Discurso de Leonel Fernández sobre reforma constitucional y reelección presidencial
Me dirijo a Uds. esta noche porque
estoy consciente que debido a las tensiones suscitadas por el intento de reformar la Constitución de la
República con el propósito de hacer posible la reelección presidencial, hay
mucha intranquilidad y nerviosismo en distintos sectores de la vida nacional, y
mucha angustia y ansiedad dentro de las filas del Partido de la Liberación
Dominicana.
Lo primero que debo decir al respecto
es que contrario a la percepción que ha querido crearse, mi observación a la
referida reforma constitucional no obedece al
hecho de que sea un ambicioso, un
mezquino o un obstinado que desafía todos los obstáculos , aunque las
circunstancias, supuestamente, no le
favorezcan.
Nada más descabellado. Mi observación
no obedece a razones tan innobles. Resulta, más bien, de una convicción; de valores y de principios que he
sustentado con mi propia conducta o
proceder, a lo largo del tiempo, cuando
requerido por la dinámica de los acontecimientos, he tenido que adoptar
decisiones sobre el particular.
Por ejemplo, muchos recordarán que
durante mi primera gestión de gobierno, allá por el 1998, el presidente del
Senado, Amable Aristy Castro, del Partido Reformista Social Cristiano, me hizo
pública la propuesta de reformar la Constitución de la República a los fines de
hacer posible la reelección presidencial.
El senador Aristy Castro incluso me
visitó a mi casa para persuadirme de la necesidad de realizar la susodicha
reforma. Al senador Aristy Castro le agradecí su gesto de confianza hacia mi
persona, pero inmediatamente le expresé mi desacuerdo con su proyecto de
reforma constitucional.
Pero el senador reformista no se daba
por vencido. Poco tiempo después volvió, pero esta vez acompañado del Dr.
Donald Reid Cabral, quien también se sumó a la causa de la necesidad de la
reforma del texto sustantivo de la nación.
A ambos les reiteré mi negativa, pero
había tal vehemencia y ardor en sus planteamientos que me pidieron visitar al
Dr. Joaquín Balaguer, para escuchar directamente de sus labios el mensaje que
me habían estado transmitiendo.
Visité a la legendaria figura de la
política dominicana y hombre poseedor de una cultura enciclopédica, en su
residencia de la Avenida Máximo Gómez No. 25. Allí conversamos sobre diversos
tópicos, pero muy especialmente sobre el
tema que nos concernía: el de la reforma constitucional para viabilizar la
reelección presidencial.
Escuché con gran atención e interés al
viejo zorro de la política discernir sobre la inevitabilidad de modificar
nuestra Carta Sustantiva, en razón de las graves amenazas de inestabilidad y
retroceso que se cernían sobre el país ante la posibilidad de que la oposición
saliese triunfante en las urnas.
En todo caso, lo que le manifesté, en
medio de la gratitud y el respeto, fue mi desacuerdo, fundamentado en el hecho
de que no me parecía aconsejable modificar la Constitución para beneficio
propio; y en razón de que la última vez que en la historia de la República se
había intentado hacer, en la época de Horacio Vásquez, le abrimos las puertas a la larga tiranía de
Rafael Leónidas Trujillo.
Mis argumentos no le parecieron
convincentes. No estuvo satisfecho con mi decisión, pero finalmente la
aceptó. Acordamos mantener la
comunicación ante cualquier otra eventualidad. Nos dimos un fuerte abrazo; y
finalmente, nos despedimos.
Como siempre, tomé la decisión que
entendía correcta, guiado por mis principios. Años más tarde, con el apoyo de más de dos millones de
votantes, por primera vez en la historia electoral de la República Dominicana,
sin tener que haber modificado la Constitución, retornamos al poder en el 2004.
Con este triunfo del pueblo
dominicano, desde el gobierno logramos recuperar la confianza, que estaba
completamente perdida. Se redujo la tasa de cambio, que de 57 pesos por cada
dolar, se colocó, de manera inimaginable, a tan solo 28 dólares por cada peso.
La inflación bajó. La economía se estabilizó y volvió a crecer por encima del 7
por ciento del Producto Interno Bruto. Se generaron nuevos empleos. Se
aplicaron, de manera activa y eficiente, políticas sociales que hoy son ejemplo
para toda la región; y se disminuyó, en forma significativa, el nivel de pobreza.
