Discurso integro del expresidente Leonel Fernández
En nombre de nuestro pa
Al asumir su mandato el 16 de agosto
del 2020, el actual gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, se
encontró con una situación de crisis de múltiples dimensiones, ocasionada por
la pandemia del Covid-19.
Reconocemos y valoramos que el gobierno ha desplegado
encomiables esfuerzos por mitigar los efectos de esa enfermedad contagiosa, así
como el de reactivar el crecimiento de nuestra economía nacional.
Al ser el Covid-19 una tragedia de
carácter global es evidente que todo lo que acontezca en torno a su propagación
y sus consecuencias económicas y sociales, repercuten en nuestro país.
Salud
El principal desafío, a nivel
mundial, para combatir la pandemia fue encontrar una vacuna adecuada. Se logró
en tiempo récord, en menos de ocho meses. Normalmente, la elaboración de una
vacuna toma tiempo, a veces hasta entre 10 y 15 años, pero los esfuerzos de
colaboración entre los miembros de la comunidad científica internacional
permitieron obtener ese milagro en tan corto tiempo.
En la República Dominicana se contrató la vacuna AstraZeneca, fabricada en La India, con una licencia de dicha firma y la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Lamentablemente, la referida empresa farmacéutica no pudo cumplir sus obligaciones contractuales, a pesar de habérsele pagado, como tampoco las pudo cumplir con varios otros países de Europa.
El fracaso del mecanismo Covax, de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), para proveer del fármaco a los países
en desarrollo, obligó al gobierno dominicano a la búsqueda de la única
alternativa viable en el momento: la vacuna Sinovac, elaborada en la República
Popular China.
De una meta de vacunar a 7.8 millones
de personas para fines de este año, el 80 por ciento de estos, es decir, 6,2
millones, para junio, en la actualidad han recibido una dosis 5.7 millones y
dos dosis 4.5 millones de ciudadanos. Por consiguiente, a agosto de este año,
todavía faltaban 1.7 millones de personas por vacunar para completar la meta
propuesta para junio del año en curso.
Debido a una disminución del cúmulo
de ciudadanos que en estos momentos acude a vacunarse, es lógico suponer que
desafortunadamente tampoco se alcanzará la meta deseada en el plazo previsto.
La decisión adoptada por el gobierno
dominicano de aplicar una tercera dosis de la vacuna, a los 30 días de
completado el ciclo, con un tipo de fármaco diferente, sin una clara
explicación del por qué, encontró una oposición por parte de la OMS y de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), que la condicionaron a la
realización de estudios científicos que certificaran su necesidad y viabilidad.
En estos días hemos visto que en los
Estados Unidos, la Agencia Federal de Drogas (FDA), ha autorizado la
aplicación de una tercera dosis del fármaco, pero luego de cumplir con tres
condiciones: primero, que se llevaran a cabo los ensayos clínicos necesarios;
segundo, que hubiesen transcurrido 8 meses, no 30 días, después de la
aplicación de la segunda dosis; y tercero, que se utilizara la misma vacuna que
en el ciclo inicial, que en el caso norteamericano han sido las vacunas
Pfizer-BioNTec, Moderna y Johnson & Johnson.
A parte de lo relacionado con el
Coronavirus hay otras áreas del sector salud, que no han sido debidamente
atendidas por parte de las actuales autoridades.
Es lo que ha ocurrido, por ejemplo,
con enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, la hipertensión
arterial, la diabetes, y la insuficiencia renal, que han traído como
consecuencia, aumento de morbilidad y muertes que pudieron haberse evitado.
En el área de atención primaria, hay
un abandono total. Predomina una inadecuada infraestructura y equipamiento,
donde a veces falta hasta el agua, así como desabastecimiento de insumos y
medicamentos.
En los centros hospitalarios, a nivel
nacional, hay una baja capacidad resolutiva, lo cual se refleja en largas
listas de espera para consultas especializadas, tardanzas en programación de
cirugías electivas, escasez de pruebas de laboratorios y otros estudios
diagnósticos.
