Cancelan a veinte embajadores y eliminan despacho Primera Dama


Santo Domingo, RD.- El presidente Luis Abi­nader canceló a 20 embajadores que fungían como representantes en distintas partes del mun­do, en una nueva movida para afianzar lo que sería su política exterior.

Mediante el decreto 362-20, Abinader retiró de su puesto a Es­ther Mirelys Minyety, una consejera de la Embajada Dominicana en la Repúbli­ca Árabe de Egipto.
Entre los destituidos se encuentra la madre del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, Maybe Sán­chez, quien se encontraba como embajadora en Ale­mania desde noviembre del 2018.
Otro que quedó fuera de sus fun­ciones fue Elías Seru­lle, quien ocupaba la misma posición en Tur­quía desde la misma fecha. Serulle había sido dipu­tado por varios periodos y tras su designación se quedó en la posición su es­posa, Lourdes, quien fue electa en los comicios del pasado 5 de julio.
También fueron remo­vidas tres personas las cuales se desempeñaban como embajadores alternos en la misión permanente ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). Estos fue­ron William David Estévez Cruz, nombrado en el pues­to desde el año 2006; Mar­cos Montilla, desde el año 2009 y Elio Pacífico di Cris­to, desde el año 2010. Ade­más de Luis Lithgow, Emi­liano Pérez, Guillermo de León.
Otros cancelados fue­ron Víctor Grimaldí, em­bajador en Suecia desde el pasado mes de marzo. Humberto Salazar, quien estaba en República de Co­rea desde el 2018; Bolívar Marte, embajador en Cu­ba desde el mes de enero; José Miguel Soto, emba­jador en Emiratos Árabes desde el 2019; Marino Be­riguete, quien estaba en Honduras; John Guillia­ni, en Israel, y Héctor (Pa­po) Domínguez, en Japón.Por igual fueron deroga­dos los decretos de Faus­to Marino Mendoza Pana­má; Daniel Guerrero, Perú; José Castillo, Rusia; José Ureña, Ecuador, y Mildred Guzmán, Venezuela.
El presidente Abinader eliminó ayer, median­te el decreto 368-20, el Despacho de la Prime­ra Dama.
Dicha disposición también transfiere el Centro de Atención In­tegral para la Discapaci­dad (CAID) al Ministerio de Salud Pública, y será manejado por un conse­jo integrado por repre­sentantes del Gobierno y de la sociedad civil.

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