Parlamento venezolano avanza en histórica ley de amnistía que abarca 27 años del chavismo

Caracas — La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves, en primera discusión y por unanimidad, el proyecto de “Ley de amnistía para la convivencia democrática”, una iniciativa que busca abarcar hechos ocurridos durante los 27 años de gobiernos identificados con el chavismo, excluyendo expresamente las violaciones graves de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad.

El texto legislativo será sometido a una consulta pública antes de su discusión definitiva artículo por artículo, en una fecha aún no anunciada. Durante la sesión parlamentaria, los legisladores hicieron reiterados llamados a la reconciliación nacional en un país marcado por una prolongada confrontación política, institucional y social.

El proyecto contempla la amnistía para personas procesadas o condenadas por delitos como traición a la patria, terrorismo, instigación al odio y otros tipos penales utilizados de forma recurrente en causas de carácter político. La propuesta incluye hechos relacionados con protestas, sublevaciones, publicaciones en redes sociales y actuaciones vinculadas al disenso político.

Durante el debate, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, afirmó que el proceso legislativo responde a la necesidad de cerrar ciclos de confrontación y facilitar una convivencia democrática. Legisladores oficialistas y opositores coincidieron en que el país atraviesa una etapa que requiere mecanismos de descompresión política.

Presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez

El diputado opositor Tomás Guanipa señaló que la iniciativa representa una oportunidad para avanzar hacia una paz basada en libertades democráticas y no en el silencio o el temor. En el contexto del debate, se recordó que cientos de personas han sido detenidas en los últimos años por razones políticas, muchas de ellas durante protestas antigubernamentales.

Como parte de medidas previas, se han producido excarcelaciones graduales de personas detenidas por motivos políticos, en el marco de decisiones administrativas y judiciales adoptadas a inicios de este año. Estas liberaciones no han implicado el cierre definitivo de los procesos penales en todos los casos.

La ley establece de forma explícita que no serán objeto de amnistía los delitos considerados de lesa humanidad, en consonancia con la Constitución venezolana y con los compromisos internacionales del Estado. Venezuela se encuentra bajo examen de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes cometidos desde 2017, un proceso que permanece abierto.

El proyecto también incluye hechos ocurridos durante el golpe de Estado de abril de 2002, la huelga petrolera de ese mismo año y las detenciones registradas durante ciclos de protestas entre 2004 y 2024. Asimismo, plantea la revocatoria de inhabilitaciones políticas impuestas entre 1999 y 2026, una medida que podría beneficiar a dirigentes políticos excluidos de procesos electorales en años recientes.

Otro aspecto relevante es la inclusión de garantías de retorno para venezolanos en el exterior con procesos abiertos, así como la cobertura a civiles que fueron juzgados por tribunales militares, una práctica cuestionada por organismos internacionales en el pasado. El proyecto, sin embargo, no contempla de momento mecanismos de reparación a las víctimas.

En paralelo al trámite legislativo, sectores del oficialismo y de la oposición mantienen contactos políticos exploratorios, luego de varios intentos de negociación fallidos en años anteriores. Voces parlamentarias han insistido en que el país no puede sostener nuevos ciclos de represalias ni persecuciones políticas.

El proceso legislativo se desarrolla en un contexto de reacomodo institucional, presión internacional y redefinición de relaciones diplomáticas, particularmente con Estados Unidos, mientras el país enfrenta una compleja situación económica y social tras años de crisis.

La aprobación final de la ley, así como su alcance real y aplicación práctica, dependerán del resultado de la consulta pública y del debate definitivo en el Parlamento, en lo que se perfila como una de las iniciativas políticas más significativas de los últimos años en Venezuela.