Vinculan negocios del país en las redes de corrupción

Una investigación de
16 meses, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ),
BuzzFeed News y unos 400 periodistas de 88 países en 110 medios, incluyendo el
equipo de El Informe con Alicia Ortega, revela reportes bancarios
confidenciales enviados a la FinCEN, Unidad del Inteligencia Financiera del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos, creada para seguir la ruta del
lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
La colaboración
periodística llamada FinCEN Files o Archivos de FinCEN, da una visión
generalizada del flujo de dinero que habría servido para financiar la
corrupción y la criminalidad a nivel mundial, reportes en los cuales República
Dominicana también aparece.
Según indica, más de
dos billones de dólares en transacciones provenientes de todo el mundo forman
parte de los archivos confidenciales, reportados por los bancos o instituciones
financieras con presencia en Estados Unidos.
Se trata de 2,100
archivos conocidos como reportes de actividades sospechosas, SAR por sus siglas
en inglés, que tienen a políticos, oligarcas y estafadores, entre otros, como
protagonistas en algunos países. Los archivos fueron filtrados a BuzzFeed en
mayo de 2019.
El medio compartió la
data, que contiene transacciones, realizadas entre 1999 y 2017, que ascienden a
más de dos billones de dólares (trillones en el sistema de Estados Unidos), con
el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Las instituciones
bancarias con presencia en Estado Unidos están obligadas por ley, a
reportar transacciones sospechosas a la FinCEN.
En siete
República Dominicana
aparece en por lo menos siete reportes, con pagos a través de remesadoras o
transacciones bancarias, aunque esta cifra no incluye las empresas offshore que
no tienen dirección en el territorio nacional, pero están vinculadas al país. Los
reportes que más llaman la atención son los vinculados a Odebrecht.
En octubre de 2016,
el banco Standard Chartered, institución que tiene presencia en 60
mercados del mundo, 14 de estos en Europa y Estados Unidos, envió a la FinCEN
un reporte de tres partes, sobre más de US$187 millones de dólares en pagos
sospechosos relacionados con cuentas en el Meinl Bank Antigua.
El banco fue
adquirido en 2010 por ejecutivos de la División de Operaciones Estructuradas de
Odebrecht “exclusivamente para lavar fondos”, escribió Standard Chartered,
citando el testimonio proporcionado a los fiscales brasileños por un ex
empleado de la constructora.
El informe de
Standard Chartered detalla las transacciones de 47 sujetos o empresas offshore
vinculadas a la multinacional, incluyendo una constructora dominicana, una
offshore de uno de los acusados por el caso de sobornos y otra offshore
asociada a pagos con el codinome García Careca.
Monto
Las transferencias
cuestionadas ascienden a más de 3.1 millones de dólares. “Todavía
están las informaciones a disposición en Brasil para que vayan a revisar, a
constatar, a hacer preguntas a los ejecutivos de Odebrecht, dijo a El Informe
con Alicia Ortega, Claudia Álvarez, experta en Cumplimiento, Gestión de Riesgo,
Anti lavado, Gobierno Corporativo y Ética.
“Ese es el acuerdo al
que se llegó” con la empresa y “debe ofrecer las informaciones”.
SEPA MÁS
Los detalles serán
hoy
En el Informe.
¿Cuáles son las empresas dominicanas vinculadas a los informes de transacciones
calificadas como sospechosas? ¿Qué dicen sus propietarios sobre los
cuestionamientos y que cooperación se recibió de Estados Unidos y otros países
alrededor del mundo en materia bancaria?. Todos estos detalles lo tendrán este
lunes a las 9 de la noche, en el Informe con Alicia Ortega.
El juicio es hoy.
Hoy arranca el juicio
de fondo contra los seis implicados en los sobornos que admitió haber
pagado la Constructora brasileña Norberto Odebrecht en República Dominicana,
por 92 millones de dólares, para obtener contratos de obras millonarias entre
el 2001 y el 2014.
En esta fase
corresponde a los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito
Nacional, que resultó apoderado del proceso luego que fue enviado a la
jurisdicción ordinaria, determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados
de varios delitos que se encuentran en libertad bajo fianza.
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