Más aún, hay una falta de recursos
humanos, técnicos y profesionales, causada por las indiscriminadas
cancelaciones de profesionales y técnicos de alta calificación en el área.
Economía
En lo que concierne a la economía, es
preciso señalar que de conformidad con datos ofrecidos por el Banco Central,
durante los primeros seis meses de este año, 2021, la economía dominicana
creció 13.3% y se pronostica que, para el año, en su totalidad, crecerá en
7.5%.
Parecen cifras astronómicas, pero en
verdad se trata de un rebote estadístico que compara la reactivación del
crecimiento de este año con el colapso experimentado en nuestra economía en el
2020, que fue de -6.7% del PIB.
No obstante, cuando se establece una relación entre los resultados del crecimiento económico del 2021 con los del año anterior a la pandemia, el 2019, resulta que la proyección real de crecimiento para el 2021 es tan solo de 0.3%.
Fíjense ustedes, de una proyección de
crecimiento, por rebote estadístico, de un 7.5% a una realidad de solo 0.3%.
Se trata, por consiguiente, de un
crecimiento relativo, lo cual pone en evidencia que utilizando cifras fuera de
contexto, se puede confundir al pueblo mediante una manipulación estadística
que no refleja la que realmente acontece en los hogares dominicanos.
A pesar de los logros obtenidos por
las actuales autoridades en mantener la estabilidad macroeconómica y un clima
adecuado para la inversión, a los fines de que el país pueda salir de la
crisis, lo cierto es, sin embargo, que todavía estamos en una fase embrionaria
de recuperación de lo que habíamos alcanzado antes de la pandemia.
En tal virtud, saludamos el empeño
que ha puesto el gobierno en un importante sector productivo nacional como es
el turismo. Pero aún tenemos un camino que recorrer para la total recuperación
de la industria sin chimeneas de nuestro país.
Por supuesto, muchas de las razones
escapan al gobierno, pues también, por motivo de la pandemia del Covid-19 y sus
variantes, importantes mercados para el envío de turistas aún permanecen
cerrados para visitar nuestro país.
Como consecuencia, todavía tenemos
hoteles cerrados en notables polos turísticos que dependen de esos mercados. En
la Fuerza del Pueblo aspiramos a que continúe ese empeño y esfuerzo gubernamental
en asistir a ese sector para que logre el esplendor, la contribución a nuestra
economía y a la generación de empleos que tuvo previo a la propagación del
virus.
Como parte del proceso de
reactivación económica es importante hacer referencia al papel significativo
que han tenido las remesas enviadas por nuestros abnegados compatriotas en el
exterior, siempre dispuestos a manifestar su solidaridad, aún en circunstancias
adversas para ellos mismos.
Durante los primeros siete meses de
este año, de enero a julio, hemos recibido 6,159 millones de dólares, lo que
representa un aumento de 1,856 millones con respecto al mismo periodo del 2020,
equivalente al 43.2%.
Esos recursos que ingresan al país
son de una importancia tal, que en la actualidad resultan determinantes en el
presupuesto del 50% de nuestros hogares.
Es de reconocer que esos envíos del
exterior, principalmente de los Estados Unidos, se ha debido a la política de
expansión monetaria del gobierno norteamericano que ha emitido 6 trillones de
dólares para hacer crecer su economía.
Esa expansión monetaria, al mismo
tiempo, ha contribuido a ampliar la reactivación del resto de la economía
mundial; y naturalmente, también, de la economía dominicana.
Como consecuencia del impacto
económico del Covid-19, nuestra economía, que en el 2019 tenía un producto
interno bruto ascendente a 89 mil millones de dólares, experimentó, en el 2020,
una caída de 10 mil millones.
Hablar de recuperación económica
significa, en primer término, recuperar esos 10 mil millones de dólares
perdidos en nuestra capacidad de producción de riquezas. Eso, claro está, no se
logrará este año. Con vientos a favor podría, tal vez, lograrse en el 2022;
pero lo más probable, sin embargo, es que lo podamos alcanzar en el 2023.
