Debate por ultimátum de la Antigua Orden Dominicana contra haitianos en Los Minas

 Santo Domingo Este.

Las autoridades dominicanas rechazaron el ultimátum anunciado por el dirigente Ángelo Vázquez, vocero de la Antigua Orden Dominicana, quien solicitó que ciudadanos haitianos abandonen sectores del barrio Los Minas, tras el homicidio del adolescente dominicano Nauriel Misael Medina Pérez, presuntamente vinculado a dos nacionales haitianos.

Vázquez declaró que su llamado busca “defender el territorio y la seguridad”, estableciendo un plazo para que personas de nacionalidad haitiana se retiren de zonas como Katanga y Vietnam, en el municipio Santo Domingo Este. Sus declaraciones generaron un amplio debate público sobre los límites legales de la protesta social y el manejo de la migración.

 Líder de la Antigua Orden Dominicana, Ángelo Vásquez,

Ante estos pronunciamientos, la Dirección General de Migración reiteró que ningún grupo civil está facultado para ordenar salidas del territorio nacional, y que todo proceso migratorio debe realizarse conforme a la ley, de manera individual y bajo el debido proceso.

De igual forma, el Ministerio de Interior y Policía indicó que la seguridad ciudadana y la política migratoria son responsabilidades exclusivas del Estado, y advirtió que los llamados a expulsiones colectivas pueden alterar el orden público y generar tensiones sociales innecesarias.

Las autoridades recordaron que la legislación dominicana permite la deportación de personas en situación migratoria irregular, pero únicamente a través de operativos oficiales, respetando los derechos humanos y sin discriminación por nacionalidad.

Juristas consultados han señalado que la Constitución dominicana establece el principio de igualdad ante la ley, así como la prohibición de sanciones colectivas, por lo que cualquier medida que afecte a personas por su origen nacional, sin evaluación individual, carece de sustento jurídico.

Sector Los Mina 

Aunque distintos sectores reconocen la existencia de desafíos relacionados con la migración irregular y la inseguridad, las autoridades insistieron en que la respuesta debe ser institucional, legal y coordinada, evitando que hechos criminales específicos se utilicen para generalizar responsabilidades sobre comunidades completas.

Las investigaciones sobre el homicidio ocurrido en Los Minas continúan en curso, mientras los organismos de seguridad reiteraron su llamado a la calma y al respeto del marco constitucional.