Éxodo de venezolanos asciende a 4.7 millones

Smolansky señaló
que el éxodo podría seguir creciendo y alcanzar la cifra de 7 millones de
personas a finales de 2020 “si se prolonga la dictadura” de Nicolás Maduro.
“La única solución
pasa por desmantelar el estado criminal que hoy reina en Venezuela” dijo en
entrevista con The Associated Press. “Es un Estado que promueve la violación de
los derechos humanos y niega la ayuda humanitaria que se le ha ofrecido.”
El comisionado
realiza una gira de cuatro días por Colombia en la que su equipo ha realizado
mesas de trabajo con más de 100 migrantes venezolanos. El propósito de éstas es
preguntar a los migrantes por qué salieron de su país, cómo se sienten en sus
nuevos hogares y bajo qué condiciones regresarían a Venezuela.
Estos testimonios,
explicó, servirán para redactar un informe que detallará los motivos detrás de
la migración de la nación sudamericana. El documento se utilizará para reforzar
una propuesta realizada hace seis meses a los países miembros de la OEA,
mediante la cual la organización regional busca que se le otorgue estatus de
refugiados a los migrantes venezolanos que se encuentran en distintos países
del continente.
“La declaración de
Cartagena (suscrita en 1984 por varios países del hemisferio) expande el
estatus de refugiado y dice que un refugiado también es alguien que se va de su
país por violencia generalizada, alteración del orden público, violación de
derechos humanos o por ocupación extranjera”, señaló Smolansky. “En nuestra
opinión todas esas condiciones aplican para el venezolano que se tiene que ir”.
A pesar de estos
esfuerzos de la OEA, varios países de la región están tomando medidas para
limitar el ingreso de venezolanos.
En e2019, Chile,
Perú, Ecuador y República Dominicana comenzaron a imponer requisitos de visado
para ciudadanos venezolanos al verse abrumados por las grandes cantidades de
migrantes ingresando a sus territorios. Las islas caribeñas de Aruba, Bonaire y
Curazao también contemplan medidas similares.
En Aruba y
Curazao, una quinta parte de la población está constituida por migrantes
venezolanos.
Smolansky aseguró
que su oficina se opone a estas políticas porque “agudizan” los riesgos
enfrentados por los migrantes.
“Cerrar la
frontera es abrir las trochas (pasos ilegales)”, dijo. “Además, ¿cómo se le
pide a un venezolano visa cuando el Estado le niega el derecho a la
identidad?”, señaló para referirse a las dificultades que enfrentan los
venezolanos para conseguir pasaportes en su país.
Smolansky es un
reconocido líder opositor en Venezuela, donde ejerció como alcalde del
municipio de El Hatillo. Huyó del país en 2017, después de que el Tribunal
Supremo lo destituyera de su cargo y lo condenara a 15 meses de prisión por
desacatar sentencias que lo obligaban a suprimir protestas opositoras en su
jurisdicción. AP
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