Así pues, aunque nos encontramos,
afortunadamente, en un proceso de reactivación, no podemos perder de vista lo
que ocurre en el plano global, donde todavía persisten efectos de la pandemia,
ahora con sus múltiples variantes y una situación económica que, debido al
fenómeno de expansión monetaria estadounidense, ahora tiene que enfrentarse a
los efectos indeseados del crecimiento de la deuda y de la inflación.
Por todo eso, cobra sentido la
advertencia expresada por la CEPAL, al estimar como una paradoja de la
recuperación en América Latina y el Caribe, el que el rebote económico no
asegura un crecimiento sostenido.
De todas maneras, tomando como bueno
y válido que la economía dominicana, durante el primer semestre del 2021 haya
crecido 13.3%, conviene formularse la siguiente pregunta: ¿Cuál ha sido el
aporte del gobierno, desde el punto de vista fiscal, para el inicio de esa
reactivación económica?
La mejor acción que el gobierno puede
realizar para promover el crecimiento económico es a través de la inversión
pública. Resulta, no obstante, que durante los primeros siete meses de este
año, el gobierno, de un total de gastos de 468 mil 342 millones de pesos, sólo
ha destinado 30 mil 552 millones a gastos de capital, es decir,
infraestructura, compra de maquinarias, equipos, vehículos, etcétera,
equivalente a un pírrico 6.5% del gasto total.
Eso es importante porque el gobierno,
conforme al presupuesto de este año, de 959,093 millones de pesos, el más alto
de la historia económica dominicana, está legalmente autorizado a invertir en
gastos de capital 132 mil 355 millones, razón por la cual, podemos afirmar, que
su contribución al inicio de la reactivación económica no ha sido en proporción
a la que ha debido ser.
Para enfrentar los estragos
económicos generados por el COVID 19, el gobierno dominicano, al igual que
otros gobiernos, se vio obligado a incrementar el gasto. Tuvo que hacerlo, sin
embargo, en unas circunstancias en que disminuían los ingresos fiscales.
A falta de una cooperación de la
comunidad internacional, el gobierno tuvo que recurrir al endeudamiento. No
había otra salida. No obstante, lo que resulta preocupante es la dimensión en
que ha tenido lugar. El nivel total de la deuda de los sectores públicos
financiero y no financiero se ha disparado de forma significativa, situándose
en el más alto de la historia económica nacional.
Con un crecimiento de 18.7 puntos
porcentuales durante la pandemia, es el de mayor registro de América Latina y
el segundo más alto en crecimiento del mundo; y eso naturalmente, hace levantar
las cejas y mirar con preocupación.
Esa legítima preocupación se debe a
que esos niveles de endeudamiento, como acertadamente nueva vez afirma la
CEPAL, reducen el espacio fiscal, ponen en peligro la recuperación y limitan el
crecimiento futuro.
En junio del 2020, la deuda pública
dominicana era de 46 mil 700 millones de dólares, igual al 59.2% del PIB. A
junio de este año, era de cerca de 59 mil 700 millones de dólares, equivalentes
al 68% del PIB, esto es, 13 mil millones más que en junio del año pasado.
Para que tengamos una idea de la
magnitud de lo que estamos hablando, en ocho años, del 2004 al 2012, durante
los dos periodos consecutivos que me correspondió el honor de dirigir los
destinos nacionales, el gobierno dominicano, a pesar de haber enfrentado tres
crisis, la bancaria interna, la crisis financiera global y el alza de los
precios de los commodities,
incrementó la deuda en sólo alrededor de 1,800 millones de dólares por año.
Increíble, pero así es. Durante esos
ocho años de nuestros gobiernos, la deuda incluso disminuyó como porcentaje del
PIB, pasando de un 46.9% a un 41.3%.
Señoras y Señores:
En los círculos oficiales se afirma
que durante el primer año de gestión del actual gobierno, se han recuperado
714,551 empleos de la pre-pandemia. Sin embargo, la Encuesta Continua de la
Fuerza de Trabajo (ECFT) establece que la pérdida total de empleos durante la
pandemia fue de 470 mil puestos de trabajo.
