Gobierno continúa violando derechos empleados desvinculados
Los miles de hombres y mujeres desvinculados (cancelados, retirados,
botados o como usted le quiera llamar) han sido víctimas de dejar en el tiempo
que sus expedientes se pierdan solo por no cumplir las leyes, las cuales
otorgan 90 días para el pago de las prestaciones, en base a derechos
adquiridos.
Los desvinculados deben pasar por largos procesos luego de recibir sus
cartas que los separan de las entidades “hasta con 15 días o un mes laborado
sin que se les reconozca y se les remuneren esos recursos devengados”, teniendo
que padecer una larga odisea en trámites para completar sus expedientes que les
permitan reclamar sus derechos.
Los cancelados deben pasar por un proceso que se inicia en la
Contraloría General de la República que tarda hasta dos meses para entregar una
certificación, luego deben dirigirse al Ministerio de Administración Pública
(MAP), en donde duran de uno a dos meses más para calcular los tributos, lo que
significa que en esas dos instituciones se acumulan más de los 90 días que
otorgan las leyes para el pago de las prestaciones.
Culminado el proceso en esas dos instituciones, los cancelados deben
volver a las entidades que los han cesanteados para esperar sabrá Dios cuánto
tiempo hasta que haya presupuesto o fondos para el pago de los recursos ganados
con el sudor de su frente.
Como el gobierno se inició cesanteando a todos los que les vino en gana,
hay casos que tienen hasta los 13 meses sin que hayan sido resueltos ningún
caso, pese a que el propio presidente Abinader Corona advirtió que ningún
funcionario debe producir cancelaciones si no dispone de los recursos para
saldar las prestaciones laborales.
Se han presentado casos donde los ciudadanos perjudicados han tenido que
llegar a denigrar su orgullo y decoro, desnudándose frente al Palacio Nacional,
Obras Públicas y otras instituciones para poder ser correspondidos.
La gran interrogante es: ¿tenemos todos los desvinculados que posar
desnudos ante las autoridades para que sean reconocidos nuestros derechos que
por ley nos corresponde? Para colmo de males, los departamentos de Recursos
Humanos de las entidades no orientan a los empleados sobre cuáles son sus
derechos, en caso que les asistan, pues luego de la circular número 4295 del
MAP, emitida en fecha 07 de julio del 2020, existen varias categorías que
delimitan y facultan a los empleados a saber cuáles tributos les corresponden
según el caso, pero nadie les dice esto.
Por falta de orientación, hay cancelados a los que solo se les pretende
reconocer el pago de sus vacaciones y proporción del bono navideño o sueldo 13,
cuando están en la obligación de pagarles lo que les corresponde de sus
prestaciones por los años de servicios.
Hay casos denunciados donde se les ha planteado la entrega de un 30 por
ciento de los recursos que por ley les corresponden para pagarles sus
prestaciones y eso solo tiene un nombre: corrupción o si usted quiere,
extorsión.
Señor Presidente, Luis Abinader Corona y autoridades, dejen o paren las
malas prácticas que se están sucediendo en las instituciones de pretender
despojar del dinero bien ganado por los trabajadores cancelados. Hagan cumplir
las leyes si en verdad consideran que gobiernan para todos.
Inicien los pagos a los miles de cancelados, de los cuales muchos sufren
de enfermedades, algunas terminales o de delicada situación y carecen de
recursos para comprar sus medicinas, de hambre por falta de dinero para
adquirir los alimentos y esos recursos les servirían para solucionar esas
necesidades.
Presidente, no espere que sigan falleciendo dominicanos que son sus
conciudadanos, si hay voluntad de gobernar para todos, de los ahorros que usted
afirma está logrando su gobierno, dedique una parte para ir solucionando esos
miles de casos de gente que se ganó su dinero, que no está pidiendo dádivas.
Por Román Polanco.
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