Vicepresidenta colombiana pide inhabilitar por 20 años a Odebrecht en el país
Bogotá.- La vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, y la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado pidieron este lunes a la
Superintendencia de Sociedades inhabilitar por 20 años al grupo empresarial
Odebrecht para contratar con la Nación como consecuencia del caso de corrupción
que lo involucra.
La solicitud se fundamenta en los
“enormes perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales” que causó la compañía
brasileña al país, “más el daño ético y moral, corrompiendo diferentes niveles
de la administración pública”, indicaron los reclamantes en un comunicado.
Según documentos publicados por el
Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó 788 millones de
dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, entre ellos
Colombia, donde entregó más de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014.
Sin embargo, la Fiscalía señaló
luego que las coimas que presuntamente pagó la constructora en Colombia fueron
mayores y alcanzaron los 84.000 millones de pesos (unos 26,8 millones de
dólares).
El pasado 7 de noviembre el Estado
colombiano rechazó una oferta por 106.000 millones de pesos (unos 33,8 millones
de dólares) de la brasileña como indemnización por los perjuicios causados por
corrupción y para frenar los procesos fiscales y disciplinarios abiertos en su
contra.
No obstante, este lunes tanto
Ramírez como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado consideraron
que el caso de corrupción citado es uno de los “peores atentados” cometidos en
contra de la Nación. Por lo anterior,
rechazaron “tajantemente” la indemnización propuesta, a la que consideraron
“legal y moralmente inaceptable”.
De hecho, a su juicio, “no puede ni
debe el Estado colombiano subsanar las graves faltas penales y éticas de un
contratista con la simple compensación monetaria” porque “resultaría ser un
incentivo perverso para que se continúen cometiendo este tipo de actos”.
Además, puntualizaron, permitir que
Odebrecht “vuelva a participar en licitaciones o concursos públicos en
Colombia, resultaría ser un acto contra las empresas honestas y cumplidoras de
la ley y un pésimo mensaje para los colombianos honrados”.
La declaración de Ramírez y la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se suma a lo afirmado hoy por
el presidente colombiano, Iván Duque, quien dijo en una entrevista con RCN
Radio que en que en su Gobierno la corrupción no tendrá tolerancia y reiteró
que no es partidario de que las empresas que tengan comportamientos por fuera
de la ley contraten con el Estado.
El escándalo de Odebrecht en
Colombia se avivó la semana pasada luego de que el telenoticiero Noticias Uno
emitiera una entrevista grabada en agosto último con Pizano en la que éste
aseguró que el hoy fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez,
conocía desde 2015, supuestas irregularidades en la licitación para la
construcción de la carretera.
En ese entonces, Martínez era
abogado del Grupo Aval, al cual pertenecen la Corporación Financiera Colombiana
(Corficolombiana) y Episol, socias de Odebrecht en la Ruta del Sol II.
Tres días después de la muerte del
ingeniero, su hijo Alejandro Pizano Ponce de León, que había regresado de
España a Colombia para asistir al sepelio de su padre, murió envenenado tras
beber en su propia casa de una botella de agua que contenía cianuro.
Martínez ha negado que supiera de
la corrupción en Odebrecht antes de llegar a la Fiscalía, el 1 de agosto de
2016, y asegura que en las informaciones que recibió de Pizano un año antes no
estaba claro que se tratara del pago de sobornos. EFE
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