Santiago Hazim y otros implicados en el caso Senasa buscan este martes que se les cambie medida de coerción judicial

Santo Domingo, República Dominicana – Este martes 3 de febrero de 2026, la Corte de Apelación del Distrito Nacional conocerá un recurso clave presentado por la defensa de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y varios de los acusados implicados en el sonado caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa). La solicitud tiene como objetivo lograr que se modifiquen o revoquen las medidas de coerción impuestas por el tribunal en diciembre pasado.

Los abogados de Hazim y de los otros imputados han depositado formalmente recursos de apelación contra la decisión que impuso 18 meses de prisión preventiva y arresto domiciliario como medidas de coerción. La revisión buscará, entre otras cosas, que se cambien las condiciones de detención impuestas por el Juez Rigoberto Sena en la Oficina de Atención Permanente.

El caso Senasa, también conocido como “Operación Cobra”, involucra a Hazim, quien se desempeñó como director ejecutivo de Senasa entre 2020 y 2025, y a un grupo de funcionarios, empresarios y proveedores acusados de presunto fraude, desfalco y corrupción administrativa por un monto que supera los RD$15,000 millones. Según el expediente del Ministerio Público, la red presuntamente creó un entramado de sobornos, contratos inflados, pagos por servicios no prestados, manipulación de información financiera y favoritismos ilegales que habrían beneficiado a empresas y proveedores cercanos a los imputados.

Los cargos imputados incluyen coalición de funcionarios, cobro de sobornos, estafa contra el Estado dominicano, desfalco de fondos públicos, falsificación y uso de documentos falsos, y lavado de activos. Durante la fase de presentación de coerción, varios de los acusados admitieron haber pagado sobornos y colaborado con la investigación, lo que fue destacado por los fiscales como parte de la fortaleza del expediente.

En diciembre de 2025, el juez Rigoberto Sena dictó 18 meses de prisión preventiva para Hazim y seis coimputados, quienes deberán cumplir la medida en un centro de corrección. Otros tres implicados que cooperaron con la justicia quedaron bajo arresto domiciliario con impedimento de salida del país, garantía económica y presentación periódica. La Corte declaró el proceso como de tramitación compleja, otorgando al Ministerio Público un plazo de meses para presentar conclusiones antes de avanzar hacia posibles imputaciones finales.

La defensa de Hazim ha sostenido que no existen pruebas claras de que su cliente haya recibido sobornos directos, y que los bienes que posee fueron adquiridos antes de su gestión en Senasa y están debidamente documentados. Han insistido en que los testimonios de otros imputados no son suficientes para establecer culpabilidad.

Por su parte, el Ministerio Público ha enfatizado la gravedad de las acusaciones y el impacto social que este tipo de delitos tiene sobre el sistema de salud dominicano, describiendo el caso como uno de los más “crueles y siniestros” por el presunto uso indebido de recursos destinados a la atención de la población más vulnerable. La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ha reiterado que se esperan nuevas imputaciones a medida que la investigación continúa avanzando.

El caso ha generado un intenso debate en la opinión pública dominicana, con ciudadanos expresando indignación por el presunto desfalco de recursos que debieron destinarse a salud pública, mientras otros discuten sobre la respuesta del sistema judicial y el papel de las instituciones del Estado en prevenir y sancionar la corrupción.

La audiencia de este martes será clave para determinar si se mantiene, flexibiliza o revoca la prisión preventiva y otras medidas de coerción de Hazim y sus coimputados. De prosperar la apelación de la defensa, los acusados podrían enfrentar condiciones menos estrictas mientras avanza el proceso judicial; si se rechaza, seguirán bajo las medidas actuales hasta que se concluya la investigación.