Procuraduría: Cámara de Cuentas alteró auditorías
Un comunicado de la
Procuraduría General de la República expresa que sus fiscales han detectado
“indicios que comprometen la responsabilidad penal de la Cámara de Cuentas en
delitos de corrupción administrativa, por lo que decidió ampliar las
investigaciones que por obstrucción de la justicia inició contra sus actuales
integrantes”.
Agrega el comunicado
que las indagatorias contra la Cámara de Cuentas, que encabeza Hugo Francisco
Álvarez Pérez, “apuntan a la comisión de delitos como asociación de
malhechores, falsificación de documentos, coalición de funcionarios,
complicidad en estafa contra el Estado y lavado de activos”
Especifica que las
investigaciones “han establecido que en la Cámara de Cuentas se alteraron
múltiples auditorías para beneficiar a exfuncionarios de dependencias oficiales
que eran examinadas.
Las investigaciones
que lideran la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca),
dirigidas por los magistrados Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, abarcan a
todos los integrantes de la Cámara de Cuentas.
También a
funcionarios de otras áreas de esa institución fiscalizadora del uso de los
fondos públicos, como la Consultoría Jurídica y la Dirección de Auditoría.
Interrogatorios
A mediados de
diciembre, el ministerio público comenzó a interrogar al presidente de la
Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, y al secretario, Carlos Noé Tejada Díaz,
como parte de una investigación contra los miembros del organismo fiscalizador
del Estado “por obstruir la justicia al entorpecer indagatorias sobre
corrupción en instituciones estatales”.
“Los funcionarios
fueron citados a fin de que declaren respecto a informaciones que posee el
Ministerio Público sobre manejos irregulares por parte de los miembros de la
Cámara de Cuentas, para impedir el suministro de los informes requeridos para
el desarrollo de las investigaciones llevadas a cabo por corrupción
administrativa, lavado de activos e infracciones conexas”, dijo entonces la
Procuraduría General en un comunicado.
La Pepca, con el
apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, se
encuentra inmersa en múltiples investigaciones referentes a denuncias y
querellas sobre irregularidades en distintas instituciones de la administración
pública. Los fiscales han remitido reiteradas comunicaciones en las que
solicitan información a la Cámara de Cuentas. Sin embargo, sus miembros han
respondido con evasivas, “teniendo además el Ministerio Público evidencias de
que los mismos han incurrido en manejos irregulares, para impedir el suministro
de los informes requeridos para el desarrollo de las indagatorias”, apuntó la
Procuraduría.
Sanciones previstas
“La pena de la
reclusión se impondrá: a los funcionarios públicos, agentes o delegados del
Gobierno, cualquiera que sea su grado, y la clase a que pertenezcan, que
requieren u ordenaren, hicieren requerir u ordenar la acción o el uso de la
fuerza pública, para impedir la ejecución de una ley, la percepción de una
contribución legal, la ejecución de un auto o mandamiento judicial o de
cualquiera otra disposición emanada de autoridad legítima”, establece el
artículo 188 del Código Penal.
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