Roberto Santana responde a Miriam Germán: Mientras tanto, nueve mil personas viven un infierno
La víspera, Santana había denunciado en una entrevista en el programa Esta
Noche Mariasela la existencia de un entramado de corrupción que funciona en el
penal, donde el encargado de seguridad presuntamente recibe siete millones de
pesos todas las semanas.
Retó a que lo desmientan y que lo sometan a la justicia si no es cierto que
el encargado de seguridad recibe siente millones de pesos semanales.
Señaló al Gobierno y a personal técnico de la Procuraduría como
responsables de que la cárcel de Las Parras no esté funcionando, pese a que hay
edificaciones totalmente listas.
Ante tal declaraciones, la procuradora general de la República, Miriam
Germán, respondió diciendo que el hacinamiento de la Penitenciaría La Victoria
comenzará a resolverse cuando el Estado termine de readecuar el complejo
ubicado en Las Parras en el municipio de Guerra.
“Tenemos que estar muy claros, y así
incluso nos lo llegó a plantear el Poder Ejecutivo a través de su asesor en la
materia (Roberto Santana), que esas obras (Las Parras), que se inauguraron sin
estar concluidas, habían sido sobrevaluadas y, además, tenían que ser
debidamente readecuadas”, indicó.
Santana entiende que el problema de las condiciones
lacerantes a la dignidad y a los derechos humanos en las que viven las personas
privadas de libertad en La Victoria y de las prácticas de corrupción que ahí se
han llevado a cabo por décadas, es un problema de política pública al que hay
que enfrentar con urgencia.
“En ese sentido, cuando comuniqué hace ya un tiempo las
condiciones del nuevo centro Las Parras, indiqué la necesidad de una
investigación que determinara responsabilidades y que era absolutamente
necesario que se subsanaran los vicios o posibles errores constructivos que
pueden ser resueltos previo a que las personas privadas de libertad fuesen
trasladadas a ese centro, para garantizar su seguridad. Hoy, reitero lo mismo”,
indica Santana en un comunicado.
En efecto, el Ministerio Público ha iniciado, en el marco
de las acciones de lucha contra la corrupción, y conforme se ha hecho evidente
para todos, las indagatorias para la determinación de responsabilidades.
Entiende que no es correcto hacer esperar por tan largo
tiempo a miles de personas en esa situación inhumana, cuando desde hace muchos
meses hay edificios que ya tienen las correcciones hechas y recibidas a
satisfacción de manera oficial, con capacidad para albergar a más de 700
internos.
“Es evidente que ese número de plazas no es suficiente
para resolver el problema de más de 9,000 personas hacinadas, pero sí para
salvar a 700 y poner en marcha la solución definitiva”, indicó.
Dijo que los gobiernos con frecuencia se enfrascan en
labores de las dependencias más grandes como educación, salud, obras públicas,
y relegan los problemas de menor magnitud institucional, pero de mayor impacto
para las vidas de una minoría abusada. No es un mal propio de esta sola gestión
de gobierno, sino de la mayoría, indicó.
“Mientras tanto, nueve mil personas viven un infierno y
han tenido que esperar primero por irregularidades como las que he denunciado
en ocasiones anteriores y ahora por los largos plazos de la burocracia y las
auditorías”, sostiene Santana.
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