Como consecuencia de esos logros,
obtuvimos, nuevamente, el respaldo mayoritario del electorado en los comicios
de medio término del año 2006. En esa oportunidad, conquistamos, por vez
primera, como Partido de la Liberación Dominicana, el mayor número de
Senadores, Diputados y Alcaldes en el espectro político nacional.
Debido a esa resonante victoria,
proclamé que la ruptura histórica experimentada con el golpe de Estado contra
el gobierno del profesor Juan Bosch, en el 1963, se había vuelto a reencontrar
con el triunfo de las fuerzas peledeístas en el 2006.
Entonces afirmé que el boschismo había
vuelto a ser mayoría en la República Dominicana, y que esa era la ocasión
precisa para continuar la Revolución democrática institucional que el líder y
fundador de nuestro glorioso Partido de la Liberación Dominicana, profesor Juan
Bosch, el más agudo pensador y analista político nacional, había iniciado desde
sus luchas en el exilio y tras la muerte de Trujillo.
En razón de que la Constitución fue
modificada en el 2002 por mi antecesor, no tenía ningún impedimento
constitucional ni legal para presentarme a un segundo mandato consecutivo en el
año 2008. Así lo hice, obteniendo nuestro Partido de la Liberación Dominicana
un nuevo triunfo, a pesar del impacto de la crisis económica global, que
condujo a un incremento inusitado de hasta 147 dólares el barril de petróleo, y
a alzas desmesuradas del precio de los alimentos, fruto de la especulación
financiera de contratos a futuro de productos básicos.
El 2010 fue memorable. En esa ocasión,
todo el mapa electoral de la República Dominicana fue teñido de morado. Se había logrado lo que
nunca antes organización política alguna había alcanzado en la historia política de la República
Dominicana: haber ganado 31 de de las 32 provincias del país.
Todo eso, naturalmente, era posible
por la estabilidad, el crecimiento, el desarrollo, el progreso, la
modernización, la institucionalización y
el bienestar que venía experimentando nuestro país, bajo la conducción del
Partido de la Liberación Dominicana.
Los representantes de organismos
multilaterales, las delegaciones diplomáticas acreditadas en el país, las
agencias calificadoras de riesgo, los diversos núcleos empresariales, los
dirigentes sindicales, los visitantes extranjeros y los compatriotas que
retornaban al lar patrio, todos sólo expresaban palabras de encomio y de
asombro frente a los cambios que se erigían ante sus ojos, como testigos de
excepción.
Y así, de esa manera, las agujas del
reloj se movían de manera indetenible hacia la celebración de nuevos comicios
presidenciales en el 2012. Pero desde un año antes, en el 2011, la
efervescencia de la campaña empezó a sentirse. Se realizaban distintos actos en
favor de una nueva reelección. Las diversas encuestas que se hacían, nos
colocaban como favorito para ganar en primera vuelta.
Como parte de esos eventos, 27
Senadores me giraron una visita al Palacio Nacional sólo con el propósito de
expresarme su solidaridad y apoyo ante cualquier decisión que adoptase con
respecto al tema de la reelección. Igual ocurría con la mayoría de los
Diputados y Alcaldes de nuestra organización política, quienes querían arrimar
sus hombros y hacer causa común conmigo ante la eventualidad de una nueva
candidatura presidencial.
Finalmente, aconteció lo
insólito. Se celebró un solemne, apasionante y masivo acto
en el Centro Olímpico Juan Pablo
Duarte, para hacer entrega de 2 millones 400 mil firmas de ciudadanos, en el
que se nos solicitaba aceptar una nueva candidatura a la Presidencia de la
República por el Partido de la Liberación Dominicana.
A pesar de todo el apoyo manifestado,
de los grandes encuentros realizados y
de todos los testimonios de respaldo, lo que hice fue pronunciar un discurso en
el que expresé mi preocupación en el sentido de que si intentase responder
positivamente a las peticiones de diversos sectores en favor de una nueva
candidatura presidencial en el año 2012, se estaría reproduciendo una antigua y
rechazada práctica histórica nacional de pretender perpetuarse en el poder.
No es esta la primera vez que lo digo.
