Renuncia presidente de Paraguay; conocen juicio político
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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó este jueves su renuncia al cargo en medio de una grave crisis política y financiera provocada por la intervención y el cierre de Ueno Bank, una entidad digital que dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus depósitos. Su salida se produjo cuando la Cámara de Diputados debatía un juicio político en su contra y después de que su propio partido retirara el respaldo político al Gobierno.
Peña comunicó primero su decisión mediante un video publicado en su cuenta de X y luego formalizó la renuncia en una carta dirigida a Basilio Núñez, presidente del Senado y del Congreso.
“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, declaró el mandatario.
En la carta, Peña no menciona directamente a Ueno Bank ni al juicio político. Sin embargo, dedica un apartado a los ahorristas y solicita al Congreso que garantice el funcionamiento del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para devolver los fondos afectados. “Detrás de cada depósito hay años de esfuerzo, sacrificios y proyectos familiares”, escribió.
La crisis bancaria
El origen inmediato de la crisis fue la resolución iniciada por el Banco Central del Paraguay (BCP) el 2 de noviembre contra Ueno Bank, anunciada al día siguiente. El regulador sostuvo que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo de la mitad del mínimo legal, lo que llevó a su intervención por insolvencia.
La entidad tenía 2,9 millones de clientes en un país de poco más de seis millones de habitantes. Su cierre dejó a millones de personas sin poder retirar dinero o utilizar sus cuentas, generando protestas en Asunción y una fuerte presión social sobre el Gobierno.
El FGD cubre hasta 75 salarios mínimos por depositante, equivalentes a unos 228,3 millones de guaraníes, cerca de 38.600 dólares. El BCP anunció un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes, aproximadamente 1.675 dólares, mientras el plazo legal para devolver los depósitos garantizados vence el 17 de noviembre.
El vínculo político
La crisis adquirió una dimensión política por los vínculos previos de Peña con Ueno Holding, el grupo propietario del banco. El presidente fue accionista de esa sociedad junto con el Grupo Vázquez desde 2019 hasta abril de 2025, cuando informó al BCP la venta de su participación. Peña siempre negó haber sido parte del banco y calificó las acusaciones de conflicto de intereses como una campaña mediática.
El escándalo también alcanzó al sistema público: el Instituto de Previsión Social (IPS), la caja estatal de jubilaciones y salud, tenía unos 355 millones de dólares invertidos en Ueno Bank, cerca del 9% de su cartera. En octubre de 2024, el IPS había comprado bonos de la entidad por 250.000 millones de guaraníes.
Además, Peña pidió la renuncia del presidente del BCP, Carlos Carvallo, quien había dirigido la Financiera Ueno antes de asumir el cargo en 2023. Varios directivos del grupo financiero fueron detenidos, entre ellos Federico Miguel Vázquez, presidente del Grupo Vázquez.
Presión política y juicio político
El jueves por la mañana, Horacio Cartes, expresidente y titular del Partido Colorado, anunció que la Asociación Nacional Republicana apoyaría el juicio político, al afirmar que el partido no estaba “del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados”. Esa pérdida de respaldo dejó a Peña sin su principal base de sustentación política.
La Cámara de Diputados aprobó luego la acusación contra el presidente por 78 votos a favor y ninguno en contra, y la remitió al Senado, donde la destitución requería al menos 30 de 45 votos. En paralelo, la misma cámara rechazó por 48 votos contra 30 una acusación contra el vicepresidente Pedro Alliana.
Sucesión y disputa institucional
La renuncia abre ahora una discusión sobre el orden de los trámites constitucionales. Si el Congreso acepta primero la dimisión, Peña podría acceder a la condición de senador vitalicio y a los fueros que implica ese cargo, según el artículo 189 de la Constitución. Algunos legisladores opositores se oponen a ese camino y exigen continuar con el juicio político.
El presidente del Senado convocó a una sesión bicameral para aceptar la renuncia y tomar juramento a Pedro Alliana, quien completaría el mandato hasta el 15 de agosto de 2028. Paraguay ya atravesó situaciones institucionales similares: Raúl Cubas Grau renunció en 1999 con un juicio político en curso y Fernando Lugo fue destituido por el Congreso en 2012.
La salida de Peña deja a Paraguay frente a dos crisis simultáneas: la recuperación de los ahorros de millones de personas y la definición política de si su renuncia cerrará el proceso de juicio o, por el contrario, dará inicio a una nueva disputa por su responsabilidad en el colapso de Ueno Bank.
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