Namphi Rodríguez: falta de publicación sentencia TC crea “incertidumbre” entre periodistas y juristas
El abogado Namphi Rodríguez advirtió que la falta de
publicación de la sentencia que anula varios artículos de la Ley de Expresión y
Difusión del Pensamiento está provocando “inquietud e incertidumbre” entre
periodistas, ciudadanos y juristas que
desconocen los alcances del fallo del Tribunal Constitucional.
Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Drecho y
abogado actuante en el caso, dijo que hasta ahora sólo se conoce el dispositivo
de la decisión dada a conocer a través de un comunicado del Tribunal
Constitucional.
Aclaró que pese a que es una sentencia de trascendencia
constitucional, la misma no produce una despenalización general de los delitos
de difamación e injuria, sino que se han suprimido aquellos artículos que
contemplaban prisión por la difamación afectaba a funcionarios públicos,
legisladores, jueces y órganos
represivos del Estado.
“Se anularon tres
artículos (30,31 y 34) de siete suprimidos de la Ley 6132 que contienen
penas privativas de libertad cuando la difamación afecta a funcionarios
públicos, legisladores y a las Fuerzas Armadas y la Policía”, precisó el
profesional del Derecho tras considerar que se trata de un primer paso en el
camino de la despenalización del delito de prensa en el país.
Puntualizó que, sin embargo, se mantienen las viejas
disposiciones contentivas de penas de hasta un año de prisión para quienes
ofendan el honor del Presidente de la República, de los jefes de Estado
extranjeros y sus embajadores.
Asimismo, de acuerdo al dispositivo de la sentencia, se
retiene la privación de libertad de
hasta seis meses en los casos en que la difamación se materialice entre los
particulares.
“Esto quiere decir, que el fallo del Tribunal Constitucional
ante la instancia de la Fundación Prensa y Derecho y los directores de medios
es una victoria parcial en esta materia, pues no hay una despenalización
completa del delito de prensa que configura la Ley de Expresión y Difusión del
Pensamiento”, adujo.
Rodríguez consideró que una vez publicada la sentencia, la
misma tiene que ser completada por la labor responsable del Congreso de aprobar
una Ley de Prensa compatibilizada con los criterios del TC, de la Constitución
y de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El catedrático y experto en Derecho en Derecho Constitucional
manifestó que sobre la mesa queda la interrogante de por qué el TC no se
pronunció en su dispositivo sobre la solicitud de los peticionarios de suprimir
los artículos 368, 369, 370 y 371 del Código Penal vigente que consignan un
enojoso sistema dual de penas de prisión en esta materia.
“Se pudiera afirmar, entonces, que en el ámbito de la Ley
6132, lo que ha hecho del TC ha sido atenuar el peso de las gravosas penas de
los delitos de desacato o delitos de
“lesa majestad” que contiene la norma y que se definen como aquellos que se
configuran cuando una ley otorga protección especial al honor de los
funcionarios públicos”, agregó.
Fuente: www.hoy.com.do
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