CNDH-RD rechaza y condena desalojos ilegales que se realizan en toda la región este del país con la complicidad de los abogados del estado y autoridades

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) rechaza y condena los desalojos ilegales que se realizan y se plantean realizar en toda la región Este del país con la complicidad de los abogados del Estado y autoridades, para favorecer a terratenientes que se quieren adueñar de las tierras del Estado dominicano.

En el día de hoy deseamos hacerle un llamado al presidente de la República, Licdo. Danilo Medina, al procurador general de la República,  Licdo. Jean Alain Rodríguez y a la Defensoría del Pueblo sobre esta situación que se está verificando en toda la región Este del país,  en donde se esta actuando un plan para que terratenientes locales se adueñen de tierras del Estado desalojando ciudadanos y campesinos que las habitan y trabajan desde décadas.

Entre varias situaciones que estanos monitoreando desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en toda la región Este, señalamos la de Boca de Yuma donde hace algunos días la CNDH-RD, moradores del lugar y regidores estuvieron lanzados a la calle en rechazo a los desalojos autorizados por el abogado del Estado en contra de uno de los sectores más vulnerables y más humildes de esta demarcación, gestionado por el presidente del PLD de la provincia de la Altagracia, el Dr. Pedro Rojas Morillo  el cual en confabulación con un terrateniente quieren adueñarse de una porción de tierra ubicada en la parcela 92-HD/C 10 de este lugar.

La misma esta de hecho ocupada por una gran cantidad de familias de escasos recursos por más d 20 años donde existen más de 100 viviendas y la ocupan unas 300 personas.

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene una línea firme de condena y rechazo de los desalojos ilegales y del acaparramiento de tierras a favor de terratenientes realizados con métodos y contratos ilegales” ha declarado el Dr. Manuel María Mercedes presidente de la organización defensora y promotora de los derechos humanos.

“Jamás aceptaremos que familias enteras con niños y ancianos sean desalojadas de tierras que habitan y cultivan desde décadas porque funcionarios del Estado,  que en vez de proteger los bienes públicos y favorecer  los ciudadanos,  confabulan con terratenientes para robarle al Estado su patrimonio.  Esto jamás irá a pasar. Deberán pasar sobre nuestros cadáveres y de todo los moradores de esas parcelas” ha finalizado el Dr. Mercedes.

 “Todas la filiales de la CNDH-RD de la Región Este están movilizadas y en pie de lucha para garantizar el derecho a la vivienda y a la seguridad alimentaria de estos ciudadanos de Boca de Yuma y de otras áreas de la región, como Mata de Palma en El Seibo”, precisa el Sr. Rafael Ureña, vicepresidente nacional de la CNDH-RD para la Región Este.

Recordamos que la obligación de los Estados de abstenerse de los desalojos forzosos y de proteger contra los desalojos de los hogares y de la tierra se deriva de varios instrumentos jurídicos internacionales que protegen el derecho humano a una vivienda adecuada y otros derechos humanos conexos. Entre éstos figuran la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño,  entre otros instrumentos internacionales.

Los desalojos forzosos constituyen graves violaciones de una serie de derechos humanos internacionalmente reconocidos, en particular los derechos humanos a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad de la persona, a la libertad de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a la libertad de circulación.