sábado, 28 de diciembre de 2013

¡Pare! No viole Ley 241: Falta de educación vial provoca víctimas de accidentes

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Transformar la conducta de los conductores, de los peatones y de los pasajeros por medio de programas integrales tendentes a reducir los accidentes de tránsito y, por ende, sus fatales consecuencias, debe ser el norte del Estado. Para esto debe promover de forma más activa el respeto a la Ley 241 de Tránsito de Vehículos.
Desde hace unos meses se promueve a través de los medios televisivos una campaña publicitaria que busca sensibilizar a la población sobre el luto que ocasionan los accidentes de tránsito, con la presentación de testimonios de familias que han perdido seres queridos en esos hechos trágicos y de personas que han quedado con lesiones permanentes.
Para el presidente de la Fundación Red por la Dignidad (Fundared), ingeniero Mario Holguín, el problema de la inseguridad vial en la República Dominicana debe abordarse desde los distintos aspectos que son factores de riesgo: el ser humano, la infraestructura vial, el vehículo, el medio ambiente y el sistema de autoridad.
En su libro “Factores de riesgo predominantes en las vías dominicanas”, el exviceministro de Obras Públicas durante el gobierno pasado, subraya que el conductor, la pieza clave en el esquema de riesgos viarios, debe ser educado para merecer el derecho a estar frente a un volante.
De igual manera plantea que deben ser parte del proceso de concienciación, sensibilización y educación los demás usuarios de las vías bajo la iniciativa y responsabilidad estatal.
El uso del cinturón de seguridad, del casco protector y chalecos reflectivos, en el caso de los motociclistas, de las sillas de bebés, el adecuado mecanismo de bolsa de aire y la garantía de un buen chequeo mecánico periódico reducen los riesgos de fatalidades en carretera.
Asimismo, el respetar la prohibición de no usar el celular ni tomar alcohol ni fármacos controlados mientras se conduce.
Por la inobservancia a la Ley de Tránsito y por la inseguridad vial, de enero a octubre fallecieron 1,552 personas, la mayoría jóvenes. Pero igual de alarmante es que el país ocupa el segundo lugar entre los que registran más muertes por accidentes de tránsito.
Holguín advierte que de mantenerse esa tendencia para finales de 2020, en el país se reportarían entre fallecidos y lesionados un total acumulado superior a las 81 mil víctimas en las vías, con una gran cantidad inhabilitadas de por vida.
En ese mismo año, mínimamente quedarían afectados alrededor de 243 mil familiares de las víctimas, de los que gran parte pasarían a la pobreza extrema.
Esos resultados infieren un gasto al Estado por encima de los 500 mil millones de pesos en los próximos 10 años, calculados en base al 1.75% del producto interno bruto (dato conservado a partir de conceptos de la Organización de las Naciones Unidas para la determinación de los costos de los accidentes de tránsito, ya que en algunos países llegan hasta a un 4 por ciento del PIB.
Según el experto en seguridad vial, a la fecha alrededor de 20,000 kilómetros conforman el sistema viario nacional al que se ha contribuido en su crecimiento en los últimos 16 años con ejecuciones de obras modernas, propias de cualquier nación desarrollada, así como planes de mantenimiento de las vías existentes mediante el Plan Nacional de Asfaltado.
Unos 360 kilómetros aproximadamente han sido incorporados en los últimos años al sistema.
“Si los riesgos en el ser humano están definidos por su educación, no menos cierto es que la infraestructura para la circulación debe ser objeto de continuo mantenimiento y eliminación de los puntos y tramos críticos o concentración de siniestros”, dice Holguín.
El Ministerio de Obras Públicas implementa un agresivo plan de mantenimiento, iluminación y señalización de las principales vías, autopistas y carreteras del país.
Con la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y la Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet) desarrollan el Plan de Seguridad y Asistencia Vial, con el patrullaje en camionetas y motocicletas las 24 horas.
Ese programa se complementaría con la puesta en funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, que tendrá como función desarrollar y mantener un mecanismo de recepción, atención y transferencia de las llamadas de auxilio que se realicen en situaciones de emergencia a las instituciones y a los cuerpos de socorro correspondientes.
Contempla la instalación de mil cámaras de video en el Gran Santo Domingo y la incorporación de 500 patrullas más.
Educación vial en escuelas. Hay quienes abogan porque se incluya en el sistema educativo la educación vial, y que se actualice la Ley 241, de Tránsito de Vehículos, que permita el endurecimiento de las sanciones a los infractores y mayor control para la obtención de una licencia de conducir.
El diputado Tobías Crespo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), es de los que propugnan porque en el país haya una nueva generación de ciudadanos con mayor conciencia sobre seguridad vial. Es por ello que el proyecto de Ley de Tránsito y Seguridad Vial que cursa en el Congreso contempla incluir la educación vial como contenido curricular.
De aprobarse ese proyecto de ley, se unificarán en un solo organismo las instituciones que regulan el transporte. También implicaría planificación, financiamiento y regulaciones a ese sistema y sus operadores públicos y privados, así como el uso de las vías públicas.
De ser aprobado en el Congreso Nacional y convertirse en ley se crearía una autoridad única para todo el sector, refundiendo la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT) del Ministerio de Obras Públicas, contemplada en la Ley 241, de 1967, con otras seis entidades creadas por decretos en las últimas cuatro décadas, que la población apenas conoce por sus siglas: Onatrate-OMSA, OTTT, Fiondet, AMET, CART, OPRET, aparte de las funciones que la Ley del Distrito Nacional y los Municipios reserva a los ayuntamientos.
Con seguridad vial, además de reducir las víctimas por accidentes de tránsito el Estado dejaría de perder RD$170 millones al día, ya que cada hora y media se genera una víctima con traumatismos a causa de esos lamentables y prevenibles hechos violentos.

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