Eso lo expresé en el 2011, cuando tenía un respaldo abrumador, dentro y fuera
de nuestro Partido; y cuando todas las encuestas señalaban que ganaría en
primera vuelta con porcentajes parecidos a los de elecciones anteriores.
A pesar de todo eso, no cambié la
Constitución para reelegirme. No l o
hice en el 1998, cuando me pedían a voz en cuello que me amarrara los pantalones; ni lo hice en el 2011, cuando
no claudiqué, ni ante el reclamo de las
multitudes, ni ante los números de las encuestas.
La razón era muy sencilla. No lo hice
por mi profundo respeto por la Constitución de la República; y por mi
inocultable temor de que la democracia, por la que tanta sangre se ha
derramado, fuera a sucumbir una vez más.
En el 2012 hice fue lo que me
correspondía hacer, tanto por mi condición de Presidente del Partido de la
Liberación Dominicana, como por lo que me dictaba mi propia conciencia, que era
apoyar en cuerpo y alma a nuestro candidato presidencial, compañero Danilo Medina,
a los fines de que pudiera coronar con éxito sus aspiraciones de subir las
escalinatas del Palacio Nacional.
Nuestro candidato estaba 25 puntos por debajo en las encuestas. Pero
decidimos trabajar unidos, como corresponde siempre dentro del Partido de la
Liberación Dominicana. Creamos tres frentes de batalla. Recorrimos todo el
territorio nacional. Concitamos, una vez más el apoyo nacional; y volvimos a
ganar en primera vuelta.
Sé que en determinados círculos de
opinión se sostiene el argumento de que el propósito de la reforma a la
Constitución del 2010 fue el de rehabilitar mis posibilidades de retorno al
poder. Nada más incierto. La reforma constitucional del 2010 no se hizo con esa
finalidad.
Al revés, esa fue una reforma
integral, pactada con todos los sectores de la vida nacional, mediante un
mecanismo de consulta popular, como no se había hecho nunca en la historia
nacional, que abarcó la casi totalidad de la Carta Sustantiva, motivo por el
cual muchos abogaban que se hiciese bajo la forma de una Asamblea
Constituyente.
En
lo concerniente al actual sistema de elección presidencial, no fue mi
criterio el que prevaleció. Fue el de otras fuerzas que consideraron que era
más adecuado volver al modelo alternativo de la Constitución del 1994, que
continuar con el mecanismo impuesto en
la reforma del 2002.
Pero mi desapego y desinterés por
ocupar cargos no proviene únicamente de haber desestimado en dos ocasiones
reformar la Constitución para reelegirme. Eso viene de muchos años atrás,
cuando, por ejemplo, en el 1986 fui escogido como Diputado por el Distrito
Nacional, y a pesar de haber sido despojado injustamente de esa elección, no
presenté un solo motivo de agravio ante las autoridades de nuestro Partido.
Lo mismo volvió a ocurrir en el 1990.
En esa ocasión se me pidió , nueva vez, abandonar la boleta como eventual
candidato a Diputado por el Distrito Nacional, porque, supuestamente, se tenía previsto que ocuparía la función de
Canciller de la República, en el caso hipotético de un triunfo en las urnas.
Luego de los acontecimientos que
frustraron la llegada al poder de nuestra organización en esas elecciones, un
compañero, tal vez con el propósito deliberado de zaherirme, en tono sarcástico, me expresó:
¨Tu sabes que si hubiésemos ganado, a ti sólo te habrían propuesto la posición
de Vice-canciller.¨
Mi respuesta le sorprendió. Sólo atiné
a decirle: ¨Pero es que como Vice-canciller todavía habría sido demasiado para
mí.¨
Posteriormente, en el 1993, cuando se
me sugería ser candidato a la Vice-presidencia para las elecciones del año
siguiente, en 1994, decliné amigablemente la propuesta, y hasta propuse quien sería el compañero más idóneo para tan
alta distinción.
Todo este relato lo he traído a
colación para indicar que en todo lo largo de mi trayectoria política, tal
vez de manera atípica, nunca me he
procurado cargos o puestos. Los que se han conquistado a lo largo de los
años, han sido sobre la base del
reconocimiento espontáneo y generoso de núcleos de amigos y compañeros que
simplemente han confiado en mí; y han
creído ver en mi persona determinadas
cualidades que les atraen y les simpatizan.
Pero ni antes ni ahora mi lucha jamás
ha sido por un cargo. Antes como en la actualidad, lo que siempre me ha animado
es la lucha por una causa. Por una causa que considere justa, noble y valedera.
Y en estos momentos, la causa que
asumimos es la del respeto por nuestra Constitución, la defensa de nuestra
democracia y nuestro Estado de Derecho. Lo
hago porque como principal promotor o auspiciador de la actual Carta
Magna, sin que nadie me haya dado mandato para ello, me siento, sin embargo, en
la obligación moral de ser su guardián, su vigilante y su centinela, al igual
que todo el pueblo dominicano.
Pero, más aún, lo hago porque percibo
que en nuestro medio no se ha llegado plenamente a comprender que el objetivo
fundamental de una Constitución es el de
establecer los límites al ejercicio del poder político.
La Constitución, además de disponer la
protección y garantía del disfrute de los derechos fundamentales, contiene las
reglas del juego político; y es como el semáforo en rojo que indica cuando hay que
detenerse.
En la historia nacional ha habido
quienes osadamente han modificado nuestra Ley de Leyes, para continuar su
marcha desenfrenada, aún con la luz en rojo.
Y eso es lo que no podemos permitir
que ocurra nunca.
Un destacado jurista y filósofo
italiano del siglo XIX, Gian Domenico Romagnosi, llegó a sentenciar que ¨La Constitución es la ley suprema
que un pueblo impone a sus gobernantes con el objeto de precaverse contra el
despotismo.¨
Parafraseando a Winston Churchill, el
símbolo de la resistencia contra los nazis durante la Segunda Guerra
Mundial, la Constitución ¨no es un sofá
que toma la forma de la última persona que se sentó en él.¨
En definitiva, la Constitución tiene
una función de legitimación del poder político, tanto en su origen como en su
desempeño. Para ella, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien
emanan todos los poderes, los cuales ejerce en los términos establecidos por la
propia Constitución y las leyes.
Todo lo que se haga contrario a la
Constitución es nulo. La Constitución es la fuente del Estado Democrático y
Social de Derecho. Es la garantía del respeto a la dignidad de las personas;
del derecho a la vida; a la libertad de expresión; a la integridad personal; a
la libertad de conciencia y cultos; del derecho al honor, a la educación, a la
salud y al trabajo.
Hace exactamente 50 años el pueblo
dominicano se levantó en armas, en la gloriosa gesta heroica del 24 de abril de
1965, exigiendo el restablecimiento de la Constitución de la República, que
había sido vilmente conculcada, infringida y quebrantada, por los autores de la
asonada militar de septiembre de 1963, que puso fin, de manera abrupta, al
primer ensayo democrático post-dictadura de Trujillo, encabezado por ese gran
maestro de la política y la literatura, el profesor Juan Bosch.
Nosotros, los miembros y dirigentes
del Partido de la Liberación Dominicano somos los legatarios universales de ese
gran movimiento que fue la Revolución de Abril, pues sin ese acontecimiento, el
líder y fundador de nuestro Partido no habría evolucionado en su pensamiento,
dejándonos de esa manera huérfanos de una orientación que nos sirviera para
convertirnos en los arquitectos de nuestro propio destino.
Sin Constitución no hay patria. Sin
Constitución no hay nación; no hay familia.
Sin Constitución todos nuestros derechos son desconocidos. Sin
Constitución podemos ser esclavizados, tratados sin dignidad, sin respeto, sin
honor. Sin Constitución, sencillamente, no existimos.
Por eso debemos conocer, respetar y
honrar nuestra Constitución. Sólo ella nos protege contra la arbitrariedad, el
despotismo, la tiranía y la opresión.
Dominicanas y Dominicanos:
El pasado 30 de abril fue depositado
por ante el Senado de la República, un proyecto de ley que declara la necesidad
de reformar la Constitución de la República en su artículo 124.
Ese proyecto de ley fue presentado por
13 honorables miembros de esa cámara legislativa, conforme al artículo 269 de
la Constitución, según el cual nuestra Carta Sustantiva ¨podrá ser reformada si
la proposición de reforma se presenta en el Congreso Nacional con el apoyo de
la tercera parte de los miembros de una u otra cámara, o si es sometida por el
Poder Ejecutivo.¨
El objetivo del proyecto de ley, como
acaba de indicarse, es el de reformar el artículo 124 de la Constitución, que
dice así:
¨El Poder Ejecutivo se ejerce por el o
la Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto
directo y no podrá ser electo para el período constitucional siguiente.¨
El proyecto de ley para reformar la
Constitución lo que indica es lo que sigue:
¨Artículo 1.- Se declara la necesidad
de modificar el artículo 124 de la Constitución de la República del 26 de enero
del año 2010, así como el establecimiento de un artículo tran]-sitorio en el
texto de la misma, conforme se indica en el siguiente artículo.
¨Artículo 2.- La presente reforma
tiene por objeto:
¨a) permitir que el Presidente de la
República disponga del derecho de poder optar por un segundo y único período
constitucional consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo.
¨b) establecer un artículo transitorio
en que se consigne de que en el caso eventual
de que el Presidente de la
República actual, correspondiente al período 2012-2016, sea candidato presidencial para el período 2016-2020, no podrá
presentarse para el siguiente y para ningún otro.¨
Como ha podido constatarse, el
objetivo de la reforma constitucional es el de hacer posible la reelección
presidencial para un segundo período consecutivo, y que luego no pueda
postularse jamás.
Como he expuesto de manera consistente,
estando en el poder o fuera de él, siempre he estado de acuerdo con la
reelección presidencial como figura jurídica, porque, en realidad, cuatro años
resultan pocos para un gobierno que está realizando una buena labor.
Por eso, en el caso de que así lo contemple
la Constitución, al momento de iniciarse el mandato presidencial, como fue mi
caso en el 2008, lo ideal es que el
pueblo decida en las urnas, y que el representante del Poder Ejecutivo pueda
tener la oportunidad de reelegirse para un segundo período consecutivo.
Ese es el modelo norteamericano, que
empezó como costumbre cuando luego de haber agotado dos períodos consecutivos
de cuatro años, George Washington, el primer presidente, no sólo de los Estados
Unidos, sino del mundo, pasó a retiro.
Esa práctica continuó con John Adams,
Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe y todos los ejecutivos
norteamericanos, hasta Franklin Delano Roosevelt, que por el hecho de la Gran
Depresión, en la década de los treinta, y la Segunda Guerra Mundial, fue electo
cuatro veces para ocupar la Casa Blanca.
Fue después de Roosevelt, en la
Enmienda No. 22 de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada el 27 de
febrero de 1951, que vino a instituirse, por vía constitucional, de sólo dos
períodos presidenciales, y nada más.
Pero ni siquiera en nuestra propia
región de América Latina y el Caribe, ese sistema norteamericano tiene carácter
de validez universal. En México, por ejemplo, es un solo período de seis años,
llamado sexenio. En Colombia, después del presidente Álvaro Uribe, dos períodos
de cuatro años. Igual en Argentina. En Brasil, son dos períodos consecutivos,
brincar el tercero, y poder volver.
En Chile y Uruguay es igual que aquí:
un período sí y otro no. En Venezuela, es indefinido.
En resumen, lo que quiero hacer
significar es que no existe un modelo único de agotamiento de períodos
presidenciales, aceptado de igual manera por todos. Por tanto, no es válida la
idea de que la reelección presidencial, por su propia naturaleza, es mala. No
es así. Si hubiese tenido esa creencia, no
habría sido candidato a la reelección en
el 2008 para un segundo período consecutivo.
El debate, más bien, gira en torno a
si es apropiado, si es correcto modificar la Constitución con el único
propósito de hacer potable la reelección presidencial.
Por mi trayectoria personal, ya se
sabe que no soy partidario de ese tipo de acción. Me inclinaría por el criterio
de realizar esa modificación cuando recaiga en un momento que no beneficie al
incumbente, esto es, al presidente de turno, para de esa manera no
resquebrajar la institucionalidad.
Más aún, considero que en casos
de trascendencia tal, como el de una
modificación a la Carta Magna, que involucra el interés de la nación, la
fórmula más adecuada y eficaz para salir hacia adelante, es mediante el
diálogo, la construcción de consensos y la unificación de criterios, tanto
dentro del propio Partido, como en toda la sociedad.
Así se hizo con la reforma
constitucional del 2010, en la que las distintas organizaciones cívicas del
país fueron invitadas a participar de una consulta popular, en la cual
expresaron sus propuestas sobre cómo debía quedar organizado el Estado
dominicano del siglo XXI.
En adición al mecanismo de las
consultas populares, se creó una comisión de 15 juristas expertos en Derecho
Constitucional, que contribuyeron con el diseño técnico jurídico final de las
propuestas.
De esa manera, en comunicación
constante con todas las fuerzas vivas de la nación, en forma abierta y
democrática, se realizó la más profunda y progresista reforma constitucional en
nuestro país, después de la histórica y emblemática del 1963.
En síntesis, aunque desde mi
perspectiva no es lo más idóneo ni es lo más apropiado, tampoco es que una
Constitución no pueda modificarse para hacer posible un segundo mandato
presidencial consecutivo.
Desde el punto de vista jurídico, se
puede. Lo que ocurre es que tiene que hacerse respetando el procedimiento
consagrado en la propia Constitución.
En ese aspecto, me preocupa que en el debate que ha surgido para
modificar nuestra Carta Sustantiva, se quiera desconocer que la ley que convoca
a la Asamblea Nacional Revisora sea una
ley orgánica, la cual, por consiguiente, requiere de la aprobación de las dos
terceras partes de los presentes, tanto
del Senado como de la Cámara de Diputados.
Se comprende que si para someter
dicho proyecto de ley, se requiere que
no sea un solo Senador o un solo Diputado, sino una tercera parte de los
miembros del Senado, o una tercera parte de los miembros de la Cámara de
Diputados, es porque se trata de algo no
ordinario, sino especial.
Luego, si conforme al artículo 271 de
nuestra actual Constitución, para aprobar la reforma propuesta, la Asamblea
Nacional Revisora, que es la reunión de ambas cámaras, Senado y Cámara de
Diputados, requiere las dos terceras partes de los votos, ¿ por qué razón,
entonces, se le quiere negar la
condición de orgánica a la ley que declara la necesidad de reformar la
Constitución?
Eso, que parece un debate, más para
abogados que para el resto de la ciudadanía, tiene, sin embargo, una
trascendencia enorme para el futuro de nuestra democracia.
Porque lo que estamos discutiendo es
si nuestra Constitución debe ser rígida o flexible. Si es rígida es difícil de
modificar, que es lo que se desea para cualquier Constitución en el mundo. Si
es flexible, entonces se hace susceptible de ser modificada por cualquier
capricho, quebrantándose, de esa manera, el Estado de Derecho.
Pero, además, me preocupa que se tejan
ardides y se elaboren argucias para eludir el hecho de que una reforma como la
que se está planteando requiera de algún mecanismo de legitimación popular,
como sería el caso, por ejemplo, de un referendo aprobatorio.
Para aspirar a reformar la actual
Constitución de la República y hacer posible la reelección presidencial, se
parte de la premisa del enorme respaldo que recibe el Presidente de la
República, en las distintas mediciones o encuestas que se realizan.
Sobre esa base, se ha levantado la
consigna que se lee en letreros, en distintas partes del país, de que el pueblo
es el que manda.
Comparto esa opinión. El pueblo es el
que manda; y si es así, dejemos que sea el pueblo el que efectivamente se
exprese mediante la realización de un referendo aprobatorio, para que diga
directamente si quiere o no la reforma constitucional, conforme al artículo 272
de nuestra Constitución.
Ese sería un ejemplo hermosísimo de
democracia directa, como nunca antes se ha visto en la historia nacional. De
esa manera, nuestro Partido de la Liberación Dominicana estaría a la altura de
las grandes expectativas nacionales, se cubriría nuevamente de gloria, y
dejaría escrito un nuevo capítulo ejemplarizador en las luchas de nuestro
pueblo por la democracia y la libertad.
Yo mismo me sumaría con entusiasmo a
esa gran jornada cívica. Recorrería el país nuevamente, junto a todo el que se
sienta identificado conmigo, en favor de que el pueblo manifieste su voluntad
en favor del cambio a la Constitución.
Se que lo que late en el corazón de
todos los miembros de la alta dirección de nuestro Partido es que en estos
momentos, por lo que refieren las encuestas, el compañero presidente Danilo
Medina es quien se encuentra en mayores posibilidades de garantizar un nuevo
triunfo morado en las urnas.
Si la Constitución permitiera la
reelección presidencial, como ocurría en el 2008, todo sería muy fácil. Esta
discusión no se habría suscitado. Todos estaríamos apoyando a nuestra mejor
opción. Pero resulta que la Constitución no lo permite.
Aún así, no es mi propósito erigir
obstáculos en las aspiraciones legítimas de triunfo que todos albergamos; y
aunque por convicción y trayectoria, como he sostenido, no soy partidario de
modificar la Constitución con el único propósito de hacer posible la reelección
presidencial, me inclinaría reverentemente y con humildad ante lo que sería la
voluntad del pueblo, expresada en un referendo.
Ya lo decía Abraham Lincoln, ese
gigante de la lucha por la libertad, que salvó a su nación de la inminencia de
una gran división, en medio de la Guerra de Secesión, para liberar a los
esclavos, al afirmar: ¨La democracia es el régimen del pueblo, para el pueblo y
por el pueblo.¨
Nunca temamos al pueblo. Dejemos que
el pueblo hable. Así lo manda nuestra Constitución.
En nuestro humilde criterio, el proyecto de reforma que se ha depositado en
el Senado de la República, no ofrece, por sí solo, suficientes garantías ni seguridad jurídica en el sentido de que la
reforma que se quiere hacer en la actualidad, no volverá a repetirse en el futuro.
No es que se ponga en dudas la palabra o las sanas intenciones de los Senadores que han
formulado la propuesta de reforma constitucional. Es que, sencillamente, el
artículo transitorio que se aspira a consignar dejaría tan vulnerable la posibilidad de reformar
nuestra Constitución en el futuro, como en la actualidad interpretan algunos
miembros de nuestra comunidad jurídica que puede hacerse, esto es, sin aprobación de ley orgánica ni realización de referendo aprobatorio.
Eso, naturalmente, sería sumamente
peligroso para el porvenir de nuestro pueblo. Sería nefasto. Sería
catastrófico, ya que dejaría las posibilidades abiertas para que en la
posteridad surja algún aventurero que
modifique de nuevo la Constitución, pero
esta vez para establecer la reelección indefinida, e intentar
perpetuarse en el poder.
Así tendríamos el Trujillo del siglo
XXI, que vendría a cercenar nuestras libertades, a mutilar nuestra dignidad y a
truncar nuestro porvenir como pueblo.
Eso no lo podemos permitir. La
historia condenaría a nuestra generación como irresponsable, irreflexiva e insensata, pues advirtiendo el
peligro y la amenaza que significaba para el futuro de nuestra democracia, de
nuestra sociedad y de nuestras familias,
no tuvimos el valor de alzar nuestra voz
y actuar en consecuencia.
Obviamente, lo hacemos con respeto; y
lo que afirmo es que el proyecto de ley, actualmente en el Senado, que procura
modificar la Constitución de la República es insuficiente, y por lo tanto,
inaceptable, por el riesgo y la inseguridad que implica para la supervivencia
de nuestras instituciones democráticas.
Aunque para muchos resulta más que
claro en la actualidad, para no dar lugar a dudas en los años por venir, para
que no haya ningún equívoco o falsa interpretación, debería contemplarse
modificar el artículo 270 del texto
constitucional, para que en lo sucesivo, en forma directa señale que la Ley de
Convocatoria a la Asamblea Nacional Revisora debe ser aprobada, ni siquiera
como una ley orgánica, sino como una ley especial, con las tres cuartas partes de la matrícula
de ambas cámaras.
De igual manera, debería someterse a
modificación el artículo 271, para establecer que en lo sucesivo, si la reforma
constitucional versa sobre el mandato de elección constitucional del Presidente
de la República, la decisión deberá adoptarse también por la mayoría de las
tres cuartas partes de los miembros de la Asamblea Revisora
Debería también someterse al Congreso Nacional, para
que rija en lo adelante, la ley que dispone la Consulta Popular, para que pueda
modificarse la Constitución conforme al artículo 210 de la misma.
Finalmente, en lo atinente a la
celebración del referendo aprobatorio, previsto en el artículo 272, la
propuesta es que el número de electores se eleve del 30 al 60 por ciento de los
inscritos en el registro electoral, para de esa manera hacerlo más
participativo y democrático.
La idea es, vuelvo a repetirlo, que la
Constitución sea rígida. Que no pueda ser cambiada o modificada tan
fácilmente. Que no dé lugar a
interpretaciones aviesas o acomodaticias. Que la Constitución sea, de manera
permanente, el pacto suscrito por los diversos sectores que componen la
sociedad dominicana, para que prevalezca siempre la paz, el progreso y la
convivencia civilizada.
Como puede apreciarse, lo que sugiero
es simple. No persigo cargo o puesto
alguno. Sólo invoco que se respete la Constitución, para que un mal ejemplo de
hoy no se convierta en la excusa o la justificación del mañana; y que todo lo
construido hasta hoy, con el esfuerzo laborioso de todos los dominicanos y
dominicanas, se destruya, por las ambiciones irrefrenables de poder que cada
cierto tiempo surgen en el horizonte nacional.
Reconozco que como consecuencia de las
discrepancias que se han suscitado en torno al proyecto de reforma
constitucional que procura la reelección presidencial, ha surgido mucha
intranquilidad y desasosiego en nuestro pueblo,
y mucha mortificación y aflicción en la familia peledeísta.
A pesar de nuestras diferencias, hago
todo el esfuerzo para que nuestro Partido se mantenga fuerte, cohesionado y
unido. Por eso, incentivo una línea de diálogo permanente para superar
nuestros escollos.
Todo lo que he sido y soy
políticamente se lo debo al profesor Juan Bosch y al Partido de la Liberación
Dominicana. Amo profundamente a nuestro partido de la bandera morada y la
estrella amarilla. Ahí me he formado. Ahí he luchado junto a mis compañeros y
compañeras durante los últimos 42 años, en favor de la democracia, la libertad
y la prosperidad de nuestro pueblo.
No escapa a mi conocimiento, por
demás, que en estos momentos el Partido de la Liberación Dominicana es la única
fuerza verdaderamente organizada que le queda a la democracia dominicana; y que
un descalabro nuestro sería una tragedia
para la estabilidad democrática de nuestra nación.
Por tanto, puedo asegurar que por la
sensatez que nos caracteriza, por nuestro
sentido de responsabilidad, por nuestra visión de la historia, por
nuestro compromiso con el futuro y por
nuestra deuda imperecedera con nuestro maestro y guía, el profesor Juan
Bosch, nuestro Partido de la Liberación Dominicana superará este trance; y
saldrá más fuerte y vigoroso que antes, más unido y más compacto, coronándose con nuevas victorias en beneficio
del pueblo dominicano.
En cuanto a mí respecta, se que desde
que culminó mi última gestión de gobierno, en el 2012, he estado en el ojo del
huracán de intereses en conflicto y ambiciones desmedidas de poder, que han
procurado hacer mi voz irrelevante en el escenario político nacional.
De manera sistemática, como tal vez
nunca antes ocurriera con figura pública alguna en la vida del país, se ha
intentado degradarme, deshonrarme y
hacerme añicos.
No se ha logrado, ni se logrará, pues
como dice la palabra, nadie que ha confiado en Dios ha quedado defraudado. Por eso, cada día salgo protegido, al hacer mío el salmo 23, diciéndome:
¨Jehová es mi pastor y nada me
faltará…Me guiará por sendas de justicia y
aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque
tú estarás conmigo.¨
En todo caso, mi divisa es la de José Martí, el Apóstol de
la Independencia de Cuba, en cuyas frases inmortales dijera:
¨Un hombre que oculta lo que piensa, o
no se atreve a decir lo que piensa, no es un hombre honrado. Un hombre que se
conforma con obedecer a leyes injustas, y permite que pisen el país en que
nació los hombres que se lo maltratan, no es un hombre honrado.
¨Hay hombres que viven contentos
aunque vivan sin decoro. Hay otros que padecen como en agonía cuando ven que
los hombres viven sin decoro a su alrededor. En el mundo ha de haber cierta
cantidad de decoro, como ha de haber cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos
hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos
hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les
roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. En
esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana.¨
Muchas Gracias.
Buenas Noches.
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