Puerto Rico llama acreedores negociar devolución de deuda

 Nueva York. EFE. El Gobierno de Puerto Rico instó ayer a sus acreedores a negociar los términos de devolución de la deuda, sin ofrecerles nada en concreto, y evitar así las consecuencias de un litigio ante los tribunales estadounidenses que puede ser largo y costoso.

Este fue el mensaje transmitido ayer a los bonistas de la isla durante la primera reunión que el Gobierno de Puerto Rico mantuvo con ellos para tratar de convencerlos de la necesidad de renegociar los términos de la devolución de una deuda que asciende a 72,000 millones de dólares y que asfixia las cuentas de un territorio de 3.6 millones de habitantes.

Durante la reunión, que se prolongó por poco más de una hora en un auditorio de la sede de Citigroup en Manhattan, Jim Millstein, exempleado del Tesoro de EE.UU. y que ejerce como asesor de Puerto Rico en estas negociaciones, animó a los acreedores de la isla a mejorar su disposición a negociar, en beneficio de todas las partes, pero rehusó concretar propuestas.

Por su parte, la máxima responsable de las finanzas de Puerto Rico, Melba Acosta, aseguró que para superar la crisis se requieren sacrificios de todas las partes, tanto de la sociedad y el Gobierno puertorriqueños, como de los acreedores.

Según explicaron, un litigio “interminable” derivado de la incapacidad de la isla de pagar los intereses de la deuda tal y como se acordó en su día dañaría aún mas su situación financiera, lo que perjudicaría también a los acreedores, que tendrían más difícil recuperar su inversión.

“Estamos comprometidos a trabajar con todas las partes para asegurarnos de que Puerto Rico está en el camino correcto hacia la recuperación, y esperamos contar con ustedes en este proceso”, dijo Acosta.

En tanto, un pequeño grupo de manifestantes se apostaba ante la sede de Citigroup para reclamar a los acreedores que ayuden a la isla a salir del atolladero financiero en el que está envuelta. En ese sentido, expresó el compromiso del Gobierno a presentar en un mes y medio un plan fiscal “creíble” a cinco años, cuyo cumplimiento esté garantizado por una junta independiente que ayude a darle la credibilidad de la que en la actualidad adolece la isla ante los mercados financieros.