Una matanza desnuda el tráfico de armas en las cárceles de Panamá

El hecho tuvo como
escenario La Joyita, un penal de máxima seguridad situado en la periferia este
de la capital panameña, donde el martes se dio un tiroteo entre reclusos del
pabellón 14, todos supuestos miembros la pandilla "Bagdad", una de
las más poderosas del país y vinculada al narcotráfico y el sicariato.
En la reyerta hubo
armas de grueso calibre: tres fusiles AK-47, tres pistolas "Glock"
(semiautomática), una pistola 380, un revólver calibre 38 y una pistola 9
milímetros, según datos oficiales.
LOS DEDOS APUNTAN
A LA POLICÍA NACIONAL
El origen de estas
armas y la forma en que se facilita su entrada a las cárceles plantea un
problema que deja ver fisuras en materia de seguridad no solo en este caso,
sino en otros que se han dado en años recientes, de lo cual algunos sectores
señalan a la policía como responsable.
Ebrahim Asvat,
analista y exdirector de la Policía Nacional (PN), plasmó la interrogante de
"cómo es posible que en una cárcel los reos posean armas y municiones para
un enfrentamiento".
"El primer
anillo de seguridad de las cárceles está bajo control de la Policía
Nacional" afirmó Asvat, que denunció el "contubernio entre oficiales
de la Policía Nacional y los gobiernos de turno" para
"garantizarles" a los uniformados "prebendas" sin tomar en
cuenta su capacidad para el cargo, dejando así a un lado la "seguridad al
país".
Carlos Herrera
Morán, secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de
Abogados, dijo a los periodistas que "la Policía Nacional es la
responsable del negocio criminal de las armas en la cárcel".
UNA OPORTUNIDAD
PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE VIEJA DATA
El sociólogo y
experto criminólogo panameño Fernando Murray, dijo este miércoles a Efe que el
ingreso de armas a los penales "es algo de vieja data, que se va
incrementando con los niveles de corrupción a nivel de los estamentos de
seguridad".
"Esto que ha
sucedido es el detonante de situaciones que ya se habían estado dando en años
anteriores", afirmó Murray, aunque resaltó que antes en las requisas se
hallaban armas punzocortantes, pero no de grueso calibre como en estos últimos
años.
Murray indicó que
las cárceles tienen desde hace mucho tiempo un problema de falta de
procedimiento científico. Una ley de 2003 establecía una clasificación de la
población penitenciaria por edad, delito, condición de reincidencia, pero no se
ha llevado a la práctica, explicó.
Así, los reos
"se ubican por afinidad, cercanía o relación con grupos delictivos o
pandillas", lo que ha generado una "clasificación perversa y
criminal, no criminológica ni científica", y creado "formas de
generar dinero y jerarquías de poder con las cuales vienen el dinero, las
drogas y las armas" a lo interno de las cárceles.
Para el sociólogo
y criminólogo con 35 años de experiencia como docente, la carnicería de La
Joyita se presenta como una buena oportunidad para que el presidente Cortizo
haga cambios y mejoras en el sistema penitenciario.
CORTIZO PROMETE MEDIDAS
DURAS
El mandatario
panameño prometió este miércoles poner un alto al "relajo" en las
cárceles tras calificar de "inaceptable" lo ocurrido en La Joyita, y
pidió que se denuncie formalmente si hay oficiales de la Policía involucrados
en asuntos como el tráfico de armas.
"Vamos a
tomar las decisiones y los que no cumplieron con su deber que se atengan a las
consecuencias (...) pueden estar seguros que tomaremos medidas duras para que
no vuelva a pasar" una matanza como la del martes, afirmó Cortizo tras una
reunión del Consejo de Ministros.
Este mismo
miércoles fueron suspendidos de sus cargos Walter Hernández, director del
Sistema Penitenciario; Luis Gordón, subdirector del Sistema Penitenciario y de
José Melamed, comisionado jefe de Seguridad Externa del Complejo La Joya.
Ya están bajo
investigación Ismael Arguelles, subcomisionado jefe de la Seguridad Externa de
La Joyita y Rigoberto Pérez, cabo primero de turno en el Pabellón 14, que no
forma parte de las 175 requisados realizadas a nivel nacional este año.
Las autoridades
explicaron que ese pabellón de La Joyita no fue incluido en la lista a requisar
porque lo ocupan miembros de una sola pandilla, sin iderntificarla.
Cortizo dio dos
semanas al Ministerio de Gobierno, a cargo de los penales, y al Ministerio de
Seguridad, para presentar un informe pormenorizado sobre las investigaciones de
lo sucedido.
El gobernante
adelantó que analiza un proyecto de ley para traspasar el tema penitenciario al
Ministerio de Seguridad, además de reclutar y formar nuevos custodios con
pruebas rígidas de capacidad y disposición. EFE
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