La democracia brasileña queda bajo sospecha con las delaciones de Odebrecht
Brasilia.- La democracia que Brasil recuperó en
1985 tras 21 años de dictadura está desde hoy bajo sospecha, tras la revelación
de que la corrupción pudiera haber salpicado a todos los presidentes que el
país tuvo desde la caída del régimen militar.
Entre el
centenar de políticos citados en los testimonios que han prestado exdirectivos
del grupo Odebrecht en el marco de un acuerdo de cooperación judicial en torno
al caso Petrobras, están los cinco expresidentes vivos que tiene el país, que
gobernaron desde la recuperación de la democracia, hace ya 32 años.
Se trata de
José Sarney (1985-1990), Fernando Collor de Mello (1990-1992), Fernando
Henrique Cardoso (1995-2002), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma
Rousseff (2011-2016). Sobre todos ellos pesan serios indicios que, según el
magistrado Edson Fachin, instructor del caso Petrobras en la Corte Suprema, son
suficientes para sospechar que incurrieron en actos de corrupción y, para más
males, de tipo electoral, que deberán ser evaluados en las instancias
inferiores, pues carecen de la condición de aforados, salvo Collor que es
senador.
El actual
presidente, Michel Temer, también fue citado en los testimonios prestados por
los exdirectivos de Odebrecht, pero no será investigado por ahora, pues la ley
impide que un mandatario sea juzgado por hechos ocurridos antes del inicio de
su mandato, que en su caso comenzó en agosto pasado, tras la caída de Rousseff.
El cargo de
Temer, sin embargo, está en juego en un proceso que tramita en la justicia
electoral por supuestas irregularidades en la campaña que, en 2014, llevó a la
reelección de la fórmula que integraba como vicepresidente con Rousseff, quien
fue destituida por violaciones de las leyes de presupuestos.
Más allá de
comprometer a los responsables de dirigir el país durante las últimas tres
décadas y media, esos testimonios implican a los actuales presidentes de la
Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y del Senado, Eunício Oliveira.
La larga
lista de políticos bajo sospecha incluye también a ocho ministros del actual
Gobierno, a decenas de legisladores, que representan el 30 % del Senado y el 10
% de la Cámara de Diputados, y a doce de los 27 gobernadores del país.
Para muchos
analistas, las delaciones de Odebrecht son una daga en el corazón de la propia
democracia que el país construyó en los últimos 35 años, en los que la poderosa
empresa constructora ya ha admitido que la corrupción fue constante, sobre todo
en lo relativo a la financiación de campañas electorales. “Siempre fue un
modelo reinante en el país. Eso siempre existió y viene ya desde la época de mi
padre”, declaró a la justicia Emilio Odebrecht, hijo de Norberto Odebrecht,
quien fundó en 1944 el grupo que se hizo fuerte con la contratación de obra
pública.
Emilio
Odebrecht confirmó en su testimonio la complicidad que existía con los
políticos en el poder, que facilitaban la concesión de obras a cambio de
financiación para campañas, que no siempre era legal. Así como ponen en tela de
juicio la forma en que fueron elegidos para cargos públicos cientos de
políticos en los últimos años, las delaciones de Odebrecht también pudieran
comprometer el futuro, pues salpican a varios de los posibles candidatos a la
Presidencia para las elecciones que se deben realizar en octubre del año
próximo.
Uno es Luiz
Inácio Lula da Silva, el líder más carismático que ha dado la democracia
brasileña, quien ya responde ante la justicia en cinco juicios por supuesta
corrupción y ahora puede ser investigado en otros seis procesos, según solicitó
este martes el Supremo.
Pese a su
delicada situación judicial, Lula lidera las encuestas de opinión con una
intención de voto cercana al 40 %, aunque aún se desconoce el impacto que
pudieran tener en su imagen unas nuevas investigaciones o eventuales condenas.
Además de Lula, entre los dirigentes que pueden ser investigados está Geraldo
Alckmin, gobernador de Sao Paulo y posible candidato del Partido de la Social
Democracia Brasileña (PSDB) en 2018.
De esa
influyente formación, que fundó el exmandatario Fernando Henrique Cardoso,
también figura en la lista de Odebrecht su actual presidente, Aécio Neves,
derrotado en las presidenciales de 2014 por Rousseff y también posible
candidato para el año próximo. Según las leyes electorales brasileñas,
solamente una condena en segunda instancia le impide a un político postular
para un cargo de elección popular.
De ese modo,
las eventuales candidaturas pasarán a depender de los tiempos de una justicia
burocrática y lenta, que en promedio se lleva hasta cinco años para juzgar a un
político. Las acusaciones sobre financiación ilegal se expanden también al
sector privado y salpican a la influyente Federación de Industrias del Estado
de Sao Paulo (Fiesp), cuyo presidente, Paulo Skaf, ha sido citado entre los
beneficiados por la corrupción. EFE
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