encausados embargos de hasta de 790 millones de pesos (35,33 millones de dólares).
En concreto, se investigan los pormenores en torno a la ampliación de una planta potabilizadora en la localidad bonaerense en Tigre y una depuradora en la también bonaerense Berazategui, encargadas por la empresa estatal AYSA.
Para Casanello, se da por acreditado que las contrataciones estuvieron "direccionadas" para que resultaran adjudicatarias en la primera, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Odebrecht, Sucursal Argentina SA, Benito Roggio e Hijos SA, Jose Cartellone e hijos SA y Supercemento SA, y en la segunda, la UTE conformada por Construçoes y Comercio Camargo Correa, Sucursal Argentina y Esuco SA.
El juez entiende que hubo a través de cartelización un reparto irregular de la obra pública, al tiempo que se verificaron "incrementos presupuestarios injustificados" desde el inicio de los procesos licitatorios y modificaciones a los proyectos realizados por la propia AySA, que incorporaban "obra nueva por fuera de los originales, aumentando ilícitamente sus ventajas". EFE
El juez Sebastián Casanello dispuso además a los encausados embargos de hasta de 790 millones de pesos (35,33 millones de dólares).
En concreto, se investigan los pormenores en torno a la ampliación de una planta potabilizadora en la localidad bonaerense en Tigre y una depuradora en la también bonaerense Berazategui, encargadas por la empresa estatal AYSA.
Para Casanello, se da por acreditado que las contrataciones estuvieron "direccionadas" para que resultaran adjudicatarias en la primera, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Odebrecht, Sucursal Argentina SA, Benito Roggio e Hijos SA, Jose Cartellone e hijos SA y Supercemento SA, y en la segunda, la UTE conformada por Construçoes y Comercio Camargo Correa, Sucursal Argentina y Esuco SA.
El juez entiende que hubo a través de cartelización un reparto irregular de la obra pública, al tiempo que se verificaron "incrementos presupuestarios injustificados" desde el inicio de los procesos licitatorios y modificaciones a los proyectos realizados por la propia AySA, que incorporaban "obra nueva por fuera de los originales, aumentando ilícitamente sus ventajas". EFE
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