Jueza manda a prisión por 18 meses a todos los implicados en caso Operación Coral
La magistrada
decidió prisión por 18 mes
es contra todos los implicados en
el caso.
Adán Cáceres
Silvestre, exjefe de escolta del expresidente de la República Danilo Medina; el
teniente coronel de la Policía, Rafael Núñez de Aza; el cabo de la Policía e
hijo de la pastora, Tanner Antonio Flete Guzmán y el sargento Alejandro José
Montero Cruz la cumplirán en el centro Najayo hombres, en San Cristóbal.
En el caso de la
pastora Rossy Guzmán Sánchez, le fueron impuestos 18 meses de prisión
en el penal Najayo mujeres.
Sobre el mayor del
Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, fue enviado a prisión
domiciliaria con información confidencial del lugar. La jueza entiende
pertinente la solicitud del Ministerio Público y aprobó la confidencialidad de
su prisión domiciliaria, de modo que cualquier notificación o convocatoria.
La revisión
obligatoria de la medida de coerción será el próximo martes 10 de agosto.
La jueza valoró
que existe pluralidad de personas identificadas y de conductas con
tipos penales para declarar el caso complejo, como lo había pedido el
Ministerio Público.
El caso
27 allanamientos en
el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata
y Samaná pusieron en marcha el pasado 24 de abril a la Operación Coral, la
acción contra la corrupción administrativa más recientes del Ministerio
Público.
Bienes muebles e inmuebles
millonarios, un gran cúmulo de documentaciones y armas de fuego fueron algunos
de los elementos encontrados por el MP en las viviendas de los imputados, que
más tarde sirvieron como prueba ante los tribunales para inculparlos en el
caso.
Los imputados en la
Operación Coral fueron Adán Cáceres Silvestre, exjefe de escolta del
expresidente de la República Danilo Medina; la pastora, Rossy Guzmán Sánchez;
el teniente coronel de la Policía, Rafael Núñez de Aza; el cabo de la Policía e
hijo de la pastora Tanner Antonio Flete Guzmán; el mayor del Ejército Raúl
Alejandro Girón Jiménez y el sargento Alejandro José Montero Cruz.
El MP acusó a estos
seis de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano,
coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de
activos, entre otros delitos.
Desde que sucedieron
los allanamientos, los imputados fueron llevados al Centro de Atención y
Privación de Libertad Ciudad Nueva, que está bajo custodia del Nuevo Modelo de
Gestión Penitenciaria.
Contra los
implicados, los fiscales del órgano persecutor pidieron a la jueza Kenya Romero
18 meses de prisión preventiva a cumplirse en las cárceles Najayo Hombres y
Najayo Mujeres, a excepción de Girón, contra quien piden prisión domiciliaria,
y declarar el caso complejo dada la profundidad de la investigación.
Con relación a Girón
el pedimento fue variado ya que en principio se había solicitado prisión en
Najayo pero producto de sus declaraciones el Ministerio Público estimó
conveniente la prisión domiciliaria, en una casa secreta que solo conocerían el
tribunal y la Procuraduría.
Las audiencias para el conocimiento de
la medida de coerción de los integrantes del supuesto entramado militar,
policial, societario y religioso se extendieron por varios días, tres en total,
luego de numerosas objeciones, aplazamientos, una recusación y “discursos” de
defensa de los imputados.
Este lunes la magistrada Romero tuvo la decisión final en
el caso que ha “mantenido en vela” desde el 24 de abril al país.
Las acusaciones del Ministerio Público
Entre los principales acusados en el caso figuran el
mayor general Cáceres Silvestre y el teniente coronel de la Policía Nacional,
Rafael Núñez de Aza, quienes según la Procuraduría Especializada de Persecución
de la Corrupción Administrativa (PEPCA) colocaron activos en la banca nacional
creando certificados financieros en pesos dominicanos y en dólares
estadounidenses, que servían de soporte para tomar préstamos pagados en “tiempo
récord” sin siquiera haber tocado los valores de los certificados.
Los fiscales en el caso indicaron que se produjo “una
unión simbiótica” entre el coronel Núñez de Aza y el general Adán Cáceres, los
cuales llevaron a cabo una “estrategia de colocación de millones de pesos” para
lavar activos provenientes de los delitos de corrupción.
Según los fiscales, los imputados no “tenían cómo explicar
la fortuna que habían generado como resultado del desfalco”, por lo que
involucraron a otros acusados de la red criminal: a la pastora evangélica Rossy
Guzmán y al cabo de la Policía Tanner Flete.
De acuerdo con la Pepca, se emitían cheques desde la
cuenta bancaria de Núñez De Aza a nombre de la pastora y del cabo con la
finalidad de “colocar activos del crimen”.
Asimismo, la solicitud de medida de coerción señala que
el cabo de la Policía Nacional, Eric Daniel Pereyra Núñez, “colaboraba
constantemente en la movilización de fondos” bajo la orden del teniente coronel
Núñez De Aza.
El órgano señaló en la audiencia que el supuesto
entramado societario no creó, extrañamente, ninguna alerta dentro del sistema
financiero nacional a pesar de todo el dinero que movieron durante ocho años.
Según el MP, las cifras devengadas de las actividades
ilícitas ascienden a los RD$3,000 millones.
Durante la audiencia, los fiscales indicaron que sólo el
coronel Núñez de Aza manejó en una cuenta bancaria corriente la suma de 177
millones de pesos.
De acuerdo con la magistrada Berenice Reynoso, el Cuerpo
Especializado de Seguridad Turística (Cestur) funcionaba como una “caja chica”,
mientras que el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) fungía
como el Banco Central en la Operación Coral.
El “modus operandi”
En la solicitud de medida de coerción en contra de los
imputados, la Pepca advierte que las empresas Único Real State e Inversiones
SRL y la Asociación Campesina Madre Tierra recibían fondos de instituciones
castrenses por concepto de “compras de huevos”, “compras de ganado”, y otros
depósitos “sin concepto” para los que utilizaban a subalternos.
Esta última, a nombre de la pastora Rossy Guzmán, es
señalada por el Ministerio Público como uno de los “centros de operaciones”
para el enriquecimiento ilícito del entramado.
El proceso era el siguiente: las empresas recibían
cientos de millones de pesos gracias a los depósitos en efectivo de militares
subalternos, los cuales luego eran invertidos en compras de propiedades y
vehículos de motor a favor de los imputados.
Según el MP, el entramado también cobraba cuotas a
militares y policías para mantenerlos al frente de terminados puestos en el
Cusep y en el Cestur, cuyos salarios rondaban entre los 20 mil y los 70 mil
pesos.
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