América Latina y el Caribe sigue creyendo en la democracia, pero exige más de ella

 

Santo Domingo, República Dominicana, 8 de junio de 2026 — América Latina y el Caribe continúa siendo la región en desarrollo más democrática del mundo. Sin embargo, el futuro de la democracia depende cada vez más de la capacidad de los Estados para impulsar un desarrollo humano inclusivo, fortalecer la resiliencia y garantizar la seguridad en un contexto de creciente incertidumbre. 

Éstas son algunas de las principales conclusiones del Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),Democracias bajo presión:Reimaginar los futuros de la democracia y el desarrollo en América latina y el Caribe, presentado en Santo Domingo junto al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y la directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe, Michelle Muschett.

El informe presentando por Almudena Feranandez, economista jefe del PNUD para ALC, analiza tanto las fortalezas como las debilidades de las democracias en América Latina y el Caribe, así como los factores que están transformando y, en muchos casos, tensionando su funcionamiento, entre ellos el crimen organizado, la polarización política, la desinformación y la crisis climática. Su mensaje central es un llamado a la acción: proteger las democracias frente al riesgo de erosión y, al mismo tiempo, renovarlas para responder a las demandas y expectativas cambiantes de la ciudadanía. El documento incorpora perspectivas del Caribe a lo largo de todo su análisis e incluye un capítulo específico dedicado a las dinámicas propias de la democracia y el desarrollo de la subregión, reconociendo al mismo tiempo su diversidad interna. 

Mientras América Latina se ha convertido en una de las regiones más polarizadas del mundo, el Caribe destaca por sus niveles relativamente altos de cohesión social y estabilidad democrática frente a las divisiones políticas. No obstante, enfrenta crecientes desafíos en materia de seguridad, una mayor vulnerabilidad a choques externos, y restricciones fiscales más severas, factores que ponen a prueba tanto la capacidad estatal como la resiliencia democrática. La tasa de homicidios alcanza los 27,9 por cada 100.000 habitantes en el Caribe —por encima del promedio regional— con un 59 % de los casos vinculado al crimen organizado. Al mismo tiempo, la frecuencia de eventos climáticos extremos se ha duplicado, pasando de 5,2 por año entre 1960 y 1990 a 10,7 por año entre 2000 y 2023. En algunos países caribeños, la deuda pública supera el 100 % del PIB, lo que debilita la capacidad del Estado y erosiona la confianza en las instituciones democráticas. Aunque el 57 % de la población del Caribe sigue considerando que la democracia es la mejor forma de gobierno, apenas alrededor del 32 % se declara satisfecho con su funcionamiento, lo que revela una creciente brecha entre el apoyo a la democracia y el desempeño de las instituciones.

República Dominicana ocupa una particular posición de puente estructural y geopolítico entre América Latina y el Caribe. El país refleja muchos de los desafíos identificados en el informe, aunque también presenta fortalezas particulares. Comparte con América Latina una experiencia temprana de construcción estatal y un sistema presidencial de gobierno y, al mismo tiempo, como Pequeño Estado Insular en Desarrollo, enfrenta varias de las vulnerabilidades estructurales características del Caribe, incluida una alta exposición a los impactos del cambio climático y las limitaciones asociadas a una escala territorial reducida. 

En este contexto, el país ha logrado avances importantes en materia de democracia electoral y libertades políticas, destacándose como un caso de profundización de la democracia en un momento de crecientes presiones sobre estos sistemas. Asimismo, ha registrado progresos significativos en la reducción de la pobreza y la desigualdad durante las últimas dos décadas, aunque persisten desafíos en ámbitos como la participación política de las mujeres y la necesidad de garantizar que los beneficios del desarrollo lleguen a todos los sectores de la sociedad.