Por consiguiente, es imposible que se
hayan recuperado 714,551 puestos de trabajo, si en realidad solo se perdieron
alrededor de 470 mil. Si se hubiera recuperado esa cantidad de empleos, eso
significa que el actual gobierno ya habría recuperado el 100% de los empleos
perdidos en la pandemia, y además habría creado 245,056 adicionales.
Naturalmente, eso es imposible,
debido a que aún en los mejores tiempos de crecimiento económico, nunca se han
creado más de 120 mil empleos por año. La verdad es que la pérdida de empleos
provocada por el Covid-19 todavía no ha logrado recuperarse; y hacen falta
alrededor de 192 mil 500 puestos de trabajo para lograrlo.
A pesar de los programas de
asistencias social, Quédate en Casa, Fase y Pa`ti, los cuales fueron extendidos
hasta diciembre del 2020, la pobreza aumentó en nuestro país.
En términos absolutos, esto implicó
que 268,515 dominicanos descendieran a niveles de pobreza general,
incrementándose, de igual manera, la indigencia o pobreza extrema.
Pero, a nivel general, lo que nuestro
partido, Fuerza del Pueblo (FP), ha observado que suscita mayores niveles de
angustia, ansiedad y frustración en la población dominicana, es el alza de los
precios de la canasta familiar.
Un ejemplo es lo que ha ocurrido con
los precios del pollo, un producto de primera necesidad, fundamental en la
dieta diaria de nuestro pueblo, que junto al arroz ocupa los primeros lugares
en términos del gasto alimenticio de las familias dominicanas.
Aunque se asocia el alza del precio
del pollo a la fiebre porcina, la verdad es que desde fines del 2020 y durante
los primeros sietes meses de este año, el aumento en su precio ha sido una
constante.
Se han hecho reuniones entre
autoridades, productores, dueños de supermercados y vendedores, para buscarle
una salida a un tema que resulta agobiante para la población, y no se ha
logrado.
Ha habido un fracaso en solucionar el
incremento de los precios del pollo, pero de igual manera con otros productos,
como el arroz, el aceite y las habichuelas. Tampoco se ha logrado mejorar la
situación con los limones, las naranjas y los aguacates, y ni siquiera con el
arenque o el bacalao.
Personalmente, he consultado algunos
vendedores de pollo, quienes me han hecho saber que el precio varía de un día
para otro, así como de un lugar a otro. Pero en ningún caso, baja de 75
pesos la libra. Más bien oscila entre 85 y 90 pesos y hay algunos puestos de
venta en el Distrito Nacional donde ha llegado hasta a 100 pesos la libra.
De acuerdo con las cifras del Banco
Central, la inflación acumulada en el renglón de alimentos y bebidas no
alcohólicas desde agosto del 2020 hasta julio del 2021 asciende, en general, a
9.84%.
Pero hay productos alimenticios donde
las alzas superan el 30%, el 40 % y hasta el 60%.
El huevo se incrementó, al pasar de
179 pesos a 231 pesos el cartón de 30 unidades. La carne de res, que costaba
111 pesos la libra, ahora se encuentra a 152 pesos. El aceite de soya subió de
380 pesos a 626 pesos el envase de 128 onzas; y las sopitas se incrementaron de
38 a 57 pesos la cajita de 7 unidades.
El gobierno dominicano ha pretendido
atribuir las alzas de los alimentos al incremento de los precios
internacionales de los insumos y materias primas utilizadas en la producción
como los fertilizantes, los granos básicos y el petróleo.
Sin embargo, esos mismos factores
internacionales están presionando hacia el alza de los precios de los alimentos
a todos los demás países de América Latina, con la diferencia de que la mayor
parte de esos países muestran en los últimos 12 meses una inflación alimentaria
moderada.
El problema radica en que la
inflación alimentaria de República Dominicana es una de las más altas de
América Latina, solamente superada por Venezuela, Brasil y Argentina.
El incremento de los precios de los
alimentos, unido a la pérdida de empleos e ingresos económicos que ha sufrido
el pueblo dominicano como consecuencia de la COVID 19, sugiere la posibilidad
de que el país experimente un aumento del hambre y la subalimentación, lo que
representaría, a su vez, un retroceso en términos de seguridad y soberanía
alimentaria.
Por supuesto, no podemos permitir que
eso ocurra y la Fuerza del Pueblo (FP), trabajará de manera infatigable para
impedir que una situación semejante pueda enseñorearse sobre el territorio de
la República Dominicana.
Reformas institucionales
Distinguidos amigos:
El actual gobierno dominicano ha
manifestado un particular interés en lo relativo a la transparencia, a la
rendición de cuentas y a la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Debemos reconocer que el gobierno ha
sido enérgico e insistente en tratar de cumplir con sus objetivos de
fortalecimiento del Estado de derecho en nuestro país.
No obstante, es preciso indicar que
ese objetivo no se ha iniciado con la actual gestión gubernamental. Desde el
1996, durante nuestra primera gestión de gobierno, se puso en ejecución un plan
integral orientado hacia la reforma y modernización del Estado dominicano.
Se creo la Comisión Nacional de
Reforma del Estado (CONARE), la Comisión Presidencial de Reforma de la Justicia
y una comisión de 15 juristas para la modificación de los códigos legales.
Se aprobaron la Ley Orgánica de
Presupuesto para el Sector Público; la Ley de Crédito Publico; la Ley de
Tesorería Nacional; la Ley de Planificación e Inversión Pública; la Ley sobre
Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras Públicas; la Ley que crea
el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado; la Ley que
Instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Controlaría General de
la República; la Ley Orgánica de Administración Pública. La ley sobre Función
Pública; y la Ley que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo 20-30.
Durante nuestra gestión de gobierno,
se crearon la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa
(antecesora de la actual PEPCA), el sistema de Declaración Jurada de Bienes, la
Comisión de Ética Pública y Combate a la Corrupción, y las comisiones de
auditoria social.
Con la proclamación de la
Constitución del 2010, se dio origen al surgimiento de nuevas instituciones que
actualmente juegan un rol estelar en nuestro sistema democrático, como son el
Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial, el Consejo Superior del
Ministerio Público, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior
Administrativo y el Defensor del Pueblo.
Como puede apreciarse, toda la base
institucional para la existencia del Estado Social y Democrático de Derecho
surgió como iniciativa de los gobiernos que tuve el honor de dirigir.
Estimamos en toda su justa dimensión
el deseo del presidente Luis Abinader de hacer nuevos aportes a la
consolidación de la institucionalidad democrática de nuestro país; y por tal
motivo, la Fuerza del Pueblo ve con simpatía y beneplácito la invitación que
formula a distintos sectores de la vida nacional para que participen en un
proceso de diálogo con relación a 12 propuestas de reformas sugeridas por el
Poder Ejecutivo.
Consideramos que la construcción del
consenso es la vía más idónea para que el país pueda avanzar en la superación
de la actual crisis sanitaria, económica y social causada por la pandemia del
Covid-19, así como por la supervivencia frente a males ancestrales que todavía
aparecen como fantasmas en el horizonte nacional.
Sin embargo, con respecto a la idea
de reforma de la Constitución de la República para establecer la independencia
del Ministerio Público, La Fuerza del Pueblo (FP), considera que ya en su
articulo 170, nuestra Carta Magna precisa que esa institución goza de autonomía
funcional, presupuestaria y administrativa; y lo mismo señala el articulo 2 de
la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Como los términos autonomía e
independencia significan lo mismo, carece de sentido pretender modificar la Ley
de Leyes para introducirle algo que ya existe. Constitucional y legalmente el
Ministerio Público en la República Dominicana es independiente.
Frente a todos los grandes desafíos
históricos, nuestro pueblo siempre ha salido airoso. Lo referente a la pandemia
del COVID 19 y sus secuelas económicas y sociales, no será una excepción.
Sin embargo, frente a cualquier
crisis hay que procurar ser moderado y cauteloso. Se requiere establecer un
balance entre el optimismo de la voluntad y el realismo de la razón.
Bien lo decía Confucio, un sabio
oriental de la Antigüedad, al señalar:
“Los cautos rara vez se equivocan.”
Muchas Gracias.
Buenas Noches.
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