Namphi Rodríguez dice la Constitución no es “un pedazo de papel”
El abogado Namphi Rodríuez advirtió que actualmente no es
posible hacer una reforma constitucional para modificar el modelo de
presidencialismo dominicano, puesto que la Carta Magna establece que esa
enmienda debe ser ratificada por un referendo aprobatorio reglado por una ley orgánica
que no ha sido sancionada por el Congreso.
El presidente de la Fundación Prensa y Derecho dijo
que los artículos 210 y 272 de la
Constitución establecen que cuando las reformas versen sobre aspectos
fundamentales del ordenamiento político deben ser ratificadas por un refendo
especial que sólo se puede convocar en virtud de una ley preexistente que
regule el procedimiento.
“Para ese tipo de reformas debe existir previamente
una ley que regule el referendo aprobatorio, que es un refendo especial que ha
de convocar la Junta Central Electoral 60 días después de la reforma
constitucional y al que debe concurrir por lo menos el 30 por ciento de los
ciudadanos inscritos en el registro electoral”, puntualizó.
El jurista indicó que tras la reforma constitucional
del 2010 se debió dar paso a la aprobación de una ley sobre referendo, por lo
cual existe un vacío que impide completar el procedimiento constitucional para
ese tipo de reformas.
Rodríguez recordó además que en la especialidad del
sistema electoral dominicano no es permitido hacer reformas en los años
preelectorales.
“Se trataría de una violación del principio de
legalidad que contaminaría la legitimidad de la reforma y traería gran
incertidumbre entre los actores del sistema político”, añadió.
Expresó que hacer una reforma como “un traje a la
medida” de las autoridades actuales para satisfacer un afán continuista es un
acto que rompe con la tradición democrática del partido de gobierno y que “se
inscribe en el conservadurismo político de los siglos XIX y XX que considera la
Constitución como “un pedazo de papel” y no como una Carta de Garantías”.
Indicó que lo que procede es que el presidente Danilo
Medina y la clase política se aboquen a pactar la aprobación de ese sistema de
garantías políticas e institucionales para que inmediatamente trascurran las
próximas elecciones modificar la Ley Electoral y sancionar una ley de partidos
y una de referendos.
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