Manifestaciones no cesan en todo Chile

Santiago de Chile.- Chile enfrentó ayer jueves una nueva jornada de manifestaciones tras un estallido social que suma 18 muertos y que no cede, en un país donde muchos quieren retornar a la normalidad mientras otros optan por seguir en las calles en busca de un profundo cambio al sistema económico.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y una veintena de organizaciones sociales llamaron a una segunda jornada de paralización este jueves, pero de mañana muchos acudían a su trabajos en el centro de Santiago y el comercio abría tímidamente sus puertas.

“Lo que ha hecho hasta ahora el presidente Piñera es polarizar y tensionar el país. Tenemos hoy en las calles a jóvenes con un fusil en las manos contra sus propios compatriotas”, dijo a periodistas Bárbara Figueroa, presidente de la CUT, el sindicato más poderoso de Chile.

Durante la noche, en el quinto día de toque de queda, los disturbios se calmaron en el centro de Santiago aunque en la periferia la situación seguía tensa, con saqueos e incendios que no se detienen en un país en estado de emergencia y con miles de militares en las calles.

Con militares custodiando las estaciones de las tres líneas del metro metropolitano que funcionan parcialmente, muchos de los siete millones de habitantes de Santiago intentaban volver la normalidad siete días después del inicio de la crisis.

Restos de semáforos y de las barricadas que se encienden al caer la noche en la ciudad recuerdan a los santiaguinos que los días de estabilidad social quedaron por ahora en el olvido.

“En la mañana se ve harto movimiento, la gente se está movilizando pero en la tarde todo se pone difícil y empiezan los gases y perdemos lo bueno que tenemos ahora”, dijo Maicol Rojas, peruano de 50 años.

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Medidas
El gobierno prometió una mejora de las pensiones de los más pobres, la suspensión de un aumento del 9.2% de las cuentas de la electricidad, un aumento del salario mínimo, más impuestos para quienes tienen mayores ingresos y una disminución de las dietas parlamentarias y los altos sueldos públicos. AP