La expresidenta filipina Macapagal Arroyo sale en libertad tras cinco años

EFE- Manila. La expresidenta de Filipinas Gloria Macapagal Arroyo recuperó hoy la libertad tras cerca de cinco años de arresto en un hospital de Manila y dos días después de que el Tribunal Supremo desestimara un juicio por malversación.

Macapagal Arroyo abandonó en un vehículo el Veterans Memorial Medical Center sobre las 18.25 hora local (10.25 GMT) sin ofrecer declaraciones a las decenas de periodistas y seguidores que esperaban su salida del centro hospitalario.

"Nos ha dicho que quiere ir directamente a su casa", explicó el abogado Estelito Mendoza, uno de los letrados del equipo que defiende a la que fuera presidenta de Filipinas desde 2001 a 2010.

Una acusación por malversación de 366 millones de pesos (7 millones de euros o 7,8 millones de dólares) de las arcas de la lotería estatal retenía en el hospital a la política de 69 años y congresista por la provincia de Pampanga.

El Supremo rechazó la imputación el martes pasado por 11 votos a favor y cuatro en contra por falta de pruebas.

La defensa calificó el proceso de "intentos deshonestos de persecución política", mientras que la acusación, varios juristas y políticos de Filipinas se mostraron sorprendidos por la decisión del Supremo, que algunos consideraron "precipitada".

"Pudimos presentar pruebas firmes con más de 630 documentos y testimonios de muchas personas", explicó el miércoles en una rueda de prensa la Defensora del pueblo, Conchita Carpio-Morales, que no descartó que la expresidenta pudiera volver a ser arrestada.

Carpio-Morales dijo que investigan más casos de supuesta malversación relacionados con los citados fondos de la lotería estatal, pero en un periodo de tiempo distinto al procedimiento desestimado por el Supremo.

Pese a la victoria judicial de esta semana, Macapagal Arroyo, de 69 años, tienen pendientes otros juicios.

En 2011, fue detenida por presunto fraude en las elecciones legislativas de 2007, cargo que se castiga con la cadena perpetua.

Además, está acusada de tráfico de influencias, en relación al contrato público por valor de 329 millones de dólares que el Gobierno firmó con la empresa china de telecomunicaciones ZTE para la instalación de una red nacional de internet de alta velocidad.

Al poco de ser arrestada, la exmandataria ingresó en el Veterans Memorial Medical Center por problemas de salud y ha permanecido allí la mayor parte del tiempo de los últimos cinco años.

Le concedieron la libertad bajo fianza en julio de 2012, pero la perdió tres meses después, arrestada por los cargos que ha desestimado el Supremo